Etanol de caña, ¿una posibilidad?

El sector agrícola se convierte en el cuello de botella de la producción de agrocombustibles. La reciente crisis agrícola provocada según un informe secreto del Banco Mundial ( The Guardian, 2008) por el aumento al triple de la producción de etanol, entre 2000 y 2006, alertó al mundo sobre el peligro de reducir la producción de alimentos y priorizar los tanques llenos a costa de los estómagos vacíos.

En México, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos señala la prohibición expresa de producir agrocombustibles de maíz, a menos que existan “excedentes”, en un país que anualmente importa alrededor de 10 millones de toneladas.

El año pasado inició la operación de una planta productora de etanol a partir de maíz blanco, Biocyclos, de la empresa Destilmex, en Sinaloa. Producir etanol con maíz viola la ley, pero el gobierno mexicano no sólo lo permite, sino que, por medio del programa de compras anticipadas del grano, otorgó un subsidio para las coberturas de precios de 120 mil toneladas compradas por esta empresa.

El maíz mexicano tiene costos de producción más altos que en Estados Unidos, de ahí que es compensado con subsidios. La producción de etanol de maíz destinada a la exportación trasladará a Estados Unidos estos subsidios.

Los costos de la materia prima agrícola representan entre 59 y 91 por ciento del total en la producción de agrocombustibles (Secretaría de Energía, 2006). En un negocio en el que los márgenes de rentabilidad dependen de los volátiles precios del petróleo, resulta lógico que en ningún país la producción de agrocombustibles se haya desarrollado sin subsidios, y en la gran mayoría ha ocurrido a partir del despojo de las tierras campesinas, de la reducción de los precios al agricultor, de la explotación del trabajo de los jornaleros, de la degradación ambiental y la destrucción de la naturaleza.

En México la producción de etanol de caña podría ser viable ya que el aumento de las importaciones de fructosa de maíz alentadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) desplazaron del mercado doméstico 750 mil toneladas de azúcar. La meta de producción de 412 millones de litros de etanol para el 2012, aunque apenas sustituiría 5.7 por ciento del uso de gasolinas en las metrópolis, requiere de la producción de 800 mil hectáreas de caña, el doble de la superficie sembrada actualmente, que buscarían, según el estudio de la Secretaría de Energía (2006), establecerse en pastizales o tierras marginales.

La producción de etanol de caña se enfrenta en México con la estructura agraria y la Ley Cañera que impiden la reducción de los costos de producción por medio de la sobreexplotación del trabajo o del despojo de los territorios campesinos, a los niveles que el mercado neoliberal de los agrocombustibles requiere. En México 164 mil campesinos, la mayoría de ellos ejidatarios y comuneros –76 por ciento, con parcelas menores a cinco hectáreas–, ubicados en 15 estados del país, producen caña en sus propias tierras, a diferencia de Brasil en donde los ingenios son propiedad de latifundistas que contratan a jornaleros, en un sistema de trabajo a destajo similar a la esclavitud. La Ley Cañera fija el precio de la caña como un porcentaje del precio del azúcar de tal manera que la industria no pueda compensar sus pérdidas exprimiendo los precios a los campesinos. Funcionarios de la Reforma Agraria interesados en intermediar la producción de caña para etanol compactando superficies ejidales, aclararon que la caña para etanol no está incluida en la mencionada Ley.

El piñón o jatropha para la producción de agrodiesel son la esperanza de gobiernos como el de Chiapas, pues parecen más sustentables que la palma africana. Sin embargo también son cultivos de plantación, que aunque no requieren insecticidas, sí utilizan herbicidas y fertilizantes que no son inocentes en sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera o en el impacto al ambiente.

Aunque desde el escritorio de los políticos y funcionarios el campo se mira como un terreno baldío a merced de los inversionistas, la mitad de la superficie del país es propiedad de ejidatarios y comuneros, que han defendido sus territorios como la condición de su existencia; además las 25 millones de hectáreas agrícolas están cultivadas y no pueden ampliarse sobre las 55 millones de hectáreas de bosques y selvas. Así, las 800 mil hectáreas que proponen destinar para etanol de caña y las 120 mil para oleaginosas productoras de agrodiesel (cuatro por ciento de la superficie agrícola total) tendrán un impacto real en las condiciones de vida de los campesinos, en la estructura y precios de los cultivos, en el paisaje rural, la biodiversidad y el ambiente.

La experiencia de otros países muestra que el avance de los agrocombustibles dirigido por los mercados se ha dado dejando tras de sí una estela de destrucción de vidas, recursos y ambiente.

Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)

Inviable producir etanol de caña en México, afirman técnicos azucareros

Desde el punto de vista tecnológico, la mejor opción en México para producir biocombustibles es sin duda la caña de azúcar –con energía eléctrica y azúcar asociada–, pues por cada unidad de energía que insume este cultivo, puede generar ocho, en comparación con la relación uno a 0.8 que ofrece el maíz convertido en etanol, afirma Manuel Enríquez Poy, presidente de la Asociación de Técnicos Azucareros de México (ATAM) y vicepresidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

Sin embargo, precisa, desde la perspectiva económica la posibilidad de transformar caña en etanol es “absolutamente nula” en el corto y mediano plazos, debido a que la agroindustria viene arrastrando una crisis (con un “cóctel peligroso“ de ingenios que fueron expropiados y luego devueltos y que, al no haber hecho cuentas con el gobierno, limitan el pago de la caña a los campesinos; de problemas climáticos, y de reducción de uso de fertilizantes, pues éstos se encarecieron en años pasados) que ha motivado una caída drástica en la de producción nacional de caña.

Así, con una reducción de 500 mil toneladas en la producción de azúcar este año, que difícilmente llegará a los cinco millones de toneladas, “¿cómo pensar en un programa para producir biocombustible, cuando el energético alimentario está en riesgo a futuro?”

El directivo comenta que esto se aúna a problemas estructurales como los costos agrícolas muy altos –ligados a una tenencia de la tierra fragmentada, de cuatro hectáreas por productor– que hacen que los cañeros ganen “casi nada” y por tanto no inviertan para mejorar su productividad.

Y pretender –como lo prevé la Secretaría de Agricultura– que en México se van a establecer zonas de cultivo de caña específicas para el abasto a plantas que generen etanol, es también inviable, pues los precios que se pagan por la caña, por ley, están asociados a los precios del azúcar. “La pregunta es cómo vas a diferenciar el precio de la caña. Con cifras estimadas, pero muy parecidas a lo que podría ocurrir, ¿cómo le vas a decir a un cañero te voy a pagar 250 pesos por tu tonelada de caña para generar etanol, cuando la caña para azúcar se vende en 400 pesos?”.

Juan Manuel Gamboa, asesor técnico de la Unión Nacional de Cañeros, afirma que a esta agrupación “se han acercado dos o tres personas (supuestos inversionistas) que hablan de que tienen superficie para sembrar caña (adicional a las 683 mil hectáreas que hay en el país en este cultivo) y que tienen proyectos para plantas de producción de etanol, pero cuando ya profundizamos con ellos en el tema, se hacen a un lado. No hay nada serio de proyectos hasta hoy”.

En coincidencia con Enríquez Poy, señala que la negociación del precio de la caña (previsto a ser menor que el que se paga para azúcar) representa un obstáculo para los proyectos de etanol, pero también la reducida competitividad de la agroindustria. “La producción de etanol en Brasil tiene un precio de tres pesos por litro, sin considerar comercialización ni envasado. Aquí estaríamos hablando de seis o siete pesos”. Enríquez Poy comenta que la agroindustria azucarera requiere una verdadera política que eleve la productividad agrícola de la caña y no "programas de papel" como los que maneja la Secretaría de Agricultura. Y también se necesita una flexibilización del marco legal para que la industria azucarera cogenere energía eléctrica para vender a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mejor panorama que podría tener México es el de ingenios que produzcan sacarosa parara consumo humano, que cogeneren energía con el bagazo de la caña y que además produzcan etanol. Con eso el balance energético sería muy positivo (lo dicho, de una unidad de insumo por ocho de resultados). El marco legal hoy establece que la CFE sólo puede adquirir energía eléctrica de fuentes continuas, no intermitentes (cuando los ingenios sólo pueden generar energía durante el periodo de la zafra, que es precisamente el de estiaje, cuando las presas hidroeléctricas tienen una capacidad reducida), y también limita a 20 megavoltios la adquisición por ingenio, cuando una fábrica azucarera con molienda elevada podría entregar mucho más que eso (Lourdes Edith Rudiño).

Fuente: La Jornada