Encuesta de Rimisp: 18,7% de los hogares de La Araucanía enfrentaron dificultades para conseguir alimentos en 2022

—Dejamos que nosotras tuviéramos hambre, las mujeres, y no los niños. Cuando recién llegamos nos costó, porque estábamos todos sin pega. La plata se gastó en hacer la casa. Entonces, estuvimos una semana comiendo papas. Papas cocidas, papas al horno. Se pasó hambre.

Oriunda de Santiago, Yasna Concha (36 años) se fue a vivir a la comunidad indígena Lorenzo Necul, de Perquenco (La Araucanía), en plena pandemia: octubre de 2021. Desde entonces habita un terreno sin agua potable y con una conexión a electricidad irregular. Vive con su madre (65), quien recibe una pensión por tercera edad que es el único sustento económico estable del hogar, y dos hijos de 6 y 14 años. Ha intentado buscar trabajo, pero asegura que en el campo “cuesta mucho más”. 

Lo que vive Yasna y su familia se llama inseguridad alimentaria. El término fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1996 y hace referencia a las distintas dificultades para alimentarse que pueden tener las personas. Por ejemplo, saltarse alguna de las tres principales comidas del día, comer una cantidad menor a la necesaria, conseguir alimentos poco variados o de bajo valor nutricional.

—Sí, yo preparo desayuno, almuerzo y once. A veces, cuando no hay pan, no hay harina, no hay nada, se salta la once-, cuenta Yasna.

La inseguridad alimentaria fue medida por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) en las regiones de La Araucanía y Los Lagos entre diciembre de 2022 y enero de 2023. Según su Encuesta Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA), la inseguridad alimentaria severa (personas que no tuvieron acceso a alimentos durante todo un día) aumentó de 1,6% a 3,6% en La Araucanía, y de 1,7% a 2,6% en Los Lagos. La inseguridad moderada-severa (saltarse una comida, comer menos de la indicado o alimentos de bajo valor nutritivo) aumentó de 14,8% a 18,7% en la La Araucanía, y disminuyó de 15,1% a 14,1% en Los Lagos. 

“Es muy fácil dejarlo solamente en la cifra. Pero esto implica daños colaterales, presiones cotidianas, que son decisiones en términos de decidir en qué se trabaja, si se migra o no se migra, dónde se conciben esos recursos para complementar la dieta y eso es lo que nosotros también vemos en terreno”, explica el director de Rimisp en Chile, Rodrigo Yáñez. Esta visión también es compartida por especialistas del área de la salud, funcionarios públicos y personas de los sectores que fueron consultadas por este tema.

¿CÓMO SE MIDE?

La inseguridad alimentaria tiene niveles de severidad. Según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) de la FAO, se divide en tres grados: el leve, que refiere a la incertidumbre de obtener alimentos, el moderado, en el cual la variedad, calidad y cantidad de los alimentos se ve reducida y el grave, donde se pasa uno o más días sin comer.

La doctora Lorena Rodríguez-Osiac, subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante del Grupo Transdisciplinario para la investigación, docencia y extensión en Obesidad de Poblaciones (GTOP), lo explica de la siguiente manera: 

-Una familia que come todos los días arroz es una familia que tiene inseguridad alimentaria, que puede no tener hambre porque está comiendo mucho arroz, a lo mejor con té, a lo mejor con pan, pero está consumiendo muy poca variedad de alimentos. Esa es una inseguridad alimentaria moderada-leve. 

Agrega que “hay familias que se saltan una comida, no desayunan o no almuerzan o cenan porque no tienen disponibilidad de alimento, eso también es un grado (inseguridad alimentaria moderada-severa)”. Y, por último, indica que “en la inseguridad alimentaria grave el hambre es la clave. Y el hambre es cuando pasaste un día sin comer nada”.

Esta escala es ampliamente utilizada en estudios sobre nutrición y pobreza a nivel mundial. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) la comenzó a implementar en 2017, siguiendo los parámetros definidos por la FAO y con el objetivo de “ fortalecer el monitoreo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Rimisp, en el marco del proyecto Siembra Desarrollo (2020-2023), quiso cuantificar este fenómeno enfocándose en las regiones de La Araucanía y Los Lagos. La elección de estas zonas se debe a que, según explica su director Rodrigo Yáñez, “son territorios donde se concentra la agricultura familiar campesina de Chile y donde existen altas tasas de pobreza”. 

Según la encuesta Casen de 2022, ambas regiones superan el promedio nacional de 6,5% en pobreza por ingreso, con un 11,6 % en La Araucanía y un 7% en Los Lagos. Además, La Araucanía es la segunda región más pobre del país, solo superada por Ñuble con un 12,1%.

¿CÓMO SE EXPLICA EL FENÓMENO?

Juana Guevilao (40) se dedica a la producción de hortalizas. Su grupo familiar está compuesto por su esposo de 58 años, quien vende leña y procesa trigo, su hija de 10 y su hijo de 3 años. La familia vive en una parcela a 22 kilómetros desde Perquenco hacia la costa. Juana pertenece a un pueblo indígena y vive en un sector rural, dos factores que, según expertos, inciden en una mayor inseguridad alimentaria. 

—Como nosotros vendemos productos, ya no recibimos la cantidad de plata que recibíamos antes, porque ahora, como todo se encareció, hay que dejar de consumir una cosa, para consumir otra. 

Al igual que Juana, para enfrentar la crisis económica muchas familias recurrieron a métodos para reducir sus costos de alimentación, como, por ejemplo, reemplazar el consumo de carne por legumbres. La ESAA midió la utilización de distintas estrategias alimentarias de las familias en 2022 y la más frecuente fue la disminución del consumo de alimentos frescos -como frutas, verduras y carnes- en la dieta, seguida por el uso de los ahorros familiares y la disminución del gasto en salud y educación para poder costear alimentos.

El estudio realizado por Rimisp añade que “en los hogares de comunas rurales se presentan las mayores alzas en inseguridad alimentaria severa, pasando de 2,7% en 2020 a 5,3% en 2022”, duplicando así las cifras de las comunas urbanas.

Según la encuesta Casen de 2020, los porcentajes de ruralidad en La Araucanía (64,95%) y en Los Lagos (50,8%) se destacan en comparación al promedio nacional de 25,5%. “Pareciera incluso contraintuitivo que lo rural tenga mayores tasas de inseguridad, cuando en general se piensa que es ahí donde se producen los alimentos (…). La ruralidad es mucho más heterogénea de lo que en general se cree, hay mucha población rural que no tiene acceso a tierra”, explica Rodrigo Yáñez. 

Florentina Currilen (55), como Juana, a pesar de tener un terreno para cultivar los productos que después vende en la feria, se enfrenta a las dificultades de vivir en una comuna rural como es Perquenco: “Es el camino de afuera de mi casa el que me tiene bien preocupada y con necesidades de repente, porque cuando está lloviendo no puedo ir a la feria, ningún vehículo me quiere llevar porque no pueden entrar”, explica.

Emilia Coñumil, concejala de la comuna de Ercilla (La Araucanía), advierte otra arista de este problema: la mayoría de estas comunidades dependen del agua que los camiones aljibes les van a dejar, servicio que también se ve condicionado por la viabilidad del camino. “Hay familias que de repente están una semana o dos semanas sin agua, porque no puede llegar el camión a su casa. Hay personas que me han llamado y me han dicho que ni siquiera tienen agua para hacerles las mamaderas a sus guaguas (…). Eso también, obviamente, desfavorece la parte alimentaria”, afirma. 

El delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, explica que en su región los sectores que generan la mayor cantidad de empleo, concentrando a casi un 50% de las personas ocupadas de la zona, son “los de industria manufacturera, agropecuario, silvícola, construcción y comercio”. El problema es que personas como Florencia Currilen no están dentro de este porcentaje, ya que, como muchas otras personas que viven en el campo, no tiene un empleo estable. Es por esto que la reducción en los cultivos por falta de agua, acrecentada por las fallas en los caminos, importa tanto: afecta directamente el ciclo económico de estos sectores. 

“Lo poco que se cultiva en el campo se vende acá en la población urbana, después compran sus cosas acá en Ercilla y se van de regreso”, explica la concejala.

Cuando se junta la pobreza por ingresos y la ruralidad en una zona, las familias tienen mayor probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria, ya que hay menos oportunidades de crecimiento económico. Así lo señala la directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Andrea García: “Estas dos situaciones sumadas, han sido reconocidas por el Estado chileno, que ha declarado a través de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo) una gran parte de las comunas de la Macrozona Sur como zonas de rezago o bien susceptibles de serlo, reconociendo un retraso en su desarrollo social y económico”, expone. 

Otra estadística a considerar es que un 31,3% de los habitantes de la Región de La Araucanía y un 24,4% de Los Lagos se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Según datos de la Casen 2020, este grupo sufre una mayor inseguridad alimentaria moderada-severa que la población no indígena (26% versus el 19,1%). Los resultados de esta medición en la Casen 2022 aún no son divulgados.

Andrea García agrega que lo anterior se debe a que “los pueblos originarios presentan dificultades de acceso a recursos naturales de carácter productivo (tierras y aguas), así como otros factores relevantes como la inclusión financiera (acceso a créditos) y la inversión”.

La jefa nacional del Fondo de Desarrollo Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Andrea Antilén, también se refiere a la adjudicación de los terrenos indígenas: “Hay varios estudios que indican que las personas que se les restituye tierra mediante el Fondo de Tierra y Agua Indígenas, se demoran a veces hasta ocho años en poder trasladarse e ir a producir”. Esto, según explica, se debe a una falta de presupuesto en programas como el Subsidio al Apoyo en Equipamiento Básico de Predios Adquiridos y/o Transferidos, encargado de financiar sus “equipamientos, maquinarias y construcciones”.

Dentro de la conversación, Antilén también hizo referencia a un programa dirigido especialmente a mujeres de las zonas rurales mapuche de La Araucanía. Según afirmó, se empezó a implementar en 2015, cuando las mujeres de la comuna de Ercilla solicitaron “apoyo directo de la Conadi”, argumentando que la estigmatización de la zona les impedía generar ingresos. 

En el caso de los hogares con jefaturas femeninas, se indica que, en 2022, “la inseguridad alimentaria moderada y severa alcanzó un 22,3%”, por sobre el 12,4% que afectó a los que están a cargo de un hombre. Es decir, este fenómeno afecta más a personas con ciertas características: hay una separación por género, por etnia, por ingresos y por sector donde vive. “Existen brechas, así lo demuestra el censo de la Casen y que, de cierta forma, esto se va traslapando: el ser mujer, el ser indígena, el vivir en una zona rural tiene muchas más brechas que quizás una persona que vive en la zona urbana”, plantea la jefa del Fondo de Desarrollo Indígena.

Joao Intini, oficial de Políticas Públicas y Sistemas Alimentarios de la FAO, hace referencia a la crisis global que provocó tanto la pandemia del Covid-19 en 2020 como la guerra ruso-ucraniana en 2022 y cómo este contexto repercutió en la economía y, por lo tanto, la seguridad alimentaria de las personas. “Los precios de los alimentos suben más rápido que los precios generales, lo que hace que los hogares en situación de pobreza y los grupos de población vulnerables, como los pueblos indígenas, los habitantes de zonas rurales y las mujeres, sean aún más vulnerables”, explica.

¿PROBLEMA ESTRUCTURAL?

—Hay un tema del concepto de seguridad alimentaria que viene de los ochenta. Se formó una Cumbre Mundial de Alimentación en la que Chile participó en 1996 (…). Creo que Chile no aprendió en ese momento el concepto. Estaba en otra cosa, al iniciar la democracia había otra serie de elementos que tratar. 

Eso explica la doctora Mirta Crovetto, investigadora y decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. Como se mencionó antes, en Chile la inseguridad alimentaria se comenzó a medir desde 2017 a través de la encuesta Casen. Ese año los datos arrojaron que 13,1% de la población sufría de este fenómeno en el nivel moderado-severo, mientras que en 2020 esa cifra aumentó, llegando a 19,8%. El severo, por su parte, en 2017 equivalía a 3,4% y en 2020 a 3,5%. 

Joao Intini, oficial de la FAO, sostiene que para intervenir en el problema de la inseguridad alimentaria hay que dimensionar la complejidad de sus causas: “Debemos comprender la seguridad alimentaria y nutricional integralmente, donde la pobreza y las desigualdades son las determinantes fundamentales de la inseguridad alimentaria y nutricional, por lo que ésta debe ser entendida como el resultado del desarrollo social, cultural, ambiental, ético y económico de una sociedad”.

A pesar de que los expertos reconocen que la crisis económica del Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania incrementaron los porcentajes de inseguridad alimentaria, el fenómeno en sí no se puede explicar únicamente a partir de estas: “Esto no fue el Covid, es una cuestión estructural y que se mantiene en estos territorios. Aquí un punto central es que vemos que hay una cierta regularidad en el tiempo y que entonces tiene características más que específicas (…). Porque ya no es simplemente la emergencia del Covid19, sino que también ahora está el shock de la inflación y después están los shocks del desempleo, se va manteniendo”, explica Rodrigo Yáñez, de Rimisp en Chile.

El 25 de mayo de este año el Gobierno lanzó la estrategia “Juntos Alimentamos Chile” que cuenta con diez medidas que buscan “ avanzar en sistemas alimentarios más sostenibles” y que fueron concebidas en una comisión de trabajo que involucró la participación de ocho ministerios. Entre estas se encuentra el “Bolsillo Electrónico Familiar”, que es un abono de $13.500 mensuales directo por cada carga para comprar alimentos; la creación del Centro Nacional de Bioinsumos en Chillán, que busca producir insumos microbiológicos que reemplacen los agroquímicos, y el Proyecto de Ley de Ferias Libres, que apoyaría el desarrollo de las mismas al considerarlas clave para el acceso a alimentación de los sectores más vulnerables. Andrea García, la directora de Odepa, uno de los organismos detrás de la estrategia, afirmó que para su completa implementación se necesita la creación de un plan que estará listo y será presentado en octubre de este año.

Fuente: Ciper Chile