El ALCA y sus impactos sobre los bosques
El objetivo del ALCA es crear una zona de libre comercio e inversión que se extienda desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile. Igual que en el TLCAN, "libre comercio e inversión" significa reducir las reglamentaciones gubernamentales sobre las empresas, abrir los mercados a la competencia extranjera y ampliar el comercio a todos los productos, entre ellos los productos provenientes de los bosques.
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) es un acuerdo de libre comercio e inversión que se está negociando entre los gobiernos de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe, con excepción de Cuba. Sigue el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México. El objetivo del ALCA es crear una zona de libre comercio e inversión que se extienda desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile. Igual que en el TLCAN, "libre comercio e inversión" significa reducir las reglamentaciones gubernamentales sobre las empresas, abrir los mercados a la competencia extranjera y ampliar el comercio a todos los productos, entre ellos los productos provenientes de los bosques.
Este acuerdo constituye un riesgo para la integridad de los bosques y ecosistemas en la medida que implica un estímulo a la tala provocada por el madereo industrial y un debilitamiento de las normas dirigidas a evitar la diseminación de especies invasoras y organismos transgénicos (manipulados genéticamente). Además, deja a los países con las manos atadas para utilizar diversas políticas destinadas a la conservación de sus recursos naturales, entre las que se incluyen los esfuerzos nacionales para proteger los bosques y promover el manejo sustentable de los mismos. Entre las medidas de protección de bosques que podrían correr riesgo figuran la prohibición de exportar troncos sin procesar de territorios federales y de la mayoría de los territorios estatales, que apunta a proteger a los pequeños aserraderos locales y a reducir el madereo; leyes de contratación federales y estatales de carácter ecológico, como por ejemplo las que exigen el uso de papel reciclado; leyes de certificación y etiquetado ecológicos, utilizadas para identificar productos ecológicamente adecuados, como la madera obtenida en forma sustentable, y leyes de protección contra la diseminación de especies invasoras.
El ALCA podría provocar esos impactos ambientales si adopta los elementos más problemáticos desde el punto ecológico del TLCAN y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) --y si se introduce en un nuevo terreno de comercio internacional e inversión extranjera-- en sus esfuerzos por subordinar la integridad de los bosques y los ecosistemas de las Américas a los objetivos de la liberalización del comercio y la inversión.
El capítulo de Acceso a los mercados del texto borrador implica un aumento de la presión del madereo sobre los bosques nativos, en especial la conversión de bosques primarios a plantaciones de árboles como resultado de la eliminación de aranceles sobre los productos forestales. Además, el capítulo sobre Agricultura considera la reducción, y en última instancia la eliminación de los aranceles sobre productos agrícolas como la carne vacuna y la soja. Esto promoverá la conversión de bosques nativos a usos agrícolas orientados a la exportación, ejerciendo nuevas presiones sobre los bosques, en especial la Amazonia, en la medida que empujará a los pobladores sin tierra a internarse aun más en zonas no intervenidas.
El ALCA también impediría a las autoridades gubernamentales proteger los bosques o establecer normas, incentivos o restricciones cuantitativas dirigidas a asegurar el manejo sustentable de los bosques, al calificarlas de barreras "no arancelarias" al comercio o a la competencia. Las empresas extranjeras podrían tener facultad de demandar a los gobiernos toda vez que consideren que sus intereses son afectados.
Según el Capítulo sobre servicios (artículo 7) propuesto, se prohibiría a los países la adopción de medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales en el "sector de servicios", cuya amplia definición incluye energía, agua, turismo y eliminación de residuos. De esta forma se impediría a los gobiernos la aprobación de "limitaciones sobre el número de proveedores de servicios" para infraestructura de residuos peligrosos, actividades vinculadas a petróleo y gas, vehículos mecanizados utilizados en zonas de gran turismo y proveedores de agua. Como resultado, los legisladores locales, estatales y federales perderían la capacidad de fijar límites específicos a la cantidad de infraestructura para estas industrias, lo que potencialmente resultaría en pérdida de bosques, arrecifes de coral y humedales, distorsión de las patrones migratorios, daños a la flora y fauna e intensa contaminación localizada.
Otro aspecto del texto propuesto es que implica la pérdida de democracia y participación ciudadana.
A través de las disposiciones sobre solución de controversias, los gobiernos podrían dejar en manos de tribunales internacionales no elegidos la decisión respecto de las medidas de protección de los bosques. Esto se aplica en forma amplia no solo a leyes y reglamentaciones de protección de bosques en los que el ALCA se considere "perjudicado" o "frustrado", sino también "… cuando una Parte considere que una medida existente [o propuesta] por la otra parte es [o fuera] incompatible con las obligaciones del Acuerdo del ALCA [o aun cuando no fuera incompatible, si pudiera causar la anulación o menoscabo de cualquier beneficio que una Parte pudiera razonablemente haber esperado obtener en virtud de este Acuerdo…]". Es posible que no se permita la participación de organizaciones no gubernamentales en los tribunales del ALCA, a pesar incluso de que las decisiones obligatorias de los "paneles neutrales" no están sujetas a apelación y favorecen la anulación de las leyes ambientales cuando las mismas entran en conflicto con el ALCA.
La aprobación de las medidas sanitarias y fitosanitarias propuestas por el acuerdo supondría un mayor obstáculo a la aplicación de medidas de precaución dirigidas a evitar la diseminación de animales y vegetales invasores destructivos desde el punto de vista ecológico y económico. Los países miembros del ALCA tendrían la carga de proporcionar costosas pruebas científicas que demuestren la justificación de las medidas, si las salvaguardas nacionales exceden las normas internacionales adoptadas por organizaciones cuasi gubernamentales influenciadas por la industria y relativamente cerradas al examen público.
Si los países del ALCA aceptan el borrador del acuerdo, se les exigirá que admitan que se patenten los organismos manipulados genéticamente, incluso de especies de árboles y plantas leñosas transgénicas que pueden alterar los ecosistemas nativos.