El proyecto de ley de OGM y una moratoria
El pasado 22 de abril el régimen del MAA abrogó tres decretos promulgados por el gobierno transitorio de Añez, que posibilitaban el uso de cinco cultivos transgénicos. No obstante, muy pocos días después (exactamente 10) la administración del presidente Arce los ha reemplazado por un Proyecto de Ley de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Y es sobre las derivaciones, los efectos y las implicaciones de este proyecto de Ley Marco de Bioseguridad con Organismos Genéticamente Modificados, que regulará y viabilizará –precisamente– el uso de semillas transgénicas en el país, que conversamos (como parte de una pesquisa mayor) con la militante y activista Alejandra Crespo, quien es miembro de la Coordinadora por la Defensa del Medio Ambiente (Codapma).
Si bien conversamos acerca de una diversidad de temáticas relacionadas con las experiencias personales e institucionales en el campo de la defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la propia naturaleza, en este artículo, por razones de espacio, vamos a limitarnos a dialogar acerca de las graves consecuencias del referido proyecto de ley de OGM.
Una primera cuestión que llama la atención es que el proyecto de ley de OGM, elaborado por los burócratas del gobierno de Bolivia, es muy (demasiado) parecido a la Ley de bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de México.
Segunda, de acuerdo con Alejandra Crespo, “como lo veníamos advirtiendo, lo que hablamos antes del Día de la Madre Tierra, sobre lo que iba a pasar, se dio, se hizo un show con el Reencuentro con la Pachamama (el 22 de abril), donde se sumaron muchos ambientalistas, que tuvieron que danzar en el circo del gobierno”. Dicho evento ha sido organizado “para promocionarse a nivel mundial como los (del régimen) que estaban anulando los decretos transgénicos del gobierno golpista, toda la rimbombancia que utiliza el gobierno, ¿para qué?, para que días después, ni siquiera meses, días después lanzar esta (funesta) propuesta de ley”.
Tercera, “este proyecto de ley es realmente peligroso porque –muy al estilo del gobierno– está hecho a imagen y semejanza del agronegocio (transnacional), con unas ambigüedades que si uno empieza a desmenuzar, se encuentra con que es justo lo que proponía Añez, la zonificación de la producción de maíz. Ellos (los del gobierno actual) están pues siguiendo la línea de Añez y profundizando, metiéndole acelerador”.
Cuarta, el proyecto de ley “habla de que no se sabe –hasta ahora– si (la semilla transgénica) hace bien o hace mal (se habla mucho de “los efectos adversos”, de “riesgos y efectos”, de “riesgos emergentes”, etcétera), y si uno no sabe si hace bien o hace mal, pues tiene que usar el principio de precaución (in dubio pro natura), que se traduciría como ante la duda, actúa a favor de la naturaleza), es algo lógico”.
Quinta, los proyectistas de la ley) hablan de edición genética (Art. 6, inciso f), que es mucho peor que los transgénicos.
La edición genética es la tecnología CRISPR (las siglas en inglés de Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas), y es algo mucho más peligroso que los OGM.
Y que el agronegocio internacional y las transnacionales quieren incorporar en distintos países, (aunque) ninguno les ha aceptado (no hay ninguna técnica génica que use CRISPR que esté aprobada).
“Si se acepta esta ley, Bolivia va a ser el primer país en incorporar la edición genética, que –reitero– es la tecnología CRISPR y es peligrosísima. Si tenemos un criterio de precaución con los transgénicos, entonces con esta tecnología debemos tener mucha más (cautela). Y ahí, en el proyecto (de ley) se habla de edición genética y esto es realmente grave, grave, pero con mayúscula, negrilla, resaltado”.
Sexta, ¿qué es la edición genética y por qué decimos que es un peligro? Si bien suele presentarse como una herramienta sencilla y barata que permite cortar y pegar ADN; en realidad, es el desarrollo del método CRISPR de edición del genoma humano. ¿Dónde está el riesgo?, no es fácil explicarlo en un párrafo, por hoy bastará con decir que los científicos nos están alertando que se podrían tener resultados peligrosos al colar mutaciones (más o menos aleatorias) en la selección natural.
Dicho de otra manera, al cortar la cadena de ADN se pueden producir errores indeseados y crear nuevas mutaciones en el genoma, de ahí que por el momento no se haya aprobado su uso en ningún país. Y de verdad que sería gravísimo que Bolivia lo haga.
Séptima, aun cuando hay varias otras cuestiones supremamente críticas y cuestionables en el proyecto de ley de OGM, no podemos terminar este artículo sin decir algo de las propuestas y la más importante es que tenemos que estar conscientes de que el régimen del MAS, en ejercicio activo de la doctrina imperialista del shock (reflexionada por la periodista canadiense Naomi Klein), “está aprovechando la desgracia de los bolivianos (provocada por la pandemia de Covid-19) para meternos esta terrible y nefasta ley, pero esperamos que no se apruebe, todo va a depender de la presión social”.
¿Cuál es la propuesta? Esencialmente es la moratoria a los transgénicos, a imagen y semejanza de Perú, que ha ampliado la moratoria hasta el 2035. Así, de acuerdo con Alejandra Crespo, “hay que exigir una moratoria y hasta que no nos demuestren, con un 100% de confiabilidad, que los transgénicos no hacen daño, no ingresan a Bolivia, (menos el maíz del que somos centro de origen). Y más bien hay que ver, como dice la ley, de ir reduciendo el uso o la producción transgénica (cfr. Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, Art. 24, numeral 8), esa tiene que ser nuestra principal demanda”.
Fuente: Página Siete