El despojo de tierras al pueblo negro de La Larga y Tumaradó llega a la JEP

Desde la primera incursión paramilitar al territorio colectivo de los negros que habitan las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó, en marzo de 1996, los hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) se asentaron en el antiguo campamento de la empresa Maderas del Darién. Desde allí, en la comunidad de La Pala, se fraguó la expansión territorial de los paramilitares hacia todo el municipio de Riosucio (Chocó). Esa empresa maderera, dirían después algunos exintegrantes de las Accu ante la justicia, fue fundamental para la consolidación del proyecto paramilitar en el Bajo Atrato. Igualmente, la extracción maderera fue clave para que años después, en donde antes hubo bosque tropical, se establecieran extensas llanuras y potreros para la ganadería extensiva de reses y búfalos.

Los detalles de esa transformación del modelo económico, que se impuso a sangre y fuego en la región del Bajo Atrato chocoano, quedaron ayer en poder de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. En un informe de 257 páginas, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) documentó el despojo de tierras a estas comunidades y sostuvo que la instalación de proyectos agroindustriales, aunque afectó a toda la subregión, se realizó principalmente en la margen oriental del río Atrato. Esto es, en los consejos comunitarios de La Larga y Tumaradó, Pedeguita y Mancilla, así como Curvaradó y Jiguamiandó.

Luego de instalarse en el campamento de Maderas del Darién, el 20 de diciembre de 1996 alrededor de 80 paramilitares de las Accu se tomaron la cabecera de Riosucio en una operación que, como ha establecido la justicia, contó con la participación de la Policía y de miembros de la Brigada 17 del Ejército. Desde entonces los paramilitares impusieron el terror en la zona y los pobladores empezaron a salir despavoridos.

Pero fue en febrero de 1997 cuando gran parte de las comunidades que habitaban las cuencas de estos ríos quedaron vacías. Ese mes, paralelamente Ejército y Autodefensas ejecutaron dos operaciones que acabaron por vaciar la región. El primero, la Operación Génesis, y las segundas, la Operación Cacarica, que en cuestión de días arrasaron el territorio con la excusa de perseguir a las Farc. En el caso de La Larga y Tumaradó, cerca del 93 % de sus más de 5 mil pobladores salieron desplazados. Por esos hechos, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2013.

El documento entregado ayer a la justicia transicional detalló cuáles fueron las industrias que se consolidaron en el territorio de La Larga y Tumaradó luego de la arremetida paramilitar, cuando empresarios foráneos se apropiaron de las tierras a través de las compraventas. Esto, a pesar de que en el año 2000 el consejo comunitario logró la titulación colectiva de 107.064 hectáreas. Es tal la concentración de tierra que lograron los empresarios en esos años, que cerca del 95 % de la tierra productiva del territorio titulado al consejo está en manos de foráneos. Esto teniendo en cuenta que casi el 40 % de ese territorio se trata de zonas permanentemente inundadas, que no son productivas.

El principal comprador de tierras pertenecientes al consejo comunitario, documentó el Cinep, es José Vicente Cantero Ibáñez. Entre él y Dorance Romero, conocido como ‘Wílmer Romero’, consolidaron grandes haciendas como La Cuatro, La Seis y La Siete, cuya extensión se estima en 25 mil hectáreas. Como ellos, también aparecen señalados en el documento como compradores masivos de predios Ángel Adriano Palacios Pino, quien habría adquirido unas 15 mil hectáreas; Jaime Uribe Castrillón, con casi 10 mil; Óscar Mosquera, con cerca de 8 mil; Francisco Castaño, con 3 mil hectáreas, y Juan Guillermo González, con poco más de 2 mil. En total, una decena de empresarios concentraron alrededor de 60 mil hectáreas de tierra del consejo comunitario, se puntualiza en el informe.

Algunos de ellos han enfrentado procesos con la justicia. Cantero Ibáñez fue capturado en 2013, sindicado de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Según la Fiscalía, el ganadero “hacía parte de un plan diseñado por narcotraficantes, ganaderos y paramilitares con el fin de apoderarse de un cordón de tierras en la región de Urabá”. Un juzgado de Antioquia lo condenó a 10 por desplazamiento forzado y desde febrero de este año se encuentra en libertad condicional. Voluntariamente, el ganadero decidió acogerse a la JEP y actualmente su sometimiento lo estudia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa justicia, que avocó el caso por medio de una resolución proferida el pasado 14 de junio.

Palacios Pino ha sido señalado por Raúl Hasbún, excomandante del Bloque Bananero de los paramilitares, como un empresario que financió esa estructura paramilitar. Actualmente enfrenta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y porte ilegal de armas, en medio de un proceso por el que estuvo preso entre 2014 y 2015. Pero, además, la finca El Trébol, de propiedad de Palacios Pino, se convirtió en un campamento y centro de operaciones paramilitares. Testimonios recogidos en el informe hablan de que en ese predio hay fosas comunes de pobladores que fueron asesinados por los paramilitares.

Con la consolidación de los empresarios en el territorio se hizo más crítica la explotación de madera, entre otras, con el fin de potrerizar grandes extensiones de tierra para los proyectos ganaderos. Entre 1990 y 2013 hubo una deforestación de 57 mil hectáreas, que representa el 52 % del área total del consejo comunitario. El área sin bosque pasó de 20.422 a 77.434 hectáreas. “A comienzos de 1990 existían aproximadamente 22.500 hectáreas de cultivos de agricultura familiar en todo el territorio colectivo, ahora no hay ni un 10% de lo que había”, dice un testimonio recogido en el documento.

Tras esa explotación forestal, los nuevos dueños de la tierra habilitaron los pastos para sus reses y sus búfalos. Entre 2001 y 2012 hubo un aumento de más de 14 mil hectáreas de pastos limpios para ganadería. Hoy, por lo menos, 30 mil hectáreas del consejo comunitario están dedicadas a esa industria y hay alrededor de 20 mil cabezas de ganado tipo cebú, brahmán y criollo. “Los finqueros abrieron canales, cambiaron cauces de ríos y secaron las ciénagas para mejorar las condiciones de las haciendas, afectando los principales ríos y quebradas del territorio. Esto ha generado una reducción de la disponibilidad hídrica para las comunidades, así como la disminución de la fauna íctica y de otros animales”, se lee en el documento.

Y la otra economía que se consolidó en esas tierras fue la de los monocultivos, principalmente de plátano y banano. Plantaciones en las que los antiguos propietarios pasan a ser subordinados y dependientes de las grandes empresas bananeras. Aunque en La Larga y Tumaradó también se intentaron implementar cultivos de palma de aceite, como en los territorios vecinos de Jiguamiandó y Curvaradó, las comunidades lograron frenarlos. Sin embargo, entre la explotación forestal, el avance de la ganadería y los monocultivos de plátano y banano se fue materializando el despojo a estos pueblos negros. “Antes la mayor parte de la gente que habitaba el poblado tenía tierra… en cambio, ahora no. Por ejemplo, yo tengo tierra solo en las uñas”, dijo una habitante de la comunidad.

Solicitud a la JEP de medidas cautelares de protección

Desde 2014, la comunidad del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó empezó la ruta de restitución de tierras, en la cual el 1 de septiembre de 2017 la Unidad de Restitución de tierras inscribió el territorio colectivo en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Luego, el 1 de diciembre de 2018, se radicó la demanda de restitución en Quibdó y se dio inicio así a la fase judicial.

En el marco de ese proceso, en diciembre de 2014 el juzgado primero de restitución de tierras de Quibdó profirió un auto en el que otorgó medidas cautelares de protección sobre el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó ante las actuaciones de algunos grandes propietarios en contra de los integrantes del consejo comunitario que estaban retornando a sus tierras.

Pero desde que inicio la etapa judicial del proceso de restitución, denuncia el consejo comunitario, las presiones y los hostigamientos sobre los pobladores se han intensificado. Actualmente existen 442 títulos individuales dentro del consejo, algunos concedidos antes de la titulación colectiva del año 2000 y otros generados en medio de la arremetida paramilitar. Muchos de esos opositores y grandes propietarios han sido notificados judicialmente del proceso y a raíz de ello se ha acrecentado la estigmatización sobre los reclamantes.

Además, algunos de los empresarios que se hicieron con tierras en la región durante los años del conflicto y que fueron relacionados con grupos paramilitares, han vuelto a la zona después de enfrentar procesos con la justicia. Es el caso de José Vicente Cantero, en libertad condicional desde febrero de este año, quien según las denuncias de los líderes de la comunidad, estaría intimidando y hostigando a los reclamantes de tierras.

En ese contexto, el consejo comunitario denuncia el férreo control que a la fecha tendrían las Autodefensas Gaitanistas sobre su territorio. Imponen restricciones a la movilidad, fijan normas sociales e influyen en el comportamiento de las comunidades. El 24 de agosto pasado, el líder comunitario Edis Caré fue asesinado por dos hombres vestidos de civil y fuertemente armados que lo ultimaron a tiros en su vivienda. El líder abanderaba el proceso de restitución de tierras en el consejo comunitario.

Por eso, de la mano del informe que entregan a la JEP, también le hacen una solicitud formal a esa justicia de medidas cautelares de protección para el territorio colectivo y los integrantes de cada una de las 49 comunidades que lo conforman. Allí también piden diseñar e implementar un programa de prevención, protección y autocuidado para los integrantes del consejo comunitario y que se le ordene a distintas entidades como la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General, el ministerio del Interior, entre otras, que ejecuten las acciones encaminadas a proteger a este consejo comunitario.

Fuente: El Espectador