El Poder Ejecutivo no tiene propuestas ni ideas y no asume la gravedad de la situación sanitaria del país

Crisis del agua: declaración de REDES-AT antes del Día Cero

Las propuestas de gestión de los recursos hídricos en el sur del país constituyen una sumatoria de improvisaciones, que no aportan soluciones reales para el suministro de agua potable segura a la población. Estas acciones improvisadas, muchas de ellas erróneas, tienen un alto costo (unos 40.000.000 de dólares) y nulos resultados.

Las propuestas de mitigación se orientan desde una conceptualización neoliberal de la realidad. Convertir el agua en una mercancía es presentada como una respuesta técnica que esconde una visión política e ideológica, que asume como “natural” al sistema social y económico en el que los sectores empobrecidos de la población deben adaptarse como ajuste a una nueva situación: agua no potable, luego agua no bebible, y después ausencia de agua.

La propuesta práctica de la lógica perversa del gobierno se sostiene en tres puntos:

1) Promover el consumo de agua embotellada aunque tenga altos costos (1 litro de agua embotellada cuesta 250 veces más que 1 litro de agua de OSE)

2) Para disminuir los efectos económicos adversos en la población se exonera de impuestos a las empresas que venden agua embotellada –pero la realidad es que el costo se traslada a la población

3) Finalmente, a la población “vulnerable” se le transfiere un monto económico equivalente a dos litros de agua por día, para que las personas “beneficiarias” compren con ese dinero agua embotellada. Pero esa cantidad de agua no necesariamente satisface las necesidades de las personas, y además, si el precio no es fijado por el Estado, las empresas pueden especular con un bien esencial para la vida y dificultar aún más el acceso.

El resultado de estas propuestas lleva a que el agua potable sea una mercancía y no un derecho, manejada por un conjunto de empresas que obtienen el agua del dominio público estatal ( Art. 47 de la Constitución) sin costo y la comercializan con altas tasas de ganancia.

Un negocio redondo en medio de una profunda y grave crisis, sin pagar canon, sin pagar impuestos, con 1.700.000 clientes-compradores rehenes y todo el negocio asegurado por el Estado.

Propuestas reales

– Disponer tanques cisternas con agua potable segura en todos los barrios y localidades del área metropolitana (Montevideo, Canelones y San José).

– Garantizar agua potable segura al conjunto de la población y evitar que un bien esencial para la vida deje de ser un derecho y se transforme en mercancía.

– Decretar un régimen tarifario que fije el precio del agua potable embotellada para la población, y no permita la especulación a manos de las empresas privadas embotelladoras. En una situación de crisis se debe priorizar el derecho humano al agua por encima de las ganancias de las empresas.

– Suspender el cobro de la tarifa de OSE hasta que no se distribuya agua potable segura.

– Asignar los recursos necesarios a OSE y Gobiernos Departamentales para el cumplimiento del plan de suministro de agua potable segura a la población y avanzar en la reparación de las pérdidas en la red de distribución de agua.

– Suspender la licitación del Proyecto Neptuno, ya que es una falsa solución al problema de acceso al agua del área metropolitana, y nos condenaría a agua con niveles de salinidad y cloro por encima de nuestros estándares históricos. No debemos olvidar que los mismos que sostienen que el agua es bebible son los que impulsan el Proyecto Neptuno. El agua que se va a distribuir no será potable, ni bebible, ni segura, por los niveles de salinidad, las floraciones de cianobacterias y la carga de nutrientes y contaminantes en el Río de la Plata. Por esto, el proyecto Neptuno, de concretarse, va a convertirse en un atentado permanente a la salud de la población del área metropolitana.

– Es urgente comenzar a ajustar e implementar las principales medidas para la recuperación de la cuenca del Río Santa Lucía. Es prioritario acelerar y profundizar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental del territorio en la cuenca, priorizando la cosecha de agua para consumo humano, como lo establece la Constitución. Hay que implementar restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con la producción de agua para consumo humano. También es necesario aprobar medidas precautorias frente a la intensificación agrícola e incremento de cultivos forestales; diseñar y promover transiciones agroecológicas en la cuenca que permitan la recuperación de la calidad ambiental y el aumento de la producción de alimentos saludables; construir soluciones reales para la implementación efectiva de las zonas de amortiguación y la restauración de vegetación riparia.

– Es necesario definir las principales prioridades en la cuenca del Río Santa Lucía para asegurar las mejores condiciones de gestión en el momento que tiendan a regularizarse las precipitaciones. En especial, hay que retomar el proyecto de la represa en el Arroyo Casupá y planificar el comienzo de su construcción en forma inmediata. Resulta claro que el actual equipo de gobierno no está capacitado para enfrentar la actual situación de crisis sanitaria e hídrica, y tampoco está trabajando para una gestión adecuada de las condiciones ambientales de la cuenca cuando comience a llover. Para planificar cómo enfrentar esta nueva situación aún estamos a tiempo, no deberíamos esperar que nuevamente opere la improvisación.