El Partido Liberal (PL) aprobó este martes transferir supervisión al sector privado y es considerado inconstitucional por el MPT
Senadores aprovecharon la polémica suscitada por el Proyecto de Ley de Venenos (PL) , que flexibiliza aún más el uso de pesticidas, para aprobar, al final de las luces de la legislatura, otra demanda de los ruralistas. Es el proyecto de autoinspección agroindustrial, que traslada la responsabilidad del cumplimiento de las normas sanitarias del Estado a los empresarios. La propuesta está en el PL 293/21, que fue aprobado este martes (20) en el pleno y va a la sanción del presidente Jair Bolsonaro (PL).
La votación ocurrió mientras organizaciones populares y socioambientales se articulaban para bloquear la tramitación de la PL 1459/22, la PL de Veneno. Más de 300 entidades ya se pronunciaron en contra de esta propuesta, que allana el camino para los pesticidas cancerígenos actualmente prohibidos en Brasil. La presión funcionó y el PL de Veneno solo debería ser votado por los senadores en 2023.
El PL de autoinspección sanitaria “promoverá la sustitución de la acción estatal activa por un nuevo modelo de defensa agropecuaria basado en programas de autocontrol realizados por los propios agentes regulados, productores agropecuarios e industria”, dice el informe del senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS).
El Estado seguirá teniendo “la prerrogativa de ejercer una supervisión plena”, según el texto. Heize alega que el proyecto promueve la modernización y reducción de la burocracia en los procedimientos y afirmó que la auto-inspección de la calidad de los alimentos ya se practica en EE.UU. y Europa, favoreciendo a las grandes y pequeñas empresas.
Ministerio Público del Trabajo ve inconstitucionalidad
El texto, que debe ser sancionado por Bolsonaro, forma parte del paquete de proyectos de ley llamados por los ambientalistas “boiadinha”, que favorecen la escalada de la devastación ambiental en el país. Según la Unión Nacional de Auditores Fiscales Federales Agropecuarios (ANFFA), el cambio amenaza la seguridad alimentaria y compromete la calidad de los alimentos al transferir a terceros la responsabilidad de monitorear, por ejemplo, el manejo de la carne en los mataderos.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) considera inconstitucional la autoinspección sanitaria de la agroindustria. El entendimiento está en una nota técnica publicada por la agencia el martes (20). El documento señala que las nuevas reglas establecen una modalidad de “tercerización irrestricta” por parte de la administración pública.
Según el MPT, el proyecto “tiende a romper con uno de los principios estructurantes de la administración pública, según el cual el servicio público, para estar bien prestado, y no sufrir una solución de continuidad, debe contar con personal de carrera, calificado y constantemente evaluado y capaz”.
Otra irregularidad es la delegación de facultades de policía administrativa a particulares, violando la norma constitucional de licitaciones públicas. También existe un mayor riesgo de contaminación, debido a enfermedades de origen animal, de los trabajadores en actividades no supervisadas por las autoridades públicas, como los empleados de los mataderos.
“Tome como ejemplo el riesgo de contaminación de los trabajadores por enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis, que pueden transmitirse a los humanos, ya que son zoonosis. El riesgo de transmisión se acentúa principalmente para aquellos trabajadores que tienen contacto con animales, como es el caso de los trabajadores en mataderos”, dice la nota.