El Ministerio Público Fiscal reclamó la suspensión urgente del trigo transgénico HB4

El fiscal federal Fabián Canda reiteró ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera urgente la autorización del trigo transgénico HB4 por “los perjuicios irreparables” que puede causar para el ambiente y la salud de la población. Lo hizo tras conocerse, el 12 de mayo pasado, que el gobierno nacional autorizó a la empresa Bioceres —propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros— a comercializar la semilla. Se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, cuya liberación podría impactar de manera irreversible en los ecosistemas, la agricultura y la alimentación global.

El fiscal Canda  volvió a advertir ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 que el proceso de autorización del trigo HB4 violó derechos colectivos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Entre ellos, el principio precautorio, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de información. Por lo tanto, el 19 de mayo pasado, Canda exigió por escrito al Juez que tome en cuenta  las presentaciones previas de la Fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de vecinos afectados, y que ordene de inmediato una medida cautelar que suspenda la autorización hasta que se cumpla con la legislación ambiental.

Para el Fiscal, la resolución que aprobó el transgénico es ilegal porque no se tuvo en cuenta las consecuencias para el ambiente de la liberación de la semilla ni del uso del herbicida glufosinato de amonio, que acompaña el cultivo. “Como vengo sosteniendo, todo lo atinente a la aprobación y utilización de organismos genéticamente modificados, en el caso, semillas transgénicas, se encuentra ineludiblemente unido con el uso de los agrotóxicos”, advierte el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.

Y reitera que las consecuencias socioambientales del uso “exorbitante” de agroquímicos en la Argentina ha generado rechazos dentro del mundo científico y académico, además del reclamo de numerosas organizaciones sociales y campesinas.

Trigo transgénico y glufosinato de amonio

El trigo HB4 tiene dos modificaciones genéticas hechas por la científica Raquel Chan en los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Una le confiere tolerancia a la sequía (así se lo publicita, pero la empresa reconoce que el resultado es que sólo “aguanta” unos días más sin lluvia). La otra lo hace resistente al glufosinato de amonio, un herbicida tres veces más tóxico que el glifosato y 15 veces más restrictivo en su consumo de acuerdo a la ingesta diaria admisible por la FAO (0,3 miligramos por kilo para el glifosato y 0,02 para el glufosinato). Ya en 2012,  el científico Andrés Carrasco alertaba: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones, produce convulsiones, estimula la producción de óxido nitroso y muerte celular en el cerebro”.

Sin embargo, el Gobierno argentino aprobó el transgénico de la misma manera que hace con todos:  sin hacer estudios independientes sobre los efectos en la salud y el ambiente. Ni de la semilla ni del veneno que se le aplicará en grandes volúmenes a campo abierto. Tampoco garantizó la participación ciudadana, a pesar de que tiene que hacerlo por ley.

Por el momento, Bioceres avanza con un "sistema cerrado" de venta de las semillas bajo identidad reservada. Según la empresa, en la campaña pasada se sembraron 55.000 hectáreas, sobre un total de 6,7 millones de hectáreas de trigo cultivadas en el país.

Transgénico ilegal

Desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura dictó la resolución 41/2020 que aprobó de manera parcial el trigo HB4, tanto la Fiscalía Federal como la Defensoría General de la Nación y vecinos afectados exigen al juez Carillo que dicte una medida cautelar que se suspenda la autorización.

En esa primera resolución, el Gobierno aprobó el cultivo pero no la comercialización, que quedaba condicionada a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, Brasil lo autorizó pero sólo en forma de harina (no de grano). Y este año, en abril y mayo, Bioceres consiguió que  China aprobara la soja HB4 y que Australia y Nueva Zelanda habilitaran el trigo transgénico. La cancillería Argentina  difundió estas noticias como parte de sus logros diplomáticos. Finalmente, el gobierno nacional autorizó su comercialización en la Argentina el mes pasado.

Mientras, el Ministerio Público Fiscal no sólo advertía la violación del principio precautorio, sino también señalaba “defectos insuperables” en la resolución 41/2020, entre ellas, que los fundamentos eran insuficientes. Advirtió que la autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, a cargo de Marcelo Alos), se limitó a transcribir de manera incompleta dictámenes técnicos de la empresa. “Omitió invocar fundamentos sólidos que tornen razonable la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta”, señaló el Fiscal.

También insistió en el interés público que está en juego, en contraposición al interés particular de Bioceres de vender su producto. “No puede soslayarse el interés público en los procesos ambientales, siendo claro que cuando se produce un daño ambiental se compromete el interés de toda la comunidad”, señaló.

El  riesgo de daño ambiental y, como consecuencia, en la salud de las personas no sólo está presente por el uso de agrotóxicos y porque no está garantizado que el transgénico no produzca efectos adversos en quienes lo consuman. Sino también porque una vez cultivado puede contaminar a los trigos no transgénicos por mezcla o fecundación cruzada. Esto motivó un fuerte reclamo por parte de cámaras agropecuarias, de acopiadores y molineros, que temen que su granos se contaminen y cargas enteras sean rechazadas en el mercado exterior, donde no se aceptan estos transgénicos.

Las contradicciones del juez Santiago Carrillo

En noviembre pasado, el juez Carrillo dictó un falló que la Fiscalía reprochó por “contradictorio”. Por un lado, Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar información e implementar un proceso de participación ciudadana para la aprobación del trigo transgénico HB4. En sus argumentos, el Juez sostuvo que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” de la legislación nacional y del Acuerdo de Escazú al restringir la participación y el acceso la información pública en el proceso de aprobación. Sin embargo, no suspendió la aprobación.

Ante esto, la Fiscalía hizo una nueva presentación de 40 páginas exhortando de nuevo al juez a que suspenda la autorización. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, en particular, respecto de la aplicación del principio de precaución”, sostuvo Canda, y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.

A fines de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomó el expediente para resolver un antiguo recurso extraordinario (que no se refería al trigo HB4 sino a otros transgénicos), lo que paralizó la causa hasta el 31 de mayo último. En ese lapso,  el Gobierno avanzó con la aprobación total del trigo transgénico.

Para el fiscal Canda, esta última autorización “sella definitivamente” la posibilidad de un perjuicio irreparable por lo que es urgente que el Juez aplique los “principios de precaución y prevención” y dicte una medida cautelar que la suspenda.

Hasta ahora, el juez Carrillo no respondió si acepta este pedido. Tampoco se cumplió el proceso de participación ciudadana que ordenó en noviembre pasado, a pesar de que ya se venció el plazo de 20 días establecido en su fallo.

La presentación del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como "Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria", que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado de los alimentos con organismos genéticamente modificados.

Fuente: Agencia Tierra Viva