Ejército colombiano anuncia fumigación de cultivos de coca en frontera con Venezuela

Es como si se estuviera siguiendo un libreto redactado en Washington. Primero fue la visita de Juan Manuel Santos, precandidato presidencial en funciones de ministro de Defensa, a los Estados Unidos. Después sus declaraciones, previas a la creación del consejo de defensa de Unasur, sobre eventuales nuevas incursiones militares a los países fronterizos, alegando que invadir a un país “es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional”. Ahora son las declaraciones del comandante de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, anunciando la fumigación de los cultivos en la región del Catatumbo, fronteriza con los estados Táchira y Zulia y la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela.

Las fumigaciones de los cultivos de coca en Colombia son un componente represivo del Plan Colombia, que complementa la estrategia paramilitar del Estado para desplazar y expropiar de manera violenta a los pobladores rurales y destruir la economía campesina, afectando de paso gravemente el medio ambiente y la salud humana. Pero las fumigaciones a los cultivos de coca en el marco del Plan Colombia también han servido para militarizar las fronteras y generar escenarios de tensión, muy convenientes para el régimen de Bogotá, que hábilmente ha sabido, hasta ahora, utilizarlos mediáticamente para suscitar sentimientos patrioteros y manipular a la opinión pública en Colombia.

Este modelo de tensión se experimentó inicialmente con Venezuela, para después aplicarlo de manera sistemática en los límites con Ecuador, mediante las fumigaciones indiscriminadas en la frontera, hasta terminar con la invasión, hace ya un año, del espacio aéreo y el territorio ecuatoriano durante la operación militar que culminó con la baja de Raúl Reyes, el vocero internacional de las FARC.

Ahora se trasladará de nuevo el modelo de tensión política y militar de las fumigaciones a la frontera colombo-venezolana, tal vez obedeciendo a las orientaciones del Departamento de Estado de los EU y a los apetitos electorales del ministro Santos.

Chávez, a su vez, ha ordenado una operación militar conjunta de Guardia Nacional, Marina y Aviación en las regiones limítrofes de Táchira y Zulia. El vicepresidente y encargado del Ministerio de la Defensa, Ramón Carrizález, iniciaba precisamente hoy un recorrido que le permitirá inspeccionar 17 puestos militares fronterizos con Colombia “donde se han intensificado las operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia”.

Si a la presencia de las fuerzas armadas de los dos países le sumamos la continua presencia de las guerrillas de las FARC y el ELN en este territorio, pues la eventualidad de un incidente bélico no es nada descabellado.

Las fumigaciones fronterizas causarán en Venezuela los mismos daños que ya causaron en el Ecuador, donde un estudio científico determinó el funesto impacto del glifosato sobre las mujeres embarazadas. Se destruirá la economía campesina de venezolanos y de las decenas de miles de refugiados colombianos que habitan estas zonas. La deriva del producto químico vía aérea y la aspersión sobre las cuencas del río de Oro y del Catatumbo, por citar sólo un ejemplo, terminarán por conducir las aguas contaminadas con el glifosato de la multinacional Monsanto hasta la cuenca y el lago de Maracaibo, en territorio venezolano.

Las fumigaciones en la frontera son un asunto de soberanía. La que le falta al gobierno colombiano para oponerse a los designios norteamericanos y dejar de envenenar a sus propios compatriotas y la que le sobra al gobierno y al pueblo venezolano para oponerse a la política criminal de las fumigaciones que afectarán la salud de su gente e impactarán la fragilidad de los ecosistemas del Catatumbo venezolano y la cuenca del lago de Maracaibo.

Fuente: Agencia Prensa Rural