Efecto Milei: la agricultura familiar y su pesadilla

Por Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti*

En las últimas décadas la agricultura familiar ha venido debilitándose con distintos grados de intensidad, de acuerdo con las características de cada etapa económica y dados los diversos contextos de las políticas gubernamentales del momento. Algunas de esas políticas mitigaron, aunque de modo limitado, la permanente caída de su participación en la producción. Tales hechos se encuadran en los rasgos específicos del más amplio proceso de expansión capitalista agropecuaria en curso.

En este contexto, las políticas del gobierno de Javier Milei amenazan a la agricultura familiar y a las condiciones de vida de los trabajadores agropecuarios. Además, pueden conducir a la pérdida de soberanía sobre el uso y la conservación de recursos naturales en el país.

Más concentración de la propiedad en el agro argentino

Los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) de 1988, 2002 y 2018 reflejan la desaparición de porcentajes importantes de la participación de la agricultura familiar en la producción agropecuaria, a nivel nacional y provincial y en los distintos rubros productivos. Esto da cuenta del incesante proceso de concentración y centralización en el sector.

Entre 2002 y 2018, más allá de toda consideración acerca de la confiabilidad de los relevamientos, la cantidad total de explotaciones agropecuarias —en adelante, EAP— se redujo un 25 por ciento. Su tamaño medio (entendiendo por tamaño a la superficie total en hectáreas), en cambio, se incrementó en un 16 por ciento (de 588 a 681 hectáreas). 

Ante la ausencia de adecuados reprocesamientos de los datos que incluyan al CNA de 2018, tomando en cuenta la heterogeneidad territorial y económica del agro de nuestro país y considerando el papel de la región pampeana en la política económica nacional, es válido circunscribirse a ella en este punto.

En 2018, dicha región mostró que las explotaciones de hasta 500 hectáreas representaron un 75 por ciento de su cantidad, utilizando un 20 por ciento de la superficie agropecuaria. Por su parte, las que tenían más de 2.500 hectáreas eran un cuatro por ciento de la cantidad y detentaban el 38 por ciento de la superficie. Sin embargo, los estratos intermedios (500/2500 hectáreas) controlaban más del 20 por ciento de las EAP y más del 40 por ciento de la superficie. 

Los reprocesamientos de datos son los que posibilitaron clasificar a las EAP relevadas en 2002 en "familiares" y "empresariales" y a éstas, a su vez, en varios estratos. No hay, salvo excepciones, algo semejante para 2018. Por eso, a título ilustrativo, mencionaremos el estudio sobre la evolución de las explotaciones familiares (EAPF) en Mendoza entre los censos de 2002 y 2018, tal como fueron definidas por un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, publicado en 2009. En él se indica que las EAPF se redujeron casi un 50 por ciento, mientras que aumentó el conjunto de los EAP no familiares.

Foto: Subcoop

En lo que respecta a los asalariados agropecuarios, son conocidos los procesos de intensificación expresados en las significativas reducciones de los requerimientos laborales. No obstante, en concomitancia con el carácter señaladamente capitalista de la expansión agropecuaria de las últimas décadas, la proporción de los asalariados en la población económicamente activa ha venido incrementándose: 55 por ciento en 2001 y 61 por ciento en 2010. Ahora bien, en esas mismas fechas, el conjunto de los trabajadores familiares fueron el 36 por ciento y 29 por ciento, respectivamente. 

En suma, estamos ante procesos de acumulación y centralización del capital agrario que son hegemónicos. De manera que los sectores subalternos que la componen (agricultores familiares y asalariados agropecuarios) se encuentran en retroceso.

Políticas públicas para el agro: avances y retrocesos

Durante las cuatro décadas de la democracia iniciada en 1983, la agricultura familiar transitó por diversos períodos. Por ejemplo, en la década del 90 la desregulación económica afectó fuertemente la institucionalidad de las principales cadenas agropecuarias en las que participaban los agricultores familiares. 

No obstante, para mitigar o contener su fuerte retroceso, se desarrollaron algunos proyectos de Desarrollo Rural. Es el caso del Programa Social Agropecuario (PSA), el Programa de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios, el programa “Pro-Huerta”, el Programa Cambio Rural, el Programa para Productores Familiares (Profam), entre otros. Sus efectos, aprendizajes y cobertura posibilitaron fortalecer una institucionalidad específica, aunque limitada, para la pequeña producción agropecuaria. 

En ese contexto se crea, en 2005, el Centro de  Investigación y Desarrollo para la Pequeña Agricultura Familiar (Cipaf), en el marco del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En 2006 se sanciona la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Dos años después, en 2008, se instaura la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (convertida años después en secretaría). Y en 2014 se sanciona la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. 

Este esfuerzo por fortalecer a la agricultura familiar se discontinuó a partir de los últimos años. No hubo avances significativos en los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales que establecía la ley para brindar solución a la situación dominial de las tierras de las comunidades indígenas. No se reglamentó la Ley de Agricultura Familiar hasta 2023, o se lo hizo de modo muy parcial. Se anuló la Secretaría de Agricultura Familiar y se creó en su lugar el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci). El mismo se estableció en el seno de la Jefatura de Gabinete y, de este modo, se lo desvinculó del conjunto de la política agropecuaria. 

No obstante, continuaban operando algunos programas muy importantes para los pequeños productores. Ese fue el caso del “Pro Huerta”, de amplia cobertura nacional para el desarrollo de sistemas de autoproducción de alimentos. O la red de asistencia técnica y protección a la Agricultura Familiar, por parte de los técnicos provinciales del Instituto Nacional de Agricultura Familiar. También, la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales (Diprose) que incluía cierta asistencia en infraestructura en regiones, con presencia de agricultores familiares; el Programa Cambio Rural sobre extensión rural y periurbana y el Profam, entre otros.

Foto: Subcoop

La política agropecuaria durante la era Milei

El actual Gobierno inició su gestión con una fuerte devaluación del 118 por ciento. A eso se le sumó la desregulación de tarifas y servicios y los incrementos en impuestos a la exportación, incluyendo productos de las economías regionales. Todo ello sin atender a una política de diferenciación o segmentación por escala de producción. 

De este modo, las y los agricultores familiares tuvieron que afrontar el encarecimiento del costo de vida familiar. Además vieron duplicarse sus deudas con cooperativas y acopios y tuvieron que afrontar un fuerte encarecimiento en el costo de los insumos, en momentos en que su situación económica era muy débil luego del año de fuerte sequía. Todo esto los dejó, en muchos casos, con deudas en los arrendamientos pasados y con incrementos importantes en los nuevos alquileres de tierra.

Al respecto, citamos como ejemplo los cordones hortícolas periurbanos. Allí, el encarecimiento de insumos y de los alquileres de parcelas produjeron una caída muy importante en la rentabilidad y en la imposibilidad de afrontar tecnologías de producción forzada, como invernáculos. No es ajena esta situación al visible encarecimiento de frutas, verduras y hortalizas para el consumidor, a un nivel nunca antes registrado. 

Los intentos reiterados, por parte del Gobierno, de eliminar organismos públicos o debilitarlos, produce efectos de desestabilización en la agricultura familiar. Se recordará que, por ejemplo, se mencionó al Banco Nación Argentina como una entidad a privatizar, siendo prácticamente el único banco que financia a buena parte de la agricultura familiar. Lo mismo ocurre con el debilitamiento del Senasa o del INTI que, en muchas regiones, facilitaban la articulación de la producción primaria y la industrialización basada en la agricultura familiar. 

El  DNU 70/23 y la llamada “Ley Bases” constituyen un contexto estructural altamente peligroso para el devenir de la agricultura familiar. En efecto, los pequeños productores desde hace años están presionados por la especulación inmobiliaria, que puja por los terrenos de cultivo para crear barrios cerrados y desarrollos inmobiliarios y comerciales en las zonas periurbanas. Esta política habilita la fuga de capitales, que reingresan al sistema económico formal a través de la construcción y del blanqueo de capitales. Cabe aclarar que si necesitan blanquearse es porque antes no cumplieron con los tributos correspondientes. Así, se vuelve casi imposible la resistencia de los productores de alimentos en sus predios.

Más aún si la suba de los precios de los alimentos no es acompañada por la evolución de los salarios. Esto conlleva el debilitamiento del consumo de frutas y verduras y concentra la dieta de los sectores populares en los hidratos de carbono y en ultraprocesados de dudosa calidad. 

Trece decisiones que afectaron a la agricultura familiar en Argentina

En los primeros nueve meses del gobierno de Javier Milei, se resolvió:

1) La eliminación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. El despido de su personal dejó a las distintas provincias y regiones productivas sin apoyo técnico, económico y de comercialización.

2) La cancelación del Programa “Pro-Huerta” de INTA. Fue el primer programa a nivel nacional para la producción y distribución de sistemas de autoproducción de alimentos. Tuvo un alcance extraordinario, llegando a aproximadamente 4.000.000 de personas. Entregó semillas, fomentó huertas familiares, escolares y comunitarias y granjas agroecológicas durante sus 34 años de existencia. 

3) Aunque el INTA no fue incluido en el DNU 70/23 como institución a ser eliminada, tiene serios problemas de recursos. Esto se debe a que se financia con la prórroga presupuestaria de 2023 y puede ser sometido a procesos de reorganización institucional y jurídica, de acuerdo a la llamada “Ley Bases”. Además, en la comunicación oficial del organismo se estaría censurando la utilización de términos como agroecología, sustentabilidad, género y cambio climático, entre otros, todos ellos muy  trascendentes para la agricultura familiar.

4) La intención de adherir al Acta UPOV 91 a través de la “Ley Bases”. Aunque finalmente no se aprobó la incorporación, de concretarse en un futuro restringiría las prácticas tradicionales que posibilitan reutilizar semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual. Es decir, se restringiría el llamado derecho a “uso propio” de las semillas, afectando la subsistencia, en algunos casos, y/o la caída de rentabilidad, en otros, de la agricultura familiar. Esto tendría un fuerte impacto a nivel de los  chacareros de la región pampeana y también en actividades intensivas, como la horticultura. Conllevaría, además, la posible pérdida del derecho a uso propio en semillas criollas y nativas. 

5) La eliminación de la regulación en las pocas cadenas agroproductivas en las cuales aún existe. Es el caso del Instituto Nacional de Yerba Mate, el Fondo Nacional Ganadero y la derogación de leyes que regulan las actividades vitivinícola y azucarera.

Foto: Subcoop

6) La eliminación de los Fondos Fiduciarios de interés para la agricultura familiar. Es el caso del Fondo Fiduciario para la Recuperación de la actividad ovina (FRAO) y del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro), entre otros.  

7) La aplicación de impuestos a las exportaciones industriales. Esto va a impactar en algunas cadenas agroproductivas regionales, en las que tiene peso la agricultura familiar en cuanto a su participación. 

8) La apertura indiscriminada de importaciones, potenciada por el retraso del tipo de cambio. Esta medida perjudicará fuertemente a los agricultores familiares en cadenas intensivas. Ya se registraron volúmenes importantes de importación en carne de cerdos, vinos y yerba mate, entre otros.

9) El debilitamiento de los agricultores familiares significa, entre otras cuestiones, la transferencia de excedentes a eslabones de mayor poder económico en las cadenas, como el caso de la industria agroalimentaria. También puede observarse en la zona núcleo pampeana la agudización de la concentración de la explotación de la tierra por parte de pools y fideicomisos que ofertan mayores precios para alquileres de campos, desplazando del mercado de arrendamientos a pequeños y medianos productores y perjudicando a los contratistas de maquinaria que trabajan para ellos. 

10) En el marco de la continua política de agresión a los sectores sociales subalternos, hay que mencionar que se ha presentado un proyecto para la derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas. El objetivo es derogar la ley de Emergencia (26.160) en materia de pueblos originarios y modificar las facultades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

11) La eliminación de la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose), destinados a riego, electrificación y caminos, entre otros. Estas políticas son de suma importancia para la agricultura familiar y las economías regionales.

12) La Reforma Laboral incluida en la Ley Bases. La misma facilita a los empleadores agropecuarios mayor flexibilidad para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Los trabajadores rurales se ven afectados en términos de estabilidad laboral y protección de sus derechos adquiridos por la legislación vigente. Conviene recordar que dicha legislación es relativamente reciente y que reemplazó a otras de la dictadura o anteriores. 

13) La intervención de la obra social de los trabajadores rurales (Osprera). Más allá de los propósitos esgrimidos en el decreto dictado a ese efecto, puede inscribirse en los intentos de dicotomizar los servicios de salud entre una minoría con altas remuneraciones y una mayoría confinada a las prestaciones básicas. En otras palabras, en el declarado objetivo de eliminar o restringir al máximo el tradicional criterio de solidaridad propio de las obras sociales.  

Las propuestas de las organizaciones campesinas

Es de vital importancia que las organizaciones de la agricultura familiar, además de sentir el impacto de la actual política económica y social, puedan construir y fortalecer vínculos con otros sectores sociales afectados. Por ejemplo, con entidades gremiales de otros eslabones de las cadenas productivas, con legisladores, entre otros. Esto con el objeto de exteriorizar la gravedad de su situación e ir elaborando un programa para afrontar este contexto.

La situación actual de la agricultura familiar es una oportunidad única para que la Mesa Agroalimentaria Argentina intensifique su actividad con el objeto de actualizar y contextualizar los proyectos presentados hace un año en el Congreso. Entre ellos, los proyectos de ley de acceso a la tierra, de arrendamientos rurales, de protección y fortalecimiento de territorios campesinos, de segmentación de las políticas impositivas agrarias y de fomento del cooperativismo y de la transición agroecológica.

Además, será importante sumar a dicho espacio a otras instituciones, tanto de la agricultura familiar como de los trabajadores asalariados agropecuarios, nacionales y/o regionales. 

Para ello es necesario comprender profundamente el momento que estamos transitando, que podría llevar a situaciones de disolución de la agricultura familiar en algunas regiones de nuestro país; a dramáticos retrocesos en las condiciones de vida, trabajo y remuneraciones de los trabajadores asalariados agropecuarios y a la pérdida de soberanía sobre el uso y la conservación de recursos naturales como el agua. 

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias