Destruir áreas protegidas, objetivo del gobierno ecuatoriano
Áreas protegidas, tierras comunales, patrimonio forestal están en la mira del gobierno para cumplir con su ofrecimiento de reforma agraria atentando contra los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos y los bienes nacionales de uso público. Las grandes propiedades de los terratenientes que han saqueado históricamente al país no están siendo tocadas.
El 26 de junio del presente año, el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado emite el Decreto Ejecutivo 1208, que desmembra a la Reserva Ecológica Arenillas, ubicada en la provincia de El Oro, al sur del país. Bajo el argumento de “fomentar y facilitar el acceso a la tierra a las familias y comunidades campesinas” se pretende cercenar esta área protegida que tiene una extensión de 17.052 ha. de bosque seco y conserva 2.800 hectáreas de manglares, de los pocos remanentes que quedan en la provincia.
Para cumplir con el ofrecimiento de repartir la tierra, y en época de campaña electoral, el Ejecutivo ha ofrecido a un sinnúmero de sus simpatizantes entregar está área para actividades agrícolas, acuícolas y para vivienda. Áreas protegidas, tierras comunales, patrimonio forestal están en la mira del gobierno para cumplir con su ofrecimiento de reforma agraria atentando contra los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos y los bienes nacionales de uso público. Las grandes propiedades de los terratenientes que han saqueado históricamente al país no están siendo tocadas.
En octubre del año 2008 el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 1391, que legaliza a una industria “criminal y desordenada” como es la acuacultura del camarón, esta ilegalidad incorporó un proceso nefasto de reforestación de bosque de mangle en salitrales y bancos de arena de los estuarios que amenazan con acabar con la biodiversidad de esta zonas. En este marco se encuentra ya afectada la reserva, más de 4 hectáreas de salitral de la reserva está sembrada con plántulas de mangle que nunca germinarán pues no es zona apta para que crezca este bosque. Con la legalización impune de esta industria, se pretende usurpar al país más de 44.000 hectáreas de ecosistema manglar, bien nacional de uso público, territorio de los pueblos de pescadores y recolectores artesanales. Ahora se suma la pretensión de cambiar el uso del suelo del área protegida Arenilla, para cumplir con ofertas populistas de campaña electoral.
La C-CONDEM organización donde se articulan comunidades de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar respalda la demanda de inconstitucionalidad que se presentará en los próximos días en contra de este nuevo atentado del Gobierno Nacional contra los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos.
Los gobiernos neoliberales permitieron la usurpación del ecosistema manglar por parte de los industriales de la acuacultura del camarón, este gobierno está legalizando esta usurpación y pretende seguir destruyendo el ecosistema.
Fuente: C-CONDEM