Defensa del territorio. Comunidades y trabajadores se organizan para defender el bosque de Michoacán
Ejidatarios, comuneros colonos, trabajadores del campo, ambientalistas y pobladores anunciaron que ante la falta de respuesta de todos los niveles del gobierno y el avance desmedido del cultivo de aguacate y la tala ilegal, conformarán el un comité de defensa del bosque de San Pedro Piedras Gordas en Michoacán.
A través de un acuerdo firmado en días pasados, trabajadores del campo, campesinos, activistas ambientalistas y la comunidad de San Pedro Piedras Gordas, municipio del sur del estado de Michoacán y afectada por la tala clandestina avalada por grupos del narcotráfico y el cambio de uso de suelo para plantaciones de aguacate y berries, anunciaron que ante la falta de respuesta de todos los niveles de gobierno implementarán comités de defensa de los bosques de la zona.
En el acuerdo anunciaron que se comprometen a proteger los bosques y aguas por tratarse del patrimonio del presente del futuro de la comunidad. Esto debido a que en recientes años la tala de bosques ha avanzado en el estado, lo cual también ha afectado a la disponibilidad de agua para las comunidades.
Señalaron que mediante esta organización harán valer “los acuerdos y las leyes ambientales como medio para garantizar la preservación de los bosques y las aguas que hacen posible la vida de la comunidad y las poblaciones establecidas tierras a bajo”.
De la misma manera, hicieron un llamado a todos los propietarios de predios originalmente boscosos en donde se haya hecho o que está haciendo algún cambio de uso de suelo se deben de exhibir los permisos correspondientes de cambio de uso de suelo, así como aprovechamientos extensivos. En caso de que no los tengan, deberán de parar y sujetarse a las disposiciones de la propia comunidad, así como de las dependencias de los tres niveles de gobierno.
Aunado a la protección del agua se trabajará que quienes busquen comprar hectáreas de bosques o integrarse propietarios de predios forestales, estén enterados de que no se tolerará la modificación del suelo o la instalación de nuevos sistemas agrícolas que perjudiquen a los ecosistemas de la región.
El uso del agua para el aprovechamiento de los sistemas productivos también fue señalado en la minuta signada por los encargados del orden de la comunidad. Dichos servicios ser negados "toda vez que generan desequilibrio ambiental, además de no ser sostenibles ni en el presente ni en el largo plazo".
Deforestación y cambio de uso de suelo sin control en la zona
Comunidades del estado de Michoacán han denunciado constantemente que a lo largo de más de una década, el avance de los monocultivos no ha parado en la región, esto con el aval de todas las instancias gubernamentales que permiten el cambio de uso de suelo para huertas de aguacateros y productores de diversos frutos que han perforado pozos, construido ollas de agua y desviado arroyos para abastecer sus cultivos.
Esto, además de ser devastador para la conservación del bosque nativo, ha dejado prácticamente desprotegidas a comunidades rurales, productores locales y cultivos tradicionales que poco a poco se han ido desplazando ante la voracidad del avance del agro negocio y el narcotráfico.
De hecho, organizaciones ambientalistas advierten que durante este 2021 percibieron fuertes daños a las reservas forestales del estado, principalmente por incendios y cambio ilegal de uso de suelo, pues en lo que va de este año, en total se han detectado más de 400 de hectáreas pérdidas de cobertura forestal. Esto ha sido denunciado por los pobladores, y que especuladores del suelo y taladores ilegales, avalados por organizaciones del narcotráfico aprovecharon la pandemia y los recortes presupuestales en las dependencias encargadas del manejo de los bosques para avanzar con el desmonte y cambio de uso de suelo.
La Comision Nacional Forestal (Conafor), en su Programa Anual de Trabajo 2021, advierte que la deforestación y la degradación del suelo son las principales causas de la pérdida del patrimonio natural, además, alerta que el 95% de esta sucede de manera clandestina, puesto que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “únicamente autoriza el cambio de uso de suelo –un permiso para remover la vegetación de los terrenos forestales para otros fines– en un promedio de 12 a 13 mil hectáreas por año”. En contraste, la deforestación bruta promedio anual es de 250 a 260 mil hectáreas, es decir, una diferencia de mil 900 por ciento.
Según información de la Universidad de Guadalajara, bandas del crimen organizado de Jalisco y Michoacán controlan la tala ilegal en la región occidente de México (Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán), donde las autoridades federales y estatales han permitido la tala ilegal y la continua degradación de los bosques, que no se detiene ni durante la temporada de incendios forestales, por medio de una red de corrupción entre organizaciones ilegales y gobierno.
Fuente: La Izquierda Diario