¿De quién es la semilla?

Por Vanina Lombardi   

Agencia TSS – Esta semana  comenzó formalmente el debate en el Congreso sobre un nuevo régimen de promoción de la producción y comercialización de semillas y creaciones fitogenéticas, con el objetivo de modificar la norma vigente sobre semillas. Hay cinco proyectos de ley: tres del oficialismo (propuestos por  Cornelia Schmidt Liermann;  Alejandro Echegaray,  Alcira Terada y Orieta Vera Gonzalez); uno del diputado santafesino  Luis Contigiani(Frente Progresista Cívico y Social), y otro elaborado por la Federación Agraria Argentina (FAA).

Las semillas son imprescindibles para la producción de alimentos. Algunos las consideran patrimonio de la humanidad y para otros son insumos productivos o el producto final a comercializar. También son utilizadas como objeto de estudio, para investigarlas, modificarlas y agregarles características diferenciales acordes con los cambios climáticos o para enfrentar plagas en un determinado territorio. Por todo eso, la propiedad de las semillas genera intereses contrapuestos.

“En la genética de la semilla está condicionado cuándo se siembra, cuándo se cosecha y qué agroquímico necesitamos. Condiciona todo el modo de producción, no es casual que las empresas de agroquímicos hayan comprado a las semilleras para garantizar su negocio. Además, tiene que ver con el producto final, con los alimentos y con nuestra salud”, explica Gustavo Schrauf, titular de la cátedra de genética de la  Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), durante una audiencia pública que se desarrolló a principios de mes en el Congreso de la Nación, en la que representantes de más de treinta organizaciones civiles, sociales y de productores, incluida la FAA, expusieron sus preocupaciones con respecto de lo que podría significar una nueva regulación para la producción de alimentos en la Argentina.

En medio del contexto conflictivo que atraviesa el sector agropecuario, en el que se entrecruzan la eliminación del Ministerio de Agroindustria, los despidos masivos en esa entidad – en particular en la hasta hace unas semanas Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)– la vuelta de las retenciones a las exportaciones, la eliminación de programas destinados al desarrollo rural y la caída del consumo, el Gobierno haya decidido retomar una discusión que lleva al menos dos décadas de controversias con el objetivo de modificar la  Ley de Semillas (20.247), promulgada en 1973, cuando las que se usaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había estandarizado métodos para agregar partes de otros organismos dentro de ellas, algo que hoy se conoce como “evento” tecnológico y que en el país es pasible de ser patentado según la  Ley de Patentes 24.481 (vigente desde mediados de los noventa, cuando ingresaron al país las primeras semillas de soja transgénica, que cambiaron radicalmente el modelo agrario local).

La Comisión de Agricultura de Diputados había intentado retomar este debate a fines de agosto y, desde entonces, han sido reiteradas las protestas en forma de semillazos, radios públicas y ferias de productores en distintas ciudades del país en contra del avance de la que fue bautizada como “Ley Monsanto/Bayer de semillas”, que beneficiaría a unas pocas empresas multinacionales.

Representantes de diversas organizaciones de la agricultura familiar se hicieron presentes frente al Congreso de la Nación en protesta por la intención del Gobierno de sancionar una nueva norma de semillas.

“Un argumento muy fuerte de por qué es necesario cambiar la ley es que es antigua y que se generaron muchas tecnologías genéticas desde que se promulgó, pero en los proyectos que se están evaluando no se habla de ninguna tecnología ni se hace un análisis de qué tecnologías incluir o no, y cuál o cuáles favorecerían al país para su desarrollo”, dice Scharuf, y ejemplifica: “Hoy hay transgénesis y edición génica, pero también hay técnicas tradicionales como los injertos, que sabemos que influyen genéticamente y pueden implicar algo muy novedoso que estamos redescubriendo, que es la epigenética”.

Además, los “eventos” patentables en la actualidad suelen ser muy costosos y por eso son restrictivos a unas pocas empresas biotecnológicas que pueden llevar adelante esos desarrollos. “Hay una apuesta de que son las empresas las que van a desarrollar eso, pero hasta las mismas empresas han tomado desarrollos de las universidades. Si queremos desarrollar el conocimiento y tener una ley que lo favorezca, lo primero que hay que hacer es no cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología”, dice Schrauf y agrega que “este proyecto suena a engaño”, entre otras cosa porque, al mismo tiempo en que se plantea que el  Instituto Nacional de Semillas (INASE) tenga un rol central, se expanden los rumores de posibles despidos en esa institución.

Hecha la ley, hecha la trampa

Las empresas que han patentado semillas, como Monsanto (hoy Bayer) no se conforman con cobrar regalías por la propiedad intelectual al momento de vender esos insumos. También quieren cobrarlas sobre las semillas cosechadas y para eso han agregado lo que se conoce como “cláusula Monsanto” en los contratos particulares que establecen con los productores. Así, quien quiere cultivar soja, por ejemplo, debe pagar regalías al comprar las semillas que contienen el evento transgénico (que también son granos, según el uso que se les quiera dar) y, de acuerdo con ese contrato, también deberán pagar por el evento transgénico cuando quieran vender la oleaginosa cosechada.

“Si esa cláusula es válida, no discutamos la ley de semillas ni las patentes, porque ya rige la ley Monsanto”, afirma el especialista Aldo Casella, uno de los autores del proyecto de ley propuesto por la FAA, y afirma que en el seno de esa organización han propuesto, como elemento de negociación, que las grandes compañías que dicen no poder cobrar sus regalías lo hagan solo con los productores que entregan más de 1500 toneladas de soja y trigo, ya que de acuerdo con las estadísticas el 70% de esa producción, especialmente de soja, es producida por el 15% de los productores. “Por lo tanto, acuerden con ellos pero no consideren como excepción al pequeño productor”, dice.

En Corrientes, los pequeños productores también protestaron con un semillazo por la grave crisis en el sector.

Con esta afirmación, el especialista se refiere a una de las cuestiones centrales de esta controversia: el denominado derecho del obtentor, que hoy tienen todos los productores, de conservar semillas de sus cosechas para uso propio. Quienes defienden la denominada Ley Monsanto/Bayer de semillas pretenden que ese derecho se transforme en excepción, con lo cual los productores podrían ser criminalizados si continúan llevando a cabo esta práctica habitual y muy antigua de los agricultores (incluido el intercambio de semillas).

“Cualquier derecho que tenga el agricultor de uso de semilla propia estaría condicionado si dentro de esa variedad hay una patente. Por eso, en el proyecto de ley –de la FAA– se establece que ningún derecho de patente puede obstaculizar el derecho del agricultor al uso de las semillas”, agrega Casella y recuerda que la normativa actual está adherida a una internacional denominada UPOV del año 1978, que preserva ese derecho. Pero eso también está en riesgo de ser modificado por acuerdos con países que presionan para imponer la adopción de UPOV del año 1991, que establece que el titular de una variedad tiene derechos exclusivo de realizar cualquier acto con el material de reproducción de la variedad y, por lo tanto, todos quedan sujetos a la autorización del dueño sobre cómo usar la semilla.

“Hay un derecho propio de quienes han cultivado y promovido el desarrollo de especies domesticadas para uso humano, pero además hay un bagaje de germoplasma que tiene que ser preservado como potestad de los estados nacional y provinciales, acorde con lo que prescribe la Nación. Si dejamos espacios grises ocurre lo que hoy está pasando, que alguien captura rentas de algo que no está totalmente definido”, agrega el  diputado formoseño por el FPV-PJ Luis Basterra, vicepresidente primero de la Comisión de Agricultura, y propone que la ley “tenga claramente definido el concepto de recursos genéticos y sus derivados, tal como se encuentran en la naturaleza o en estado aislado, que no deben considerarse como inversión y por lo tanto no se podrán otorgar derechos de patentes”.

Al respecto, la bióloga Verónica Lozano, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena/Vía Campesina, recuerda incluir en la discusión al “sujeto verdadero” del fitomejorador, que de algún modo ha pasado a las empresas pero “todos sabemos que eso no es así, que cada una de las semillas tiene el trabajo colectivo de familias y mujeres, por miles de milenios. No permitamos la invisibilización ni la criminalización de ese sujeto: las semillas son producto del trabajo colectivo, por eso decimos que son patrimonio de la humanidad y nos proclamamos sus guardianes”, subraya.

“Hace mucho tiempo que los agricultores mantenemos las semillas, siempre estuvieron en nuestras manos y ahora quieren privatizarlas, modificándolas o haciéndoles cambios, y eso nos afecta mucho”, coincide Mariza Puma, de la (UTT). Y concluye: “En la UTT somos pequeños productores de origen boliviano que  hemos empezado a recuperar las semillas de nuestros padres y abuelos. Fue una herencia que nos dejaron y que queremos dejarle a nuestros hijos, no a empresas multinacionales”.

Fuente: UNSAM