Críticas a la “economía verde” desde la sociedad civil latinoamericana

Expertos y representantes de organizaciones de la sociedad civil cuestionaron esta semana en La Paz el principio de “economía verde” que se debatirá en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Rio2012), por considerar que su aplicación supondría “peligros para la economía, el medio ambiente y los derechos de los pueblos”, informó el portal de Plataforma Energética, espacio impulsado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), uno de los puntos focales de Social Watch en Bolivia.

María Teresa Lauron, representante de la organización Ibon Internacional, sostuvo en la Consulta Latinoamericana Rio+20 y Más Allá, realizada esta semana en La Paz, que “la economía verde promete crecimiento, pero no la sostenibilidad social”, “favorece a las grandes empresas” y “es poco probable” que su aplicación “evite el punto de inflexión en la crisis climática”.

“La economía verde viene a mercantilizar nuestros recursos naturales, el agua, el aire, la tierra, el territorio”, dijo el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu Rafael Quispe, quien postuló la necesidad de construir una alternativa basada en el buen vivir y el respeto a la naturaleza.

“La economía verde es darle una nueva oportunidad a los que ya fracasaron rotundamente en la gestión del desarrollo y el cuidado ambiental. Es una forma de reciclar el capitalismo”, afirmó en la consulta la experta chilena Camila Montecinos. “Ellos ocasionaron los problemas ambientales y ahora quieren cobrarnos por intentar resolver los problemas”, agregó.

Por su parte, el abogado argentino experto en cuestiones ambientales Enrique Viale consideró que “la economía verde enmascara y exacerba el extractivismo, controlando bosques y comunidades indígenas” con el objetivo de apropiarse de territorios y desplazar a las comunidades campesinas.

La boliviana Carmen Capriles advirtió que el riesgo para las áreas protegidas y la biodiversidad “se sentirá con mayor intensidad en los países megadiversos como Bolivia”.

La nicaragüense Georgina Muñoz postuló como alternativa a la economía verde la participación activa de los pequeños productores agrícolas. “Las cooperativas rurales son fundamentales en la generación de un nuevo modelo de desarrollo, con respeto al medio ambiente y como vía para superar los problemas de la pobreza”, dijo la experta.

El ecuatoriano Miguel Palacín de la organización indígena CAOI, advirtió que sigue vigente en América Latina la “doctrina de la conquista”, lo cual obliga a avanzar en la consagración real de los derechos de los pueblos originarios.

Un representante del gobierno boliviano, Diego Pacheco, ratificó en la consulta de la sociedad civil latinoamericana que su país “rechaza la economía verde, porque primero se considera a la naturaleza como un capital natural, lo que es un retroceso. La naturaleza no es un objeto, sino que es un sujeto que tiene derechos”, agregó.

Pacheco informó que el gobierno de Bolivia procurará en Rio2012 trabajar de manera articulada con los países latinoamericanos y caribeños y con el Grupo de los 77 (que representa al mundo en desarrollo) y China.

Informe de Social Watch

En el marco de la consulta en La Paz, fue presentado el Informe de Social Watch 2012, por iniciativa de los dos puntos focales en Bolivia de esta red internacional de organizaciones de la sociedad civil, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La Consulta latinoamericana Rio+20 se desarrolló el miércoles y jueves con la participación de 200 representantes de 12 países, con 26 expositores.

En la segunda jornada de deliberaciones, los cuatro paneles especializados advirtieron sobre los peligros de la mercantilización de la naturaleza, el avance de los agronegocios y el extractivismo y la denominada “economía verde”.

Tras la presentación de las conclusiones preliminares de los paneles, la plenaria de la consulta preparaba una declaración pública.

Fuente: Social Watch