Cotabambas: defensores en riesgo de ir a prisión
Este 19 de marzo inicia audiencia de apelación en el caso donde 11 defensores ambientales y derechos humanos de Cotabambas enfrentan hasta 9 años de prisión por protestar contra la minera MMG Las Bambas.
Once defensores del territorio de Cotabambas (Apurímac) se encuentran en riesgo de ir hasta 9 años presos por ejercer su legítimo derecho a la protesta contra abusos de la minera MMG Las Bambas.
Los defensores ya fueron sentenciados en primera instancia y este 19 de marzo iniciará la audiencia de apelación donde se tomará una decisión clave que puede marcar su absolución inmediata o privación de libertad.
Desde la campaña “Defensores y defensoras”, respaldada por diversas organizaciones, exigen al Poder Judicial un fallo absolutorio que garantice justicia y ponga fin a este proceso arbitrario que busca desmovilizar la legítima protesta social.
Además, alertan a la comunidad nacional e internacional sobre “el peligroso uso del sistema de justicia para favorecer los intereses de MMG Las Bambas y reprimir a las comunidades afectadas”.
“La empresa no solo se ha constituido como parte civil en el juicio, sino que ha exigido una reparación civil de 80 mil dólares, que en primera instancia le ha sido otorgada sin mayor fundamento en los hechos ni en la ley”, indican.
La campaña “Defensores y defensoras” pone a disposición un pronunciamiento exigiendo justicia por los defensores e invita a organizaciones y ciudadanos a firmarla y unirse a esta exigencia: goo.su/fHkvFu
Origen del caso
Desde hace 10 años, las comunidades afectadas por el megaproyecto minero Las Bambas han sido víctimas de represión, violencia y persecución judicial.
En septiembre de 2015, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de un convenio de seguridad privada firmado con Minera Las Bambas S.A.C., reprimió brutalmente una protesta legítima contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental sin consulta previa.
La represión dejó como saldo el asesinato, por parte de la PNP, de tres comuneros: Beto Chahuallo Huillca (24 años), Alberto Cárdenas Chalco (23 años) y Exaltación Huamaní (30 años). Un año después, la PNP asesinó a otro comunero, Quintino Cereceda (42 años).
Pese a la violencia estatal, ni la PNP ni los ejecutivos de la empresa involucrados en la misma han sido procesados por estos hechos.
Por el contrario, la empresa MMG Las Bambas impulsó un proceso penal contra más de 300 personas defensoras del territorio, de las cuales 37 fueron llevadas a juicio y, finalmente, 11 han sido condenadas.
Sentencia peligrosa
Virginia Pinares, premio nacional de Derechos Humanos, es una de las procesadas por este caso. Conoce la historia de los demás defensores criminalizados en este enlace: https://x.com/RDefensores/status/1901654280408297929
La sentencia de primera instancia fue dictada el 25 de julio de 2024 por el Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas basándose en “supuestas pruebas de cargo” que no acreditan la participación individual y/o colectivos de los acusados.
El proceso, además, estuvo plagado de “irregularidades, dilaciones indebidas y falta de garantías, evidencia la parcialidad de la fiscalía y el juzgado unipersonal en favor de los intereses de la empresa”, denuncian.
De ratificarse la condena, añaden, se estaría consolidando “un grave precedente para la criminalización y denuncia penal contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el Perú”.
Actualmente, la defensa legal ha apelado la sentencia, y en los próximos días, el 19 de marzo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac iniciará la Audiencia de Apelación y tomará una decisión clave al respecto.
“Hacemos un llamado a la solidaridad de organizaciones sociales, de derechos humanos y ambientales, así como a la ciudadanía en general, para que alcemos la voz contra este abuso de poder. No permitamos que 11 defensores sean privados de su libertad por exigir respeto a sus derechos y a su territorio”, apuntan.
Fuente: Resumen Latinoamericano