Costa Rica: en retroceso a los Derechos Humanos Indígenas

Costa Rica se presenta al mundo como un país de cultura de paz a partir del fin de la guerras que sacudió Centroamérica en los 80, y se dice que fue ejemplar en la implementación de protocolos para la conciliación y paz en todos los niveles de la vida pública.

Pero, actualmente a sufrido un revés a plenitud de los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas y empobrecidas, en donde la criminalización de la protesta es la nueva amenaza que las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales sufren actualmente.

Este escenario es visible en el conflicto territorial en Salitre, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas, a 5 horas de la capital costarricense, en donde mantienen una férrea lucha por la recuperación de sus tierras hace más de 2 décadas.

Según el último censo nacional del año 2000 hay 9,645 personas Bribri, cuya población ha sufrido el despojo de sus bienes y espacio legal, reconocido por las leyes nacionales en materia indígena como es la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977 y convenios internacionales como el 69 de la OIT.

Al conflicto territorial de Salitre lo caracteriza la violencia y la complejidad que lo generó.

Entre las partes involucradas encontramos indígenas que dedican su vida al desarrollo de la tierra, el cuido del bosque y el desarrollo cultural, y por otro lado los no indígenas, llamado también finqueros, que son colonos que invadieron tierras dentro del territorio indígena de forma ilegal hace ya más de 20 o 30 años, dedicados especialmente a la ganadería extensiva. Actividad que ha generado un acaparamiento de grandes extensiones de tierra en manos de pobladores no indígenas.

Este conflicto, se puede interpretar como una continuidad de la colonización española en América, cuyos patrones de conducta son evidentes en la usurpación o invasión por medio de la fuerza y violencia y al mismo tiempo que la justicia local carece de los instrumentos legales necesarios para evitar el derrame de sangre. Claras pruebas fueron los hechos de julio del 2014, en donde ranchos fueron quemados y las vías de acceso a salitre fueron obstruidas por los finqueros.

Nuestro equipo de trabajo acudió al sitio para estudiar el caso con mayor detenimiento, considerando otros informes sobre la situación en Salitre pudiendo constatar la violencia hacia los indígenas en formas muy diversas como persecución, humillación, amenazas, actos racistas, golpes, machetazos, tortura y agresiones sicológicas a mujeres y niños. Máxime un escenario social, en donde impera el terror y la inacción del gobierno central y de medios de comunicación comercial que informan a medias la cuestión en Salitre.

La ausencia de una efectiva justicia o la falta de voluntad de las autoridades centrales por darle paz al territorio, es uno de los reclamos más importantes por parte de los indígenas. Pese a que al sitio de confrontación fue la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga a dialogar en el 2014, no se ha logrado contrarrestar los hechos que empaña los derechos humanos para Costa Rica.

Ante tales hechos, los representantes de los indígenas afectados han interpuesto más de 6 denuncias, cuyos resultados no se hicieron efectivos, algunos por supuestamente carecer de pruebas. Pero son abundantes testimonios y pruebas físicas: casas destruidas, machetazos, orificios de bala sobre techos, y el relato de los golpes, amputaciones y herida de bala ejecutadas por parte de los finquemos.

Para el noviembre del 2014, procede la captura del indígena Sergio Rojas miembro del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), que además de ser amenazado de muerte y ha sufrido atentados contra su vida por las acciones que conllevan a la recuperación de sus tierras. Dicha acción pone por más de 6 meses de cárcel hasta lograr una medida cautelar a favor del preso.

Durante la semana del 13 de julio, la recuperación de tierras se puso en marcha por los Bribri, ya que es legitima la acción, en donde ha sido realizada en custodia de policías, orden emitida por los tribunales nacionales. Pese a las amenazas de los finqueros, 20 familias procedieron a bloquear el camino de acceso a Río Azul, expresando que el gobierno cumpla con las medidas cautelares, y rechazando las amenazas de los no indígenas.

Por otro lado, múltiples organizaciones de pueblos indígenas piden que se apruebe el proyecto de ley 14352, que busca el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que su espíritu legal conllevaría a la paz para su desarrollo humano, así como de otras exigencias como la atención a la tenencia de tierras, el desarrollo de políticas públicas en los territorios indígenas. A tales fines, las Naciones Unidas ONU, pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense.

Para formalizar dichos preceptos, los acuerdos entre las partes y la representantes del gobierno tico, que dirige Guillermo Solís, firmados el 8 de julio del 2014 deben se hacerse efectivos, la cual se acordó resolver las tenencias de tierras en Cebror, Río Azul y Puente. Así como control y vigilancia en el territorio indígena. Pero como relevancia la figura de indemnización puede ser la salida a dicho conflicto.

Para los observadores de los derechos humanos y voces expertas, el Estado debe cumplir a cabalidad las leyes en materia de derechos humanos, máxime para la paz, el desarrollo y protección de los ciudadanos. La cual implica la participación de las altas autoridades hasta los estamentos policiales, en donde se decreten acuerdos de conductas imparciales para evitar favoritismo y corrupción de finqueros a la policía. Además, el libre tránsito y respeto a periodistas y medios de comunicación, que no pudieron cubrir los hechos registrados. Es importante destacar que los indígenas rechazan la injerencias de la empresa piñera Pindeco, quienes han influenciados para apoyar a los no indígenas.

Hasta el momento el Costa Rica sigue en deuda con los pueblo indígenas, especialmente con el de Salitre. En necesario exigir al gobierno tico la protección y ejercicios de los Derechos Humanos para que en la oscuridad no quede impune las injusticias de quienes bajo fuego ultrajen la dignidad humana.

Fuente: Radio Temblor