Contra la ley de privatización de la semilla

Entrevistamos a Carlos Vicente, referente de la campaña “No a la nueva Ley de Semillas”.

La nueva ley recortará el derecho de replantar las semillas obtenidas en las cosechas anteriores. De esta forma, las corporaciones semilleras estarían habilitadas para cobrar regalías al agricultor cada vez que utilice una semilla, sujeta a los “derechos de obtentor”, es decir, se establecería un cobro por su reutilización. En los países donde esta ley ya rige se encuentra en peligro el uso libre y gratuito de las semillas, se criminaliza su intercambio, se persigue a los agricultores que no pueden pagar las regalías y se destruyen sus cosechas.

Las organizaciones que se oponen denuncian que con esta ley se va a otorgar a las corporaciones semilleras (Bayer-Monsanto, Syngenta y otras) el poder para acabar con el “derecho de uso propio” de los agricultores. Algo que constituye la esencia misma de la agricultura.  Hasta ahora, cuando un agricultor compra semillas ya está pagando por los derechos de propiedad intelectual (o derechos de obtentor). Esto le permite conservar una parte de las semillas que obtiene de la cosecha, para reutilizarlas y sembrarlas en el ciclo siguiente. La ley que se pretende impidiría estas prácticas ancestrales de la agricultura.

Para comprender mejor la problemática, entrevistamos a Carlos Vicente, integrante de la organización internacional Grain , de la articulación latinoamericana Alianza por la Biodiversidad y referente de la campaña No a la nueva Ley de Semillas.

¿Qué implica la nueva Ley de Semillas que impulsa el gobierno?

La modificación que quieren lograr con la nueva Ley de Semillas es la búsqueda de imponer el cobro de regalías cada vez que un agricultor guarda una semilla. Esto significa que si alguien compró una semilla por la que pagó las regalías al principio, cada año al cosechar y separar semillas para volver a sembrar, deberá hacer una declaración de cuántas semillas guardó y de nuevo pagar las regalías correspondientes.

Esto es un paso más en la privatización de las semillas. Las semillas se vienen privatizando desde hace años. La ley que tenemos vigente en Argentina desde el año 1973 ya permite el cobro de regalías y aplica el derecho de obtentor. Pero en este caso se profundiza, haciendo que cada vez que alguien quiera guardar semillas tenga que pagar regalías.

Además, es una ley que le da el poder de control al INASE (Instituto Nacional de Semillas). Si el INASE recibe una denuncia (de las corporaciones) de que alguien esté guardando semillas sin haberlas declarado, en cualquier etapa de la producción, ya sea cuando las está acopiando o cuando las transporta, puede hacer una inspección y controlar las semillas, para ver si estarían violando esa nueva ley. Por esto nos oponemos a la nueva Ley de Semillas y nos movilizamos al Congreso para expresar el rechazo.

¿Por qué cree que este proyecto de ley se hizo en secreto, a espaldas del pueblo y los pequeños productores?

Es una ley que se negoció entre el Poder Ejecutivo, el Secretario de Agroindustria,  Etchevehere, la Sociedad Rural Argentina y los semilleros en secreto.

Hace algunos meses ellos firmaron una acta de acuerdo, que nunca se hizo pública y la ley que están tratando de aprobar hoy no se corresponde con ninguno de los proyectos que se vinieron tratando durante los últimos dos meses. Por eso es una ley que nunca se hizo pública y recién ahora se está conociendo lo que quieren aprobar.

¿La Ley que se intenta aprobar es inconstitucional?

Si bien la Comisión de Agricultura hizo un show, durante el último mes, haciendo consultas, escuchando a un montón de sectores, lo concreto de la ley que se trata de aprobar es que se hizo absolutamente en secreto. No fueron consultados los pueblos originarios ni las organizaciones campesinas. Esta es una de las razones por las que rechazamos la ley e incluso vamos a pedir su inconstitucionalidad si sale el dictamen de comisión.

La Argentina adhirió al Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y éste exige que cualquier cuestión que afecte a los pueblos originarios obliga a que sean consultados de forma previa, libre e informada. Esto no se hizo de ninguna manera.

¿Quiénes se benefician con esta ley?

En realidad la nueva ley beneficia fundamentalmente a las semilleras (corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta y otras). Los grandes productores no se benefician directamente con la ley. Al contrario, ellos la han rechazado durante los últimos años porque obliga a grandes y a pequeños productores a pagar aún mayores regalías, que las que están pagando. Sin embargo los grandes productores,  aliados de Cambiemos,  reciben otros beneficios que el gobierno les da a través de sus políticas públicas, como por ejemplo la quita de retenciones.

En esta alianza que han hecho con el gobierno han decidido someterse al interés de las semilleras.

Modelo de negocios patentados

Como lo explicamos con  anterioridad,  la Ong. GRAIN, UPOV son las siglas en francés de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Oficialmente un organismo internacional, UPOV, trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales. Los estados miembros deben adherir a la Convención UPOV y convertirla en ley nacional. La Convención fue redactada por primera vez en 1961 y se ha modificado tres veces (en 1972, 1978 y 1991), fortaleciendo, vez tras vez, los derechos de las corporaciones y restringiendo lo que los demás pueden hacer con las semillas.

Tal como afirma Carlos Vicente “alguien que hizo el trabajo de multiplicar las semillas y de guardarlas para volver a sembrar se le podrá cobrar regalías. Las semilleras como Monsanto y Bayer, que se dicen los propietarios de las semillas, se benefician porque tienen la posibilidad de cobrarle regalías sin hacer absolutamente nada.

Es un inmenso negocio que va en contra de lo que es la esencia de la agricultura. La agricultura existe porque se guarda semilla, porque se la multiplica y porque se la comparte. Esta nueva ley hace que las semillas no se puedan guardar, no se puedan compartir y no se puedan intercambiar sin pagar regalías. Por eso vamos a dar pelea para que esta ley no se apruebe”.

Las llamadas leyes de derechos de obtentor incluyen las leyes de certificación, los registros de variedades y las leyes de comercialización que legalizan el abuso y el despojo. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Las semillas son patrimonio de los pueblos.

El próximo 22 de noviembre se tratará la ley en la Cámara de Diputados de la Nación y las organizaciones se preparan con  actividades frente al Congreso para visibilizar la resistencia y oposición a esta ley que beneficia a las corporaciones.

Fuente: Marcha