Conoce el balance de las movilizaciones que prorrogaron el mandato judicial contra los desalojos en la pandemia

A medida que se acerca el fin de la medida cautelar del Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendió los desalojos forzosos durante la pandemia hasta este jueves (31), la Campaña Cero Desalojos ha convocado a varios movimientos populares a movilizaciones nacionales en todo el país, con la intención de llamar la atención de la población sobre las eminentes amenazas de desalojo de miles de familias, en el campo y en la ciudad.

Después de la lucha nacional y la unión de varios movimientos populares urbanos y rurales, activistas y parlamentarios aliados en todo el país y el Acto Político “Brasil Sin Desalojo: Por la Tierra, el Techo y el Trabajo”, realizado el miércoles (30), en Brasilia, con la participación de más de 500 mil personas, el Supremo Tribunal Federal (STF) prorrogó la Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) nº 828, que impide los desalojos durante la pandemia hasta junio de 2022.

La decisión fue la segunda prórroga de la ADPF 828, presentada por el PSOL en colaboración con la Campaña Cero Desalojos en 2021 y contó con la sensibilidad del ministro del STF, Luiz Roberto Barroso, en relación con el problema del acceso a la vivienda y a la tierra durante la pandemia, al mantener la prohibición de los desalojos hasta junio de 2022.

La medida cautelar fue un logro para los movimientos populares, ya que es otro mecanismo que busca garantizar la protección de 132.000 familias, que suman más de 500.000 personas, que están amenazadas y que podrían verse afectadas por los desalojos durante la pandemia y perderían sus viviendas y territorios, en el campo y en la ciudad, si el ADPF 828 no fuese ampliado por el STF.

Según Kelli Mafort, de la dirección nacional del MST, la ampliación del amparo tiene un significado histórico y da un poco más de aliento a la lucha contra los desalojos en el país.

“La decisión fue muy importante porque se inscribe en una lucha histórica de los movimientos populares del campo y la ciudad por el legítimo derecho a ocupar la tierra. La ocupación cumple una función social en nuestro país porque el derecho a la vivienda, el derecho a vivir y el derecho a la tierra están garantizados por la Constitución [de 1988], pero si el pueblo no se organiza, lucha y ocupa esos espacios vacíos, no podemos conseguir nada. Por lo tanto, tiene un significado histórico, pero tenemos que seguir luchando, seguir movilizándonos, porque hemos ganado un respiro”, dijo la dirigente.

Durante el acto político en Brasilia, los movimientos populares que forman parte de la Campaña Desalojo Cero también enviaron al Supremo Tribunal Federal 5 mil cartas exigiendo la prórroga de la prohibición de desalojo mientras persista la pandemia.

En este contexto, el Acto Político de Brasilia pidió la defensa de los derechos de los trabajadores/as brasileños/as a la tierra y a la vivienda, prorrogando el ADPF nº 828, que había suspendido los desalojos durante la pandemia del Covid-19 sólo hasta el 31 de marzo de este año. La primera medida cautelar contra los desalojos durante la pandemia fue concedida en junio del año pasado, por el ministro del STF, Barroso, a favor de suspender los desalojos y las mudanzas sólo hasta diciembre de 2021.

Además del acto político en Brasilia, varias familias del MST se movilizaron en varios estados del país para exigir la ampliación del ADPF 828. Hubo acciones simbólicas como actos públicos, actos político-culturales y ecuménicos, audiencias públicas, actos frente a edificios judiciales, ocupación de organismos públicos, caminatas, protestas y plantación de árboles en los estados de Alagoas, Ceará, Bahía, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso, Río de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pará, Roraima, Río Grande do Norte y Maranhão.

Entre las personas movilizadas y amenazadas de desalojo estaba la señora Silvéria, de 108 años, que forma parte del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores por los Derechos (MTD) y vive en la ocupación Beira da Mata, en Aparecida de Goiânia (GO). Ella se unió a la movilización en Brasilia, por la ampliación de la ADPF 828 y su derecho a la vivienda y a permanecer en la ocupación durante la pandemia.

En este sentido, aunque la lucha contra los desalojos ha cobrado impulso en el país, Kelli explica que el plazo es corto. Por ello, informa de que los movimientos populares de la campaña Desalojos Cero también están “llamando a otra puerta en Brasilia, en el Congreso [Nacional]”. Pedimos una audiencia con el presidente de la Cámara [de Diputados], Arthur Lira, y también que la Cámara tome una posición concreta respecto a un proyecto de ley, para una nueva ley de Desalojo Cero en nuestro país, para que podamos lograr un plazo aún mayor.

Sin embargo, el temor de los movimientos populares brasileños se mantiene porque, incluso con la decisión del STF que impidió los desalojos forzosos durante la pandemia, un balance de la Campaña Cero Desalojos, muestra que durante la pandemia de Covid-19 un total de 27.618 familias fueron desalojadas de sus casas y territorios, registrando un aumento del 333% en la cantidad de familias desalojadas, si se compara con el período de marzo y agosto de 2020.

Tassi Barreto, de la dirección estadual del MST en São Paulo, llama la atención sobre el delito de desalojo contra las familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en este periodo de pandemia. “El desalojo es un crimen en cualquier momento, imagínese durante una pandemia con tanta hambre y desempleo como en Brasil”, denuncia.

La campaña “Desalojo Cero” fue lanzada por un grupo de movimientos populares para proteger el derecho a la vida, a la vivienda y al territorio de estas familias, cobrando al STF medidas que ayuden a proteger a miles de familias en el campo y en la ciudad amenazadas de desalojo o de mudanza forzada.

Fuente: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra