Colombia: las comunidades negras piden al gobierno respeto por su autonomia

Resistiendo a los fríos de la capital, más de 700 personas pertenecientes a las comunidades negras del suroccidente colombiano llevan más de 6 días de toma pacífica. Vinieron desde Tumaco y sus alrededores para protestar en contra de lo que ellos ven como una arremetida del gobierno de Álvaro Uribe para desmontar gradualmente los derechos adquiridos durante cientos de años de resistencia en estas tierras de América y que se vieron plasmados, en su mayoría, en la Normatividad Especial contenida en la constitución de 1991.

Así como viene pasando con el movimiento indígena que se ha hecho sentir con particular fuerza durante el actual gobierno a causa de las violaciones que éste mismo ha venido realizando en su contra, los pueblos afrodescendientes, que se han visto afectados por varias de las políticas que el gobierno nacional ha implementado en sus territorios, han decidido parar y exigir que sus derechos sean respetados.

En la toma de la iglesia participan los Consejos Comunitarios de la zona de Tumaco, figura contemplada dentro de la Normatividad Especial que brinda las posibilidades de autodeterminación y autonomía sobre las políticas que deben ser implementadas en sus territorios, y el Sindicato de Maestros de Nariño de la misma ciudad. Aunque con intereses y demandas diferentes, estos dos sectores de los afrodescendientes actúan como una sola comunidad, ya que lo que la define es la solución comunitaria de problemas que, así mismo, son comunes. Así, frente a los graves problemas de violencia, económicos y políticos que viven estas comunidades, decidieron unirse en una misma pelea y llegar con un pliego único de demandas ante las respectivas instancias del gobierno nacional.

Para Segundo Pio Bandera, presidente del Sindicato de Maestros, la “copa que derramó el vaso fue el decreto 3323, por medio del cual se convocaba a concurso a docentes y directivos docentes de todo el país en nuestros territorios”. Para Segundo, éste es un decreto lesivo para las comunidades afro, pues convoca a docentes de todo al país a que participen en un concurso para poder ser profesores de las clases de etnoeducación, las cuales están siendo dictadas por profesores de las mismas comunidades, pues son ellos mismos, según dicen las propias comunidades, los que conocen la cultura de los afrodescendientes y por lo tanto son los más indicados apara dictar asignaturas referentes a estos temas.

Este decreto deja por fuera a los bachilleres pedagógicos, a los técnicos y a los tecnólogos, quienes hacen parte integral del sistema educativo, pues son ellos quienes realizan el trabajo en zonas marginales y con altos índices de violencia hace ya más de 15 años. Además de que en el concurso pueden participar personas que desconocen completamente la cultura y el territorio de los afrodescendientes y por lo tanto no están calificadas para impartir este tipo de cursos en los colegios, las comunidades alegan que el ingreso de personas desconocidas en esos territorios pueden traer problemas con los actores armados y entorpecer el proceso educativo que llevan construyendo en sus territorios colectivos.

Pero esta no es la única demanda del pliego de exigencias. Así como dijo Segundo, el problema de la educación fue solamente la gota que rebosó el vaso. Desde hace un tiempo, las comunidades negras se han visto amenazadas por diversas estrategias de los grupos armados y del gobierno nacional para desplazarlos de sus territorios y acabar con la organización comunitaria que han logrado construir a través de sus consejos.

Para Ana Granja Castillo, representantes de alto nivel del Consejo Comunitario del sur del pacífico, que agrupa a más de 3 Consejos Comunitarios de esa zona, la pelea de las comunidades negras también es en contra del TLC, las fumigaciones, el otorgamiento de licencias a proyectos industriales dentro de los terrenos colectivos, la violencia dentro de sus territorios, la Ley Forestal y el censo que se lleva a cabo actualmente a nivel nacional.

En el caso de las fumigaciones, éstas no sólo están afectando a los cultivos ilícitos, sino, en palabras de Castillo, “también a los lícitos. Y más a los lícitos. Las fumigaciones también están afectando a los animales, que se están muriendo”. Para las comunidades, el problema de la erradicación debe ser concertado con ellas, brindando al mismo tiempo otras posibilidades para la sobrevivencia de aquellos que se dedican a este negocio por la falta de empleo y oportunidades.

Uno de los problemas más inquietantes para los afrodescendientes tiene que ver con la última resolución del INCODER, mediante la cual se desconocen los derechos de los territorios comunitarios y se favorecen los intereses de particulares, fomentando el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala que sólo tendrán como consecuencia la deforestación y destrucción de la biodiversidad y el desplazamiento de las comunidades que en esos territorios habitan.

“Así como lo está viendo el país”, - dice Castillo -, “va a haber un masivo desplazamiento de las comunidades negras hacia las ciudades”, pues, según dicen ellos, el territorio en el que viven está siendo entregado a grupos que fomentan un desarrollo contrario a la forma de vida de las comunidades negras y traen consigo problemas de violencia, así como lo han evidenciado diferentes investigadores en el sentido de que la siembra de palma que se viene haciendo en estos territorios va de la mano con la consolidación política y económica del paramilitarismo.

Para Jairo Castillo, del Proceso de Comunidades Negras (PCN), el gobierno propone una falacia, pues dice que las mismas comunidades pueden entrar a concursar en estas iniciativas industriales, pero para que una iniciativa de estas sea productiva – dice-, se necesita la siembra de más de 1000 hectáreas, lo cual implica una gran inversión en maquinaria, insumos químicos y en general una inversión que para estas comunidades, en el caso en el que quisieran hacerlo, es imposible hacerla. Así, en el mejor de los casos, si las comunidades no son desplazadas de sus territorios ancestrales por la vía de las armas, como viene ocurriendo actualmente, entonces son contratados como mano de obra barata mientras que personas extrañas a la comunidad sacan el provecho económico de estos proyectos. Todo esto, dicen ellos, sin contar con la destrucción de las selvas, de los animales y de toda la fauna que se va a ver perjudicada por estos monocultivos.

Frente a la Ley Forestal, la Posición es que no se firme, pues esta ley busca convertir sus territorios en mercancías, estimulando la tala indiscriminada de los bosques y fomentando, por lo tanto, la usurpación de todo el sistema selvático. Contra este proyecto se han sumado las voces de los ambientalistas, de varias ONG´s, de periodistas y de varios políticos que ven en ella la posibilidad de que las grandes empresas madereras saquen ganancias a costas de la destrucción de nuestro territorio, especialmente del territorio de los negros e indígenas, que son las comunidades que principalmente los habitan.

Otro de los puntos en discusión tiene que ver con el censo. Según las comunidades, la concertación que se venía realizando con el gobierno nacional para que las comunidades afrodescendientes sean en realidad contadas dentro de él, fue roto unilateralmente por éste, posibilitando que se presenten problemas a la hora de contar a los más de 10 millones de afrodescendientes que viven en Colombia. Para las comunidades es muy importante que los cuenten como afrodescendientes, pues las políticas a futuro que se vayan a tomar dependen directamente de la población que exista, y si el gobierno no los cuenta, eso significa que no existen, lo cual generaría la aplicación de políticas públicas erróneas y hasta perjudiciales hacia estas comunidades.

La persistencia de las más de 700 personas que participan de la toma ha sido fructífera, pues el pliego propuesto ha sido aceptado en su mayoría por el gobierno nacional, que, a través de sus ministerios de educación y del ambiente, y de instituciones como el INCODER, ha pactado con las comunidades los principales puntos de sus exigencias. Sin embargo, para los afrodescendientes, a pesar de que esta es una lucha que están ganando y que saben que van a ganar, es sólo el comienzo de una toma de consciencia de las comunidades para luchar por sus derechos. Para Castillo, “El gobierno no ha visto nada del proceso de las comunidades negras que se le va a venir encima, porque nos está violando derechos y no da la cara para responder por estas violaciones”. El PCN, que ha venido liderando este proceso con Carlos Rosero, candidato a la cámara por la circunscripción especial de las negritudes, y Hernán Cortés, ha dicho que la pelea de las comunidades negras va a durar hasta que sus derechos sean plenamente reconocidos y protegidos.

La toma pacífica durará hasta que el gobierno haya aceptado, de manera escrita, todas sus exigencias.

Fuente: Censat