Colombia: biodiversidad y crímenes de lesa humanidad 10 años después “Génesis”

En el marco de dicha operación militar se produjo el asesinato de Marino López y el desplazamiento forzado de más de 2000 personas entre indígenas, campesinos y afrodescendientes, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como parte de los actos conmemorativos de la operación “Génesis”, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó la Audiencia sobre Biodiversidad y Crímenes de Lesa Humanidad en la zona humanitaria de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca del río Cacarica, durante los días 25 y 26 de febrero de 2007. Dicha sesión dio continuidad al análisis del problema de las empresas multinacionales en Colombia, en su actividad de extracción de recursos naturales con apoyo de la fuerza pública colombiana y grupos paramilitares.

La audiencia fue precedida por un recorrido por la región, en el que un nutrido grupo de personas, incluyendo a los jueces pudieron verificar la situación humanitaria de los pobladores, así como los impactos sociales y ambientales de los proyectos de “desarrollo” que adelantan varias empresas.

En el marco de la audiencia se realizaron exposiciones acerca de la biodiversidad y biopiratería, palma y biocombustibles, política ambiental y agraria y transgénicos en Colombia y se recibieron denuncias contra varias empresas, como Smurfit Kapa – Cartón de Colombia, Multifruits S.A., PIZANO S.A. y su filial Maderas del Darién, URAPALMA S.A., Monsanto y Dyncorp.

Entre las acusaciones se destacan la destrucción de ecosistemas, la contaminación de fuentes hídricas, la ruptura del tejido social, el exterminio de formas o medios de producción tradicionales, la siembra ilegal de palma y otros productos, la explotación de especies de flora en vía de extinción, el aprovechamiento y promoción de las estructuras paramilitares para proteger y mantener sus proyectos económicos, lo cual llevó a la realización de múltiples crímenes. El Tribunal señaló también, como el Estado colombiano por acción y por omisión, a través de la XVII Brigada facilitó y contribuyó a la realización de estos hechos, lo cual resulta aun más grave si se tienen en cuenta los altos índices de impunidad frente a lo que ha venido ocurriendo en el Bajo Atrato Chocoano.

De acuerdo al material probatorio recopilado, el Tribunal indicó que “las políticas promovidas e impuestas por el estado colombiano atentan gravemente contra la biodiversidad agrícola y forestal que fue utilizada sustentablemente durante siglos por las comunidades indígenas afrocolombianas y campesinas”. A ello ha contribuido el proceso violento de expulsión de la población, la imposición de monocultivos industriales, así como la aplicación masiva e indiscriminada de herbicidas que ha llevado en la práctica, no solo a un control económico, sino también social que ha desencadenado un continuo proceso de pérdida de autonomía, por parte de las comunidades.

En relación con la población indígena, afrodescendiente y campesina, el Tribunal indicó que: “la ocupación del territorio por las comunidades ha permitido el desarrollo de saberes, costumbres, practicas ancestrales que propiciaron el perfeccionamiento de técnicas agrícolas sostenibles preservando y ampliando la biodiversidad local. Asimismo, el sistema de producción generó el equilibrio necesario para establecer unas formas dignas de vida y de convivencia”. Sin embargo, esas formas de vida han sido catalogadas como obstáculos para los modelos de desarrollo a gran escala, y en esa medida se podría explicar la grave situación humanitaria que se vive en la región.

Al respecto, se señala que: “las políticas promovidas e impuestas por el estado colombiano evidencian un cuadro generalizado y sistemático de violación de los derechos humanos fundamentales, en el marco de un proceso de brutal reorganización de la sociedad colombiana, merced a la destrucción de sus tejidos sociales, en pro de un proyecto de rediseño económico y social en beneficio de compañías transnacionales”. Incluso se evidenciaron rasgos de un verdadero genocidio que obedece a las lógicas de refundación de toda una sociedad para servir a los intereses económicos de las empresas transnacionales.

Una vez constatados estos hechos el Tribunal resolvió: “1) elevar las acusaciones y las pruebas recogidas a la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos; 2) comunicar el dictamen emitido a las pueblos indígenas, pueblos afrocolombianos y comunidades campesinas que han sufrido los impactos de la acción destructiva de las transnacionales y a las organizaciones solidarias con las anteriores, igualmente a los trabajadores, organizaciones académicas y estudiantiles, a la Fiscalía General de la Nación , a las altas cortes y organismos de control de Colombia, redes de comunicación alternativa, medios masivos de información, la Unión Africana , Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Corte Penal Internacional, a las empresas acusadas, sus casas matrices y los Estados donde tienen sede; 3) Expresar su solidaridad y reconocimiento al dolor de las víctimas; 4) Apoyar vivamente su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral, restablecimiento de los derechos conculcados y la garantía de que los crímenes no se repitan”.

Fuente: Actualidad Étnica