Colombia: Zidres, contrarreforma agraria

Esta contrareforma agraria ya no es violenta como el despojo paramilitar sino legal por medio de las bancadas uribistas y de la Unidad Nacional en beneficio de los agronegocios y las multinacionales.

VOZ habló con el único ponente del proyecto de ley 223 de Senado cuyo voto será negativo: Inti Asprilla. Es representante por Bogotá de la Alianza Verde, pero hace parte de la bancada multipartidaria en que participa el Polo Democrático Alternativo, que defiende al campesinado y se opone a los intereses de los grandes negociantes que están detrás de los baldíos en Colombia.

–¿Cuál es el peligro que representan las Zidres para el campo colombiano?

Es una contrarreforma agraria en determinadas zonas del país. Las Zidres son identificadas como zonas de difícil desarrollo, con bajos índices de pobreza, alejadas de los centros urbanos, es decir: zonas en cualquier lugar de Colombia. Con esto se abre el camino para que los campesinos sean expropiados para darle tierra a los empresarios, se borran de un tajo las condiciones de adjudicación de baldíos, entre otras. Según la exposición de motivos, las Zidres estarán en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Putumayo, Cauca y Antioquia, y serán los ministros del gabinete quienes determinen cuáles zonas del país se conviertan en Zidres.

–¿Esa contrarreforma cambia la naturaleza de los baldíos?

Se va a permitir que los empresarios y multinacionales adquieran en gran medida tierras baldías. Lo que hace la ley 160 de 1994 es determinar que las tierras denominadas baldíos sean para los campesinos, no para los ricos. La ley establece que después de adjudicados los baldíos estos se puedan vender condicionalmente a otro campesino con el fin de cumplir la función social y ecológica de la tierra.

Las Zidres quieren que esas tierras queden en manos de los empresarios. En el artículo 7 del proyecto se definen nuevas formas de adjudicación de la tierra. Entre ellas se suprimirá lo que dice la ley 160 de 1994, en donde expresa que propietarios de baldíos no podrán ser aquellos que posean un patrimonio superior a los 100 salarios mínimos legales vigentes.

–¿Serán inconstitucionales las Zidres?

Efectivamente, las Zidres son una violación voluntaria y adrede de la cosa juzgada constitucional. Todo el origen del proyecto de ley son las denuncias de los proyectos de acumulación de predios baldíos. La Corte Constitucional ha dicho que cuando se le adjudica al campesino el baldío, lo hace con el fin de que esa propiedad circule entre los campesinos, pero si este lo vende a una empresa, como pretenden las Zidres, no se está cumpliendo con la finalidad que es la reforma agraria para el campesino y en cambio alienta la concentración de tierra y el latifundio que es una causa del conflicto.

–¿Los parlamentarios uribistas y de la Unidad Nacional son conscientes de lo que hacen?

La técnica legislativa del proyecto es la trampa, el engaño y una mentira. No es la primera vez que quieren modificar la ley. Cuando lo hicieron de frente alterando la Constitución, la Corte tumbó el proyecto, ahora lo quieren hacer de otra manera con otros tecnicismos. La trampa está en que tapan su intención muy bien y ahora modifican la ley 160. El proyecto viola el principio de unidad de materia. Quiere decir que desde el principio y desde su título se definen sus objetivos pero este proyecto nada tiene que ver, según su título, con baldíos. En esencia es un proyecto de modificación constitucional de territorios baldíos. Es evidente.

–Eso que usted denomina interpretación amplia dentro del proyecto que cursa en el Senado, ¿qué significa?

La primera sospecha fundada del proyecto en la Comisión Quinta. Hago ver que las Zidres pueden ser declaradas en el Catatumbo, o en cualquier parte del país. El ministro de Agricultura me confesó que las Zidres no están identificadas. Inicialmente, este proyecto estaba diseñado para la altillanura pero a la hora de ser aplicado podrá ser extendido al Pacífico, al Urabá antioqueño. El Gobierno quiere carta abierta para hacer una contrarreforma agraria. Así le mienten a la gente.

–¿Para el proyecto Zidres qué es la utilidad pública?

Otro engaño. La utilidad pública es la base jurídica desde el punto de vista administrativo para iniciar procesos expropiatorios. En la ley 160 se consagran los fines de la utilidad pública, por ejemplo que las tierras sean para comunidades indígenas o afrodescendientes, darles tierra a comunidades o familias desplazadas, eso es utilidad pública. Que no nos digan que quitarle la tierra a un pobre y dársela a un rico es utilidad pública. Eso es abiertamente inconstitucional, están sentando las bases de la expropiación.

–En la ponencia negativa al proyecto, usted menciona otra ilegalidad: la consulta previa a comunidades. ¿Cómo es eso?

La consulta previa la están soslayando. Estuvimos en el departamento del Vichada, en donde más del cincuenta por ciento de la población es indígena y allí hay, al menos, cuarenta solicitudes de ampliación y protección de resguardos indígenas. Aunque el proyecto de ley dice que las zonas de resguardo indígena no pueden entrar en las Zidres es evidente que los monocultivos, que serán las actividades productivas de esas empresas, van a afectar los resguardos.

El convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace parte del bloque constitucional, señala que cuando hay afectaciones de territorios ancestrales e indígenas debe hacerse una consulta previa. He insistido en la Comisión Quinta en estudiar con detenimiento ese tema y que lo hiciéramos con mapa en mano, pero no ha sido posible.

–¿Las Zidres parecen un golpe al proceso de paz?

Es una preocupación que existe. El conflicto armado tiene orígenes en la tierra y el punto primero de La Habana tiene que ver con el desarrollo rural, pero este proyecto lo que hace es ir en contravía del acuerdo de paz. Nos genera sospechas de qué tan comprometido está el Gobierno Nacional con el proceso de paz si tiene un aparato legislativo y un Incoder que van en contra de la Mesa de La Habana.

Fuente: Agencia Prensa Rural