Colombia: La Anglo Gold Ashanti en el suroeste antioqueño

El año 2017 significó importantes victorias para el movimiento social en defensa del agua, la vida y el territorio, entre las que se encuentra el rotundo NO a la minería a gran escala por varios municipios vía consulta popular. Así como las sentencias de la Corte Constitucional que ratificaron la competencia de los municipios para ordenar las actividades mineras en sus territorios, los derechos bioculturales del río Atrato, el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos y las afectaciones de la expansión minera al arroyo Bruno.

A raíz del éxito notorio de la consulta popular de Cajamarca y el auge de las consultas populares en el país, los sectores alineados con el modelo económico extractivista cuestionan la autonomía de los municipios. La industria minera continúa destruyendo territorios, donde no importa arrasar ni sacrificar la vida y la dignidad humana, amparados por las políticas públicas nacionales que desde una racionalidad economicista niegan el principio constitucional de autonomía territorial otorgado a los municipios para la reglamentación de los usos del suelo, el agua, la protección a la tradición campesina, la cultura indígena, la vida en comunidad, y la construcción de la visión de futuro de los terrarios. Derechos constitucionales que no son reconocidos por el Plan Nacional de Desarrollo Minero ni las multinacionales mineras.

Este es el caso de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti –AGA–, que tiene varios proyectos en curso en nuestro país, entre ellos Gramalote, en San Roque; Quebradona, en Jericó y Támesis, ambos municipios antioqueños. Esta multinacional minera hizo pública su presencia en Colombia en el 2003. Hoy día opera a través de distintas filiales o tiene contratos de riesgos compartidos con otras mineras como Glencore, B2Gold, Greystar y Goldfields, y es la empresa minera más grande de Colombia con 496 títulos en 20 departamentos, con un área de un millón de hectáreas.

El accionar de la AGA es conocido en el planeta, en 2005 Human Rights Watch (HRW) denuncia en su informe titulado “La Maldición de oro” que esa empresa le dio apoyo financiero y logístico al Frente Nacionalista e Integracionista (FNl) –un grupo armado al margen de la ley en el Congo– a cambio de favores políticos y logísticos. En el 2008 la multinacional fue denunciada en Teberebie, Ghana, por contaminación de agua y por adueñarse de ese bien natural común y de las tierras en la zona, causando graves afectaciones ambientales y a la salud humana. Además fue acusada de tortura a personas de las comunidades que se oponían a la minera. Por estas prácticas obtuvo el premio “Public Eye Award”, o “Premio a la vergüenza” que otorga Greenpeace a empresas con flagrantes abusos a los derechos humanos y crímenes medioambientales.

El conflicto por la extracción de minerales no es nuevo en el suroeste antioqueño. Desde que la empresa llegó a la región ha generado resistencia. El temor de la población está basado en las exploraciones que desde hace 12 años realiza esta compañía en la vereda Quebradona, del municipio de Jericó. Habitantes de la zona manifiestan* que la AGA hizo una perforación en uno de los acuíferos que no fue recuperada y dejó daños para el abastecimiento del agua, especialmente en épocas de sequía. Es de resaltar que, en junio de 2017, el Concejo Municipal de Jericó, mediante acuerdo, tomó la decisión de prohibir la minería en su territorio. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia dejó sin efecto esta declaratoria, desconociendo la demanda justa y constitucional tanto del Concejo Municipal como de su alcalde, quienes recogen el sentir de la población que reivindica la vocación agrícola de la región y la urgencia de proteger y preservar su entorno natural.

El actual proyecto minero Quebradona se espera que sea el primero de minería de oro, cobre y plata a gran escala en Colombia, el cual hace parte de una alianza entre la AGA, con el 51%, y B2GoldCorporation, con el 49%. El gobierno colombiano lo ha declarado como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico –PINES–, por lo cual se está facilitando el desarrollo del mismo y se promueve como un gran generador de empleo y desarrollo. Pero esta situación se contrasta con el temor de la población antioqueña de perder su territorio sagrado para la vida.

Por eso, desde el 7 de mayo de este año, campesinas y campesinos de los municipios antioqueños de Jericó y Támesis vienen ejerciendo su derecho a la movilización pacífica para impedir la entrada de AGA a su territorio, teniendo como respuesta la represión violenta por parte de la fuerza pública. El 10 de mayo, encabezados por las organizaciones sociales del suroeste y el obispo de Jericó, monseñor Noel Londoño, los manifestantes le dijeron NO a AGA, NO a la megaminería metálica y SÍ al agua, a la vida y a la biodiversidad de su territorio.

Hoy llamamos a los movimientos sociales para que continuemos nuestro camino de lucha por la defensa del agua, la vida y el territorio, a abrazar las montañas del suroeste de Antioquia, para en una sola voz decir: ¡Queremos Territorios Sagrados para la Vida! ¡Fuera Anglo Gold Ashanti de Colombia!

¡Si se pudo con la Colosa se puede con cualquier cosa!

Fuente: Radio Mundo Real