Colombia: Es asesinado el hijo de un Defensor de Derechos Humanos asesinado
Amnistía Internacional lamenta el asesinato de Javier Bernardo Cuero Ortíz, hijo de Bernardo Cuero Bravo el día 19 de marzo de 2018 en la ciudad de Tumaco al sur de Colombia. Su hermano Silvio Dubán Ortíz también fue asesinado durante los hechos.
Javier Bernardo y su familia se encontraban en las afueras de la tienda de otro familiar suyo, cuando dos personas no identificadas se acercaron en moto y dispararon directamente contra ellos, asesinándolos e hiriendo a una persona más. Según se ha informado a Amnistía Internacional, los asesinos se dirigieron directamente hacia los familiares de Cuero, siendo esto una señal de que fue un hecho planificado y que el resto de la familia podría seguir en riesgo.
El asesinato de Javier Bernardo ocurre nueve meses después del asesinato de su padre Bernardo Cuero, defensor de los derechos humanos y líder de víctimas desplazadas de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) en junio del 2017. El hecho se da semanas después de la audiencia de imputación de cargos al autor material de dicho asesinato y hay indicios sobre la responsabilidad intelectual del crimen.
Bernardo Cuero pidió en numerosas ocasiones ante el Estado Colombiano su protección y la de su familia. Las medidas de protección le fueron negadas.
Es preocupante la situación de desprotección y vulnerabilidad que afrontan los defensores de derechos humanos y sus familias en Colombia. En el 2017 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos. En lo corrido del 2018 van más de 20 asesinatos.
Es imperativo que el Estado colombiano de una respuesta clara y efectiva que garantice la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, que vayan más allá de medidas policivas que son insuficientes tanto para las personas defensoras, sus familias y las comunidades a las que representan. En especial, el Estado colombiano debe desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección concertada con miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas teniendo como insumo principal las consultas de sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.
De igual modo, las investigaciones judiciales referentes a casos de asesinatos y amenazas de personas defensoras y sus familias deben llevarse a cabo forma efectiva e imparcial para que todas aquellas personas responsables, material e intelectualmente, sean llevadas ante la justicia. De no tomarse medidas urgentes ante la situación de las personas defensoras, seguirá reduciéndose el espacio de la sociedad civil y la continua violación de sus derechos humanos, lo que dificulta la implementación de una paz estable y duradera en Colombia.
Fuente: Amnistía Internacional