Colombia: Derecho a la consulta frena extracción minera

Rotundo “No a la minería” ha sido la constante en las localidades donde se han realizado consultas populares consagradas en la Constitución.

El derecho de los ciudadanos colombianos a aceptar o rechazar proyectos mineros en sus territorios, está consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política de 1991 al establecer: “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

Igualmente, la Ley 136 de 1994 en su artículo 33 señala: “Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley”.

El ejercicio de este derecho ha sido en los últimos años el único mecanismo que ha logrado frenar, de alguna manera, el crecimiento desmedido de la exploración y explotación de recursos naturales del subsuelo, en detrimento del medio ambiente, la vocación agrícola y la tradición de vida en las zonas de posible actividad minera a gran escala.

“El problema para estas comunidades empezó en el año 2001 con la expedición de la Ley 685 llamada también Código Minero”, explica a Noticias Aliadas el líder ambientalista José Domingo Rodríguez. Esta ley declara “de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” y permite, en su artículo 13, la expropiación por decreto “de bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo”.

La presión sobre la población afectada creció en el 2002 cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) otorgó alrededor de 11,000 títulos para explotación minera y de hidrocarburos, dentro de las medidas para impulsar su política de “Confianza Inversionista”. Una investigación del 2010 de la periodista Camila Osorio para el portal La Silla Vacía afirma que “en los ocho años que gobernó el expresidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1.13 millones a 8.53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicaron con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122,000) están tituladas”.

Esta política fue continuada a partir del 2010 por el presidente Juan Manuel Santos quien incorporó la que llamó “locomotora mineroenergética” al Plan de Desarrollo y otorgó otros 9,500 títulos mineros.

El caso de Cajamarca:

Ante esta invasión de proyectos, las comunidades iniciaron una serie de protestas que al no ser oídas por las autoridades derivaron en la convocatoria a ejercer su derecho a las consultas populares. Es así que en el 2017 se realizaron siete de estos eventos, cinco de los cuales fueron sobre extracción minera.

La primera consulta popular, considerada por su magnitud como la de más repercusión en el tema, fue la realizada el 26 de marzo del año pasado en el municipio de Cajamarca, en el céntrico departamento del Tolima, frente al proyecto de extracción de oro a cielo abierto “La Colosa”, de la compañía sudafricana Anglogold Ashanti.

Según Rodríguez, “6,165 habitantes rechazaron el proyecto y sólo 76 la aprobaron. Fue la primera consulta popular de iniciativa ciudadana con carácter ambiental y abrió un espacio para que se den este tipo de decisiones. Se bloqueó la afectación que podrían llegar a sufrir la reserva forestal y las fuentes hídricas”.

A la consulta de Cajamarca le siguieron, el 8 de julio, la de Pijao en el Quindío, en el centro del país, donde hay seis títulos mineros vigentes y 18 solicitudes para explotación de metales; 2,613 ciudadanos votaron No, frente a 26 que lo hicieron por el Sí.

También el No triunfó en los municipios de Sucre y Jesús María en el departamento nororiental de Santander: 33 sucreños marcaron Sí, frente a otros 3,016 que dieron un No contundente a los 22 títulos mineros y petroleros que pretendían instalarse en el territorio, en especial al proyecto de La Luciana perteneciente a la empresa Llano Minas, que pretende explotar 696 hectáreas para sacar minerales. Los promotores del No aseguran que dicha explotación afectaría la zona de Peña de Órganos, considera como una reserva natural rica en flora, fauna y nacimientos de agua, que alimenta al menos 20 acueductos de la región.

En Jesús María, la situación se repitió: 1.677 ciudadanos se opusieron a las actividades extractivas en su territorio y solo 22 personas marcaron Sí en el tarjetón.

Consultas suspendidas:

Pero no todas han logrado sus objetivos. En respuesta a un cuestionario enviado por Noticias Aliadas, el Ministerio de Energía y Minas informó que hay 54 propuestas de consultas populares pendientes, entre ellas la de El Peñón, que están suspendidas bajo el argumento de falta de dinero por parte del Ministerio de Hacienda. La consulta en El Peñón busca frenar el riesgo que significaría para las decenas de cuevas con ecosistemas únicos y especies de fauna que hay en la zona cuyos títulos mineros fueron adjudicados en el 2006 a la empresa GEO-Cooper SAS.

Por su lado, los empresarios mineros consideran que el rechazo a la minería a gran escala no beneficia a las poblaciones involucradas.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM), en su informe Desarrollo del Sector Minero Colombiano 2018-2022, afirma que: “Las dificultades derivadas de la protesta social y bloqueos que el sector minero ha tenido que enfrentar, en especial desde el 2013, donde se ha evidenciado un aumento desmesurado en este tipo de eventos, con afectación a un importante número de operaciones y con altos costos económicos para las empresas y para el país (se calcula cerca de 1 billón de pesos [US$ 357 millones] en lucro cesante 2013-2016)”.

“Si Colombia lograra generar un verdadero entorno minero, y tomando datos proyectados de inversión de los 12 proyectos PINES [Proyectos de Interés Nacional Estratégico] mineros incluidos en la lista del Gobierno Nacional, calculamos que llegaría una inversión nueva al país cercana a $6.7 millardos”, añade.

La empresa colombiana Mineros SA interesada desde hace tres años en extracción de oro a menor escala en el municipio de Ataco, en Tolima, asegura que la demora en otorgarle los permisos le significa al país la pérdida de cerca de $19 millones anuales solamente en regalías.

El ministerio de Energía y Minas asegura que es la explotación ilícita de minerales la que “afecta el agua, aire, suelo y biodiversidad en las zonas intervenidas. En este sentido el interés ambiental en pro de buscar que la minería cumpla con los más altos estándares ambientales, está orientada a la preservación de los servicios ecosistémicos mediante la detención de la deforestación, la contaminación de los componentes ambientales (suelo, aire, agua, flora y fauna) por insumos como el mercurio”.

Para las comunidades aledañas a los proyectos mineros, sin embargo, lo que está en juego es su autonomía territorial, sus derechos colectivos, la protección del medioambiente y sus actividades tradicionales.

“Nosotros no podemos permitir la minería a gran escala en nuestro territorio, porque hacemos parte del paisaje cultural cafetero, estamos en el área de reserva forestal central y tenemos que defender nuestra vocación agrícola”, dijo a Noticias Aliadas Mónica Flórez, promotora de la consulta de Pijao en el Quindío.

Fuente y foto: Comunicaciones Aliadas