Colombia: Comunidades del Putumayo rechazan erradicación forzada de coca
Como consecuencia del abandono estatal, las comunidades de la región hemos venido insistiendo en la necesidad de buscar respuestas a la crisis política, social, ambiental y económica; la cual ha obligado a miles de familias a recurrir a la siembra, procesamiento y comercialización de la hoja coca para garantizar su subsistencia económica.
Si bien, como proceso organizativo tenemos un escenario de concertación con gobierno nacional para construir un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito que busca ser la alternativa para superar esta crisis social, las comunidades campesinas, indígenas y afrosdescendientes representadas en la MEROS rechazamos de manera enfática la erradicación forzada que viene promoviendo el gobierno mediante la aprobación de la licencia ambiental para las fumigaciones manuales con glifosato mediante resolución 708 del 11 de julio 2016, la puesta en marcha de la Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico mediante la Resolución 3080 del Ministerio de Defensa y los anuncios de erradicación violenta de 100 mil hectáreas de coca en 2017, anuncios que generan incertidumbre en las comunidades que hoy esperan que gobierno nacional concerté un plan con las comunidades y avance en la implementación de lo acordado en La Habana.
Como organizaciones sociales ratificamos nuestra firme intención de continuar con la negociación con gobierno nacional, pero responsabilizamos al gobierno nacional de las acciones legítimas que puedan adelantar las comunidades en defensa de la economía que hoy permite la subsistencia de las familias.
Exigimos al gobierno nacional que frene las acciones de erradicación forzada y violenta, que renuncie a la estigmatización del productor de hoja de coca, más aún cuando miles de familias han manifestado su voluntad expresa de sustituir los cultivos de uso ilícito en tanto gobierno nacional concerte con la MEROS el plan para tal fin.
Desde el proceso organizativo informamos a gobierno nacional que estamos preparados para implementar el punto 1 y el punto 4 establecidos en el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de la Paz estable y duradera”. Por ello es urgente la concertación del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, que se orienta como el plan integral de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) de la región.
Rechazamos los anuncios de algunos politiqueros de la región que quieren apropiarse de esta iniciativa cuando hace parte de una construcción histórica de las organizaciones sociales y las comunidades que representa.
Como ha sido nuestra bandera, continuaremos insistiendo en las respuestas del gobierno para que se atiendan las justas demandas de las comunidades con el firme propósito de construir la paz con justicia social en nuestra región.
Mesa regional de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo
Fuente: Prensa Rural