Colombia aún no captura a alguno de los grandes deforestadores

Una sola hectárea boscosa puede albergar hasta 14.000 árboles de 600 especies distintas, mientras que cada árbol cuenta como mínimo con 50 relaciones ecológicas con insectos, aves, mamíferos, microorganismos, suelo y agua, recursos naturales que también sucumben por el accionar de la motosierra. El exterminio de la biodiversidad luce cada vez más cercano.

La Amazonia es la región más perjudicada por este flagelo, ya catalogado como la mayor problemática ambiental en Colombia. En los primeros cuatro meses de este año, los 10 departamentos que conforman la zona más biodiversa del país perdieron 75.031 hectáreas, más de la mitad de la deforestación presentada en 2018, cuando fueron aniquiladas 138.176 hectáreas boscosas.

La motosierra no ha encontrado un contrapeso que logre mermar su nefasto accionar en el territorio nacional. El acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la minería ilegal, los cultivos ilícitos, las carreteras ilegales y la agroindustria, siguen alimentándose a diario de los bosques amazónicos, del Pacífico y el Catatumbo.

Por esto, el Foro Nacional Ambiental realizará una serie de encuentros con expertos y representantes de las comunidades llamados Bosques para recuperar el país, espacios de reflexión y debate que servirán para construir propuestas conjuntas que tiendan a mitigar un flagelo que hoy en día parece no tener cura.

En el primer encuentro virtual, La gravedad de la deforestación en Colombia, Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), indicó que la deforestación no es un fenómeno cíclico que se da sobre un área permanente de bosque. “Es decir que las 300.000 hectáreas deforestadas hace 20 años no son las mismas 150.000 de ahora; los bosques se han reducido y las áreas son cada vez más sensibles”.

En cuanto a los operativos de control realizados por la estrategia Artemisa del Gobierno nacional, Botero manifestó sentirse escéptico. “No todas las operaciones se han dado en áreas en donde hay grandes determinadores de deforestación, lo que ha arrojado capturas de personas locales que son la cadena más débil de toda la estrategia de la deforestación. Esto indica que por ahí no son las cosas”.

Colombia no ha registrado aún la primera captura de alguno de los cabecillas que lideran la tumba y quema de bosque en la Amazonia. “No ha habido un resultado efectivo contra esos grandes determinadores de la deforestación, es decir que hay una falla estructural. Los operativos en áreas importantes tampoco han tenido una sostenibilidad en el control territorial, ya que luego de las acciones los terrenos siguen siendo afectados por la falta de presencia estatal y con más agravantes en su condición ambiental”.

Para Botero, el Gobierno debe replantear su estrategia de control. “No más operativos que involucren a las personas vulnerables y locales, sino a los grandes protagonistas como los latifundistas que hacen presencia en los Parques Nacionales. No hay una inteligencia en los operativos: ya se sabe quiénes y dónde están los grandes deforestadores, pero la Fiscalía no actúa. Tampoco hay control territorial, que no son operativos sino un cambio en la concepción de la presencia del Estado”.

En los últimos cuatro años, más de 400.000 hectáreas fueron deforestadas en la Amazonia, territorios que al sol de hoy no han sido recuperados. “Estos terrenos no sólo se deforestan, también se pierden. Esto indica un proceso de acumulación de tierras donde el bosque talado no ha empezado a recuperarse”, dijo Botero.

Los análisis y sobrevuelos de la FCDS también muestran una acelerada velocidad en las carreteras que estaban bajo el bosque. “Las carreteras son una alerta temprana de lo que puede pasar a futuro, al igual que las actividades agropecuarias. Colombia está en mora de una zonificación ambiental nacional, donde claramente la ganadería no debería estar en territorios como la Amazonia”.

La organización ha evidenciado que en los últimos cuatro años han ingresado 600.000 cabezas de ganado a ocho municipios amazónicos que hacen parte del arco más deforestado. “A esto se suma la agroindustria. Por ejemplo, en el norte de la Amazonia son cada vez más los registros en número y tamaño de los lotes de deforestación. Hay una gran presión agroindustrial por los actores que no están asociados a las federaciones, que siguen metiéndose dentro de los resguardos y la reserva forestal”.

El trabajo de los sistemas sostenibles con comunidades está funcionando, al igual que varias herramientas como los acuerdos de uso en la reserva forestal. Según el experto, "hay una modificación estructural importante para trabajar alrededor de una exclusión de procesos de formalización en la propiedad de estas zonas de reserva”.

Botero reveló que hay una gran cantidad de recursos de lavado de activos para la deforestación. “Carreteras, ganado, apropiación de tierras y lavado de activos son un paquete poderoso que no ha sido resuelto. Todos están utilizando a la ganadería para el acaparamiento de tierras en la Amazonia, una lucha diaria de todos los sectores. El país debe ponerle un cierre a aquellas áreas ambientales donde se está produciendo ganado, palma o eucalipto”.

Una de las propuestas del director de la FCDS es que gran parte de la reserva forestal de la Amazonia, la que da contra la línea de la frontera agropecuaria, pudiera desarrollar contratos de uso para las comunidades, “además de poner en marcha el catastro multipropósito para solucionar el mercado ilegal de tierras, la principal base de la especulación y deforestación en la Amazonia”.

“Los funcionarios públicos, como los guardaparques, deben regresar al territorio para seguir con su tarea de proteger los recursos naturales. Además, sueño con un proyecto de ley que permita castigar aquellos productos que salen de las áreas que tienen restricciones ambientales y sociales”, puntualizó Botero.

Especulación predial

Juan Pablo Ruiz, investigador y consultor en economía ambiental, dijo que la deforestación en Colombia entre 2016 y 2020 tuvo un incremento de 45 por ciento con relación a los cuatro años anteriores, uno de los principales resultados de un trabajo de asesoría a la Embajada Británica.

“La principales causas de este incremento son el acaparamiento de tierras y la especulación predial. Con la firma del acuerdo de paz se generó la apertura al mercado de tierras en terrenos de la Amazonia, a donde llegaron agentes externos para invertir. La tenencia de la tierra se expresa tanto en zonas ganaderas como en pastizales no utilizados”.

Según Ruiz, la ausencia del Estado en las zonas de reserva forestal ha llevado a que sean la organizaciones sociales locales las que hagan la certificación del reconocimiento de dominio de los predios. “Hay todo un mercado informal de tierras ante la ausencia gubernamental”.

El estudio del experto también arrojó que los cultivos de coca generan excedentes económicos que se invierten para tumbar y quemar bosque para luego convertirlos en pastizales. “La infraestructura vial en la Amazonia, tanto formal como informal, acelera la deforestación y contribuye en la valorización predial, lo que se aparea con esa especulación en la zona. La minería también es uno de los grandes motores de la pérdida de bosque”, dijo Ruiz.

Para el investigador, hay una marcada contracción en las políticas del Estado. “Las regulaciones ambientales son interpretadas de maneras distintas y contrarias entre los diferentes niveles de los actores nacional y local. Eso lo hemos visto en el Banco Agrario, Agencia Nacional de Tierras, corporaciones autónomas regionales, ICA y el Sistema Nacional Ambiental. El Estado ha favorecido la expectativa de apropiación del territorio a través de la deforestación”.

Ruiz apunta que Colombia carece de una planeación integral para el manejo del bosque. “Tenemos que pensar en una frontera productiva cimática responsable, es decir integrar la producción de bosque a la producción del país. Debemos negociar a nivel internacional con los servicios ecosistémicos que brinda el bosque, que abarca más de 50 millones de hectáreas”.

Por último, precisa que el Gobierno debe suspender la titulación individual en las zonas de reserva forestal en la Amazonia y el Chocó biodiverso, y sólo hacer concesiones de uso por titulación comunitaria. “Eso tiene que estar acompañado de una asistencia técnica para el aprovechamiento de los usos silvopastoriles y de rastrojos enriquecidos. Debemos pensar en cerrar la frontera especulativa”.

¿Y la biodiversidad biológica?

Eugenia Ponce de León, abogada y consultora en derecho ambiental, informó que las cifras que todo el país conoce sobre la pérdida de hectáreas boscosas por culpa de la deforestación, no representan ni la mitad de los datos reales.

“Las hectáreas de bosque perdidas son solo una parte de la problemática. No estamos midiendo algo fundamental que es la degradación. Un estudio reciente en la Amazonia mencionó que sólo en Brasil, la degradación es más del doble que la deforestación, un trabajo que no estamos incorporando en nuestros datos”.

Para la abogada, la deforestación hace que el bosque pierda su funcionalidad, se afecta el suelo y hay una relación directa con la emisión de carbono de los bosques degradados. “Por eso, las cifras que comunicamos, con sus picos y ciclicidad, son una mentira porque no revelan la mayor tragedia: la pérdida de biodiversidad biológica, un problema ambiental global”. 

La experta lleva años diciendo que la deforestación no puede ser comunicada sólo en términos de hectáreas, pixeles y cuadrículas, sino informando lo que realmente se está perdiendo. “Esta fue una tarea que abordamos con la Gran Alianza contra la Deforestación, donde dijimos que la lectura de los datos de la pérdida del bosque debe hacerse en el marco de la política de biodiversidad”.

Ponce de León manifestó que perder 200.000 hectáreas de bosque no es arrasar con unos palos de madera tumbados en una selva. “Es destruir ecosistemas forestales, la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza con la población mundial, en especial en la cuenca amazónica. Lo que estamos perdiendo en servicios ecosistémicos es la verdadera tragedia”.

En cuanto a la ganadería, la consultora en derecho ambiental afirmó que dentro de los Parques Nacionales hay 450.000 hectáreas de pastos para esta actividad, en áreas protegidas como Nukak, La Macarena, Los Picachos y La Paya. “Este es un fenómeno de dimensiones absolutamente mayores a motores de la deforestación como la minería o los cultivos ilícitos, algo que nos demuestra el gran impacto que tiene en las áreas protegidas la actividad ganadera”.

La experta reveló que desde 2016, el sector ganadero dice que no necesita tanto territorio para su actividad y que va a devolverle a la nación cerca de 13 millones de hectáreas. “No hemos visto la primera hectárea devuelta. Cuando esto ocurra, todos estos territorios tienen que ser restaurados primero, porque han sido afectados por la compactación del ganado”.

La ex directora del Instituto Humboldt concluyó que gran parte de la solución al manejo forestal está en empoderar a los grupos étnicos en el manejo de sus territorios por medio del acompañamiento, capacitación y recursos para poner en práctica la legislación.

“Ellos son los dueños de los bosques. El Plan de Desarrollo le ordena al Ministerio del Interior dar los recursos técnicos y financieros para hacer las adecuaciones institucionales que permitan beneficiar a estos territorios. Al empoderar a las comunidades, salimos del 70 por ciento de la problemática en los bosques”.

El clamor comunitario

Óscar Hernández, represente legal de la Corporación por la Defensa Ambiental y el Desarrollo Sostenible en el AMEN (Corpoamem) y coordinador técnico de la agenda ambiental campesina de Meta, Guaviare y Caquetá, aseguró que el principal factor de deforestación en la Amazonia es la destrucción del tejido social y comunitario.

“Después del acuerdo de paz no hemos podido tener un proceso de reconciliación y confianza con la institucionalidad. La organización social y comunitaria es la que cuida el bosque, proceso que no ha hecho el Estado. A partir de la estigmatización de los líderes y la utilización de los recursos de cooperación internacional, el Gobierno ha pretendido agredir y desaparecer a las juntas de acción comunal y organizaciones que controlaban los impactos a la naturaleza”.

El politólogo considera que el enfoque del actual Gobierno nacional para combatir la deforestación es erróneo, porque los operativos de la estrategia Artemisa agreden a la comunidad. “La deforestación y presión sobre las áreas protegidas obedece a que en Colombia no se ha solucionado el problema de las tierras productivas. La gente está en la selva por los procesos violentos liderados por la élite nacional. La gente en la selva desarrolla una economía de sobrevivencia en medio de muchas presiones”.

Afirma que la única forma de conservar el patrimonio natural es a través de las comunidades. “El Gobierno no entiende eso. Cree que todo se soluciona utilizando los recursos de la cooperación internacional para dar kits y árboles, pero la deforestación sigue creciendo a tal nivel que estamos cerca de un desastre grande. La situación es cada vez peor y el Gobierno se equivoca más”. 

Hernández cree que es necesario replantear el papel de las comunidades como actores de la conservación de los ecosistemas y generar espacios de concertación para poner en marcha una nueva gobernanza y relación entre las comunidades e instituciones. “Hay una incoherencia grande en la política ambiental del Gobierno, que habla en foros internacionales de sus actividades para cuidar el medioambiente pero otorga licencias petroleras y apoya al Gobierno de Brasil, el gran depredador de la Amazonia. El territorio está abocado al saqueo, extracción y violencia. En Guayabero, entre La Macarena y Vista Hermosa, hay un serio conflicto entre las comunidades y el Ejército”.

El representante de las comunidades denuncia que hay una gran intención del sector privado para avanzar sobre los territorios en los que no había podido tener control. “Hemos tratado de concretar un diálogo y concertación para superar los conflictos de manera pacífica, pero nos hemos encontrado con una muralla. No hemos podido avanzar en el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz, la reforma rural integral, ya que este Gobierno tiene la tarea de hacerlo trizas”.

Argumentos del Gobierno

María Claudia García, viceministra de políticas y normalización ambiental del Ministerio de Ambiente, fue la representante del Gobierno nacional en el foro liderado por Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental.

La funcionaria informó que la deforestación en Colombia tuvo un aumento exponencial de 43 por ciento entre los años 2015 y 2017, lo que coincidió con las transformaciones profundas vividas en el país a raíz de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

“Sin embargo, entre 2017 y 2018 vuelve a registrarse una reducción del 10 por ciento en la deforestación, pasando de 220.000 hectáreas a 197.000. La pérdida de bosque del año pasado aún no ha sido publicada, pero las cifras preliminares indican que hubo una reducción entre el 12 y 15 por ciento, lo que nos da una luz de optimismo”.

Para García, estas reducciones indican que las decisiones tomadas por el Gobierno no son pasos equivocados. “Otra noticia optimista es que el Global Forest Watch ahora ubica a Colombia como el séptimo país en el mundo más afectado por la deforestación, cuando hace algunos años estaba en el cuarto escalafón”.

La viceministra considera que la baja en la pérdida de bosque está relacionada con la estrategia de control a la deforestación del Gobierno, que ha basado su accionar en fortalecer los operativos, la capacidad de las autoridades ambientales para cumplir y revisar los procedimientos sancionatorios, fiscales y penales y en trabajar con la gente para promover el acceso a la legalidad.

“Tenemos instrumentos importantes como el esquema de gobernanza para combatir la deforestación y otros crímenes ambientales, que reflejan la necesidad de cómo deben operar en conjunto los ámbitos sancionatorio ambiental, el penal y todos los temas que tienen que ver con el ejercicio de la fuerza pública de los operativos y la seguridad nacional”

El Gobierno emite información semanal sobre las zonas más afectadas por deforestación en el país, que es enviada a las fuerzas armadas, Fiscalía y entes de control. “Esto nos ha permitido realizar cinco grandes operativos a través de la campaña Artemisa”, dijo García.

Según García, el Gobierno cuenta con una línea de crédito especial con el Banco Agrario por 3.000 millones de pesos para prestar financiación a las alternativas productivas que privilegian el manejo forestal sostenible y disminuyen la deforestación.

“Hemos invertido más de 16.000 millones de pesos en créditos agroambientales a 3.000 familias que hacen manejo forestal sostenible y pagos por incentivos de conservación, personas que hoy ya no están deforestando”.

Por último, la viceministra afirmó que el Gobierno trabaja en una modificación para aplicar contratos de uso en baldíos no adjudicables como la reserva forestal, “pero con condiciones y obligaciones muy claras de conservación del bosque natural que van a tener que asumir los que se beneficien de esos contratos”.

La defensa ganadera

La ganadería es uno de los mayores eslabones en la deforestación de Colombia. Después de la tumba y quema de bosque casi siempre aparece el establecimiento de pasturas y entrada de ganado, en especial en sitios alejados como la Amazonia. Así lo indicó Clara Solano, directora de la Fundación Natura y moderadora del foro por los bosques.

Ante esta afirmación, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, dijo que los ganaderos están aburridos y cansados de una permanente estigmatización con respecto a la ganadería extensiva y los procesos de deforestación.

“La frontera pecuaria ya no sigue creciendo por una razón elemental: creció tanto en el pasado en zonas tan inhóspitas donde no hay bienes públicos ni vías, algo que hace prácticamente imposible la actividad. La deforestación es más impulsada por el narcotráfico que por las actividades productivas en las selvas o Parques Naturales”, anotó el director de Fedegán.

Lafaurie afirmó que los colonizadores son financiados por los grupos armados ilegales, que terminan afectando las áreas naturales para la producción de cultivos ilícitos. “La problemática es la agricultura ilícita migratoria: tumban selva, siembran coca, llega la Policía, erradica y migran a otras zonas, lo que acaba con los bosques. No le sigan echando la culpa al tema de la ganadería”.

El presidente ejecutivo de Fedegán indica que los ganaderos colombianos quieren hacer una ganadería sostenible. “Ya estoy cansado de ir al Ministerio de Ambiente a rogar e implorar que saquemos un programa de ganadería sostenible. El Presidente Iván Duque se comprometió a hacer 100.000 hectáreas de silvopastoriles, una cifra que es irrisoria. Hay que hacer un millón de hectáreas, como lo propuse en 2006, pero estamos en 2020 y no hemos hecho nada”.

Según Lafaurie, en Colombia hay 37 millones de hectáreas con ganadería, pero la actividad no necesita más de 20 millones de hectáreas para tener 60 millones de vacas.

“El Gobierno no ha hecho nada para lograrlo, todo se queda en cuento. Por ejemplo, la minería extractiva debería pagar compensaciones por medio de sistemas silvopastoriles, pero eso no ha pasado”.

Fuente: Semana Sostenible