Científicos piden cese de violencia contra comunidades amazónicas y defensores ambientales

La Asociación para la Biología Tropical y la Conservación (ATBC), una sociedad científica con más de 900 miembros en 67 países, instó a los gobiernos de la región y a la comunidad internacional a tomar medidas en una declaración presentada el 14 de julio al final de la reunión anual de la asociación en Cartagena, Colombia.

“Es importante para los científicos, practicantes de la conservación, ONG y otras partes interesadas en la conservación amplificar las voces [de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (PICL)], colocar sus agendas en el centro de atención y fortalecer a las agencias oficiales responsables de defender sus derechos sociales”, señaló la asociación en su Declaración de Cartagena.

América Latina ha sido la región más peligrosa del mundo para los PICL y los ambientalistas durante años. Global Witness, una ONG con sede en Londres, documentó 227 asesinatos en todo el mundo en 2020 y casi las tres cuartas partes ocurrieron en Latinoamérica. Colombia, Brasil y Perú representaron el 40% del total mundial.

“La violencia contra los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) y especialmente contra los defensores ambientales puede escalar en un futuro cercano como consecuencia de la alineación de la extracción ilegal de recursos –por ejemplo, a través de la pesca, la minería, la tala y el narcotráfico–”, resaltó la ATBC.

La ATBC llamó a los gobiernos a que fortalezcan la soberanía de los PICL sobre sus territorios, desarrollen políticas transfronterizas y aumenten su supervisión en áreas remotas. La asociación también pidió más presión internacional sobre las empresas que compran productos que provienen de actividades ilegales y la inclusión de la ciencia en la toma de decisiones y las políticas públicas.

Los asesinatos del defensor de derechos indígenas, Bruno Pereira, y del periodista ambiental, Dom Phillips, en la Amazonía brasileña en junio destacaron la violencia contra los PICL y los ambientalistas en la región. Los asesinatos fueron mencionados en la Declaración de Cartagena, pero la violencia es generalizada e histórica, dijo João Campos-Silva, un conservacionista brasileño y miembro del comité de ATBC que trabajó en la declaración.

“No podemos descuidar la responsabilidad de los gobiernos”, dijo Campos-Silva, quien también es becario posdoctoral en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU). Su investigación se centra en la Amazonía brasileña, donde dijo que ha habido un aumento del riesgo y la violencia en los últimos años durante la administración de Jair Bolsonaro.

“La violencia puede poner en peligro muchas cosas”, dijo a Mongabay, destacando que, primero y ante todo, es el peligro para los líderes locales y las comunidades que trabajan para proteger sus territorios. Pero también “puede comprometer la biodiversidad, puede comprometer los esfuerzos de investigación y conservación”, agregó.

La región de América Latina y el Caribe es sede del Acuerdo de Escazú, un tratado vinculante para la justicia ambiental, el acceso a la información y la protección de los defensores ambientales. Veinticuatro países firmaron el Acuerdo, que entró en vigor en 2021, pero solo 13 lo ratificaron para convertirse en estados parte.

Chile se convirtió oficialmente en el último Estado parte del Acuerdo de Escazú en junio, luego de que allí se realizara la primera  Conferencia de las Partes en abril. Pero los tres países de la región amazónica con la mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales –Colombia, Brasil y Perú– aún no han ratificado el tratado, a pesar de que se convirtieron en signatarios en 2018 y 2019.

La ratificación de Colombia del Acuerdo de Escazú avanzó a principios de este año, pero se encontró con un obstáculo en el Senado en mayo. En julio, la comisión de relaciones exteriores del Congreso de Perú votó por segunda vez para archivar un proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú.

“En la pandemia se han incrementado los asesinatos a los defensores y defensoras indígenas y los crímenes en las comunidades por el tema de territorio, y el Estado no ha visibilizado esta problemática y menos ha generado una estadística”, dijo Nelsith Sangama, una lideresa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en un  comunicado del 13 de julio en respuesta a la decisión del Congreso.

Amnistía Internacional expresó su preocupación a principios de este año por el aumento de la violencia contra las comunidades indígenas y los ambientalistas en la Amazonía de Perú. En una reunión celebrada en junio, en Lima, la Red Nacional de Defensores informó que 16 defensores ambientales fueron asesinados en el país desde que comenzó la pandemia.

“Latinoamérica siempre ha sido la región más peligrosa para los defensores de la tierra y el medio ambiente”, dijo Rachel Cox, activista de Global Witness, a Mongabay por correo electrónico. “Nuestros datos más recientes sugieren que esta tendencia continuó a lo largo de 2021”, agregó.

En Brasil, 132 de los 220 asesinatos registrados entre 2015 y 2020 ocurrieron en la cuenca amazónica, dijo Cox.

Durante la reunión de la ATBC en Cartagena se proyectaron numerosas fotografías de Bruno Pereira y Dom Phillips en la presentación de la declaración. La asociación reúne a numerosos científicos que realizan trabajos de investigación y conservación en la Amazonía.

La próxima reunión mundial de ATBC se llevará a cabo el próximo año en Coimbatore, en el estado de Tamil Nadu, en India.

Fuente: Mongabay