Chile: Empresas salmoneras, SOFOFA y gobierno preparan golpe para debilitar Ley Lafkenche

Bajo un absoluto secretismo se está elaborando una estrategia que articule a las patronales de la salmonicultura, la pesca industrial, el transporte marítimo, la energía, minería y el sector forestal, para impulsar una rápida ofensiva político-comunicacional que desarticule la llamada Ley Lafkenche (N° 20.249), que implementa los espacios marino costeros de pueblos originarios (ECMPOs).

Este cuerpo legal cumplió en mayo pasado nueve años y es considerada por el gran empresariado como una verdadera “piedra en el zapato” para las pretensiones actuales de una rápida expansión territorial de las empresas extractivas, de transporte y de infraestructura inmobiliaria.

Para este conglomerado de patronales, la ley Lafkenche constituye un freno inaceptable “para las inversiones y el desarrollo productivo del país”.

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El informe de la coalición empresarial, exigirá al gobierno y parlamento realizar de manera urgente, “profundos ajustes” a la Ley Lafkenche.

El documento fue elaborado con gran sigilo a partir de enero del 2018 por diversos dirigentes, consultoras y abogados empresariales que conforman la “Dirección de Socios y Desarrollo Regional de Sofofa”, en alianza con las patronales Salmon Chile, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, la Sociedad Nacional de Pesca, Chile Transporte, AmiChile, Index Salmon y la Asociación de Productores de Salmones y Truchas de Magallanes.

La estrategia encabezada por Salmón Chile y la Sofofa, contaría con el apoyo de los ministros de Economía, Medioambiente, del Interior, Obras Públicas, Transporte y Desarrollo Social.

Su eje argumentativo se basa en demostrar que las solicitudes de EMCPOs, estarían bloqueando billonarias inversiones en recursos naturales, servicios e infrastructura. Como ejemplo citan una zona del barrio salmonero en Quellón, Chiloé, donde se encontrarían “paralizadas un total de 10 concesiones acuícolas, cuyo desarrollo implicaría una inversión de más de total de $3.136 Millones, con una superficie total de 121.450 m2”.

El documento que contó con el apoyo de la consultora Index salmón sostiene que “para efectuar el cálculo de la inversión que involucra cada trámite, se recogieron los datos de las tasaciones comerciales practicadas por el Servicio de Impuestos Internos, como los montos de inversión señalados por los titulares dentro del trámite de concesión”, junto a que “existen trámites que presentan demoras entre su ingreso y la solicitud ECMPO de siete años”.

Citando a fuentes de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el documento de las patronales afirma de los 17 trámites de concesiones acuícolas suspendidos por las ECMPOs, 3 de ellos se ubican en la región del Biobío, 7 en la región de Los Lagos y 7 en la región de Aysén.

Sin embargo, nada señala sobre las 2 recientes solicitudes de EMCPOs efectuadas por las comunidades nómades-canoeras en los alrededores del Parque Nacional Kawésqar, en Magallanes, zona altamente apetecida por las empresas salmoneras, las cuales han sido hasta la fecha silenciadas por los funcionarios del Ministerio de Economía.

En las próximas semanas, la Sofofa, Salmón Chile y Sonapesca encabezarán el envío a los ministros de Economía, Hacienda, Desarrollo Social, Defensa e Interior del documento donde se da cuenta de “cómo los problemas en la ejecución de la ley afectan a los proyectos de inversión y a la actividad económica de zonas costeras”.

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La confederación de patronales exigirá “establecer criterios de admisibilidad para las solicitudes, medidas de gestión para la coordinación intersectorial de los servicios del Estado que participan de este proceso, y regular las Comisiones Regionales del Uso del Borde Costero.

Además, demandarán constituir a la brevedad una mesa de trabajo con los diferentes actores del borde costero y entidades públicas, participantes en los procesos ECMPOS, con el objetivo de identificar “las dificultades prácticas y vacíos legales, que se han podido apreciar en el tiempo de tramitación de la ley”.

Las patronales explican que el objetivo de esta operación para despejar de obstáculos las inversiones empresariales en las áreas costeras, al exigir “revisar la Ley Lafkenche y su reglamento, afirmando que existen pasajes oscuros o poco claros en este cuerpo legal.

En particular exigen revisar el efecto suspensivo que contempla y que estaría afectando los derechos de terceros, los criterios para acreditar las superficies afectas a ECMPOs y los usos consuetudinarios.

En el documento, se le señala al Ministerio de Desarrollo Social, -estamento del cual depende la Corporación Nacional Indígena (Conadi)-, que “informen respecto a los criterios que están aplicando para acreditar los usos consuetudinarios”.

- Con información del diario La Tercera.

Fuente: Mapuexprees