Brasil: Un rayo de esperanza en un conflicto desigual
El Supremo Tribunal Federal (STF), acaba de reconocer el derecho de los indígenas Guaraní y Kaiowá, impidiendo que sean expulsados del Tekoha Ñanderu Marangatu en el municipio de Antonio João.
Antonio João, se encuentra en el estado de Mato Grosso do Sul, en la frontera entre Brasil y Paraguay.
El organismo señala que el área en cuestión es territorio indígena y que los terratenientes de la región deben abandonarla, impidiendo así que la Fuerza Nacional, el Ejército y la Tropa de Choque de la Policía Militar lleven a cabo la expulsión de los indígenas que debería comenzar este miércoles, 21 de octubre, y para la cual ya estaba todo preparado con la presencia de helicópteros que sobrevolaron la región ayer martes.
La determinación federal revoca la orden emitida por el Tribunal Regional Federal de Mato Grosso do Sul, que amparaba una decisión de la justicia local de Ponta Porã.
Este es un conflicto que se prolonga desde hace décadas y que el pasado mes de agosto ya costó la vida a Semião Vilhalva, joven Kaiowá de 24 años, con un tiro en la cabeza. La ONU ha calificado la situación de genocidio y la Organización de Estados Americanos ha alertado al gobierno brasileño ante el trato recibido por los indígenas en los últimos tiempos.
La tierra en disputa fue homologada como tierra indígena en 2005, pero nunca fue entregada de hecho a sus legítimos dueños, pues diversos recursos fueron presentados a lo largo de estos diez años. Los terratenientes que ocuparon estas tierras son quienes dominan la política local y controlan el poder judicial, mandando y desmandando en una región en la que la vida de un buey vale mucho más que la de un indio.
La determinación federal es un rayo de esperanza en un conflicto desigual que parece no tener fin y que pone a prueba la resistencia de los indígenas, que reconocen que están firmes contra el genocidio y las injusticias que continuamente vienen sufriendo.
El apoyo del CIMI (Consejo Indigenista Misionero, por sus siglas en portugués) y de tantos otros organismos de ámbito civil y religioso ayuda a los indígenas a continuar luchando y pidiendo que sus derechos sean reconocidos. Por eso, es necesario que la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre el genocidio contra los Guaraní y Kaiowá se lleve a cabo cuanto antes, a pesar de que se sabe que eso, a los que mandan, no les interesa.
Fuente: Periodista Digital