Brasil: Industrias de la Vale perjudican la salud de 1.100 personas en Maranhão
Con la llegada de la Vale, multinacional de minería, Piquiá de Baixo, localidad del Municipio de Açailandia, en el Estado de Maranhão, cerca de 380 familias, unas 1,1 mil personas en total, vienen siendo perjudicadas desde hace 25 años. Las cinco plantas de fundición y otras instalaciones de la empresa funcionan a pocos metros de las casas de los vecinos, que, por su parte, son contaminados por la polución y por el deterioro de sus recursos hídricos.
La Asociación Comunitaria de Vecinos de Piquiá denuncia también que el sistema precario de saneamiento básico ha impactado sobre la vida de los vecinos y de sus tierras, aumentando la inseguridad
y la pobreza de las comunidades afectadas en su derecho a la salud.
Una investigación realizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y por las entidades Justicia Global y Justicia en los Rieles, en 2010 y 2011, identificó problemas graves de salud en las comunidades a causa del humo tóxico lanzado por las unidades industriales. Aire, agua y suelo contaminados favorecen el aumento de los casos de enfermedades respiratorias, oculares y de la piel. La investigación también verificó la falta de saneamiento básico.
Personas de la localidad han muerto por problemas de salud causados después de la llegada de las industrias, en 1987. Fueron muertes por enfermedades respiratorias graves como cáncer de pulmón. También murieron niños, víctimas de la contaminación. Una investigación realizada por el biólogo brasilero Ulises Brigatto Albino, en 2007, concluyó la inviabilidad de la convivencia, en el mismo espacio, de habitantes e industrias.
La Asociación de Vecinos realizó una encuesta en 2008 entre los habitantes del lugar, que decidieron luchar por la reubicación colectiva en un área no contaminada. Esa lucha ya tiene cuatro años de duración, pero la multinacional ha hecho muy poco. El gobierno tampoco toma ninguna iniciativa para contener la contaminación, proveer alternativas preventivas para los habitantes y responsabilizar a las empresas por los daños causados.
La entidad denuncia también que el Poder Judicial tampoco tomó decisiones satisfactorias para los vecinos. Muchos de ellos continúan viviendo en el lugar en las mismas condiciones, al tiempo que se están instalando otros proyectos industriales en la misma región, con el apoyo del gobierno y con recursos del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).
Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab
Fuente: ADITAL