Brasil: “La única manera de solucionar el problema del hambre en Brasil es haciendo la Reforma Agraria”

La reanudación de las políticas de reforma agraria en Brasil, después de años de desmantelar esas mismas políticas, genera grandes expectativas para los movimientos que luchan por la democratización de la tierra y la garantía de los derechos fundamentales en el país.

Debido a una herencia presupuestaria determinada durante el gobierno de Bolsonaro, los recursos del Incra en este año 2023, equivalentes a 250 millones de reales, son los más bajos en 20 años y corresponden a menos del 10% del presupuesto del departamento para 2010. Además, el presupuesto para la adquisición de tierras ha sido cero desde 2019.

Después de gestionar los primeros 9 meses de gobierno, João Paulo Rodrigues, de la dirección nacional del MST, hace un balance de las percepciones del movimiento sobre las urgencias de la reforma agraria y comenta sobre las próximas jornadas de este mes de octubre.

Según un informe difundido por el Incra, se crearon 12 de los 20 Planes de Asentamiento (PA) previstos para este año, beneficiando a 548 familias. El objetivo este año es asentar a un total de 5.711 familias y alcanzar la meta de 7.200 en marzo de 2024. La regularización de familias asentadas en AP fue de 3.684 familias, frente a la meta de 40.000 estipulada para este año. La emisión de bonos alcanzó el 35% de la audiencia esperada, llegando a 19.809 familias campesinas.

En cuanto al otorgamiento del crédito de instalación, la meta al cierre de año es atender a 62.334 familias, hasta el momento solo se ha atendido al 17,7% de los beneficiarios, lo que corresponde a 11.049 familias.

La expectativa de implementar tales políticas públicas está directamente enfocada en las emergencias que afectan a la clase trabajadora en las zonas rurales y que también afectan a la población urbana. En este sentido, João Paulo menciona las perspectivas actuales y futuras sobre la implementación de políticas orientadas al desarrollo agrario. Pide a todos los activistas que unan sus fuerzas en las jornadas de octubre, principalmente en la lucha contra el hambre, que es una de las prioridades del actual gobierno.

Entrevista completa:

-Ante el escenario de limitaciones para la implementación de políticas de reforma agraria, la expectativa del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) es que 7.200 familias estén asentadas hasta marzo del próximo año. ¿Cuál es la predicción del movimiento para la implementación de esta política hasta el final del actual mandato de Lula?

-Nuestra expectativa –y por eso elegimos al Presidente Lula– era cambiar la situación agraria en el país, para que Lula pudiera asentar inmediatamente a todas las familias acampadas. Según el Incra, hay 57 mil familias acampando y en las cifras del MST hay más de 65 mil familias acampando. El presupuesto previsto para este año es ridículo. Un presupuesto heredado de Bolsonaro que puede acoger a menos de 7.000 familias. Estamos presionando tanto al MDA como al Incra para que ejecuten este dinero que ya está disponible, que son aproximadamente 250 millones, lo antes posible. La información que tuvimos esta semana es que el Incra ya ejecutó o comprometió más del 80%, es decir, avanza a un ritmo razonable. Ahora es muy insignificante considerando el tamaño de la demanda, que deberá atender a aproximadamente 67 mil familias. También estamos en reuniones y en contacto con el Ministerio de Hacienda, en la persona del Ministro Fernando Haddad y del Ministro Rui Costa. Y, por supuesto, hablamos con el propio presidente Lula. Es importante que la gente de nuestra base, de nuestro activismo, que sigue el tema de la reforma agraria, sepa que el cálculo es más o menos así: para asentar a 50 mil familias por año, el gobierno necesita al menos 2 mil 800 millones de reales. para realizar el acuerdo. Esto es para pagar la expropiación de tierras o comprar tierras para asentar familias. Nuestra evaluación es que necesitábamos, al menos durante este período, que el gobierno Lula asentara al menos a 200 mil familias. Esto significa que necesitaríamos un presupuesto de 2,8 mil millones por año para asentar a 50 mil familias por año. Estamos presionando, estamos peleando con el gobierno, con el área [del Ministerio] de Hacienda, para que podamos avanzar en esa dirección. Hemos tenido varias personas acampadas durante más de seis años. Por eso es muy importante que tengamos urgencia en el proceso de obtención de tierras.

Lula está tratando de trabajar con otras variables posibles, que es precisamente llegar a un acuerdo con los gobiernos estatales en áreas públicas y baldías. Sin embargo, en el interior de São Paulo, en Pontal do Paranapanema o incluso en Bahía, Pará, tenemos una enorme cantidad de terreno que podría albergar a parte de las familias. También estamos intentando llegar a un acuerdo con los deudores de la Unión, para que el Estado pueda arrebatarles estas zonas y transformarlas también en asentamientos de reforma agraria. Por eso también estamos haciendo esfuerzos para que esto suceda. En cualquier caso, lo importante es que el gobierno federal señale a la sociedad, a los movimientos populares y a los acampados, que está haciendo un esfuerzo para ajustar el presupuesto y poner a funcionar la maquinaria del Incra en defensa de la reforma agraria.

Seguimos preocupados porque el presupuesto previsto y enviado al Congreso Nacional para el próximo año es muy bajo. Es un presupuesto menor, de 500 millones [de reales] y no creemos que cubra el próximo período. Una cosa es tener un presupuesto bajo en el gobierno de Lula, ya que el presupuesto vino de Bolsonaro. Otra cosa es que el propio Lula envió un presupuesto muy bajo. Pero creo que el Congreso lo corregirá a tiempo, junto con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación”.

-Según el MDA, la primera etapa del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) tiene un presupuesto de 250 millones de reales y será ejecutada en la modalidad de compra por la Conab a partir del 15 de octubre. La carpeta también prevé otra etapa del mismo valor a ser implementada por estados y municipios. ¿Por qué cree que esta política tardó tanto en implementarse y qué impacto tendrá en la comercialización de la producción de las familias campesinas sin tierra?

-Es increíble cómo una empresa tan importante como esta, muy burocratizada, no estuviera al servicio de la reforma agraria y mucho menos de la agricultura familiar. Nos tomó casi tres meses nombrar al presidente de la Conab, debido a mucha burocracia. Después de eso, tomó mucho tiempo encontrar los recursos disponibles para adquirir los productos y, finalmente, crear un conjunto de estándares para que pudieras actualizar y realizar compras. Me parece que las compras ya empezaron hace una semana. En este primer momento, se da prioridad a los proyectos de mujeres y a los proyectos quilombolas, que creemos que son un gran componente para la agricultura familiar.

Estamos tratando de que esta primera etapa se lleve a cabo lo antes posible, para que todos los demás sectores de la reforma agraria que no están organizados como mujeres o quilombolas, tengan acceso a las compras de la Conab. Nos preocupa porque en agricultura, cuando la Conab compra productos, no es como comprar herramientas o maquinaria agrícola, es comprar producción y la producción tiene un período específico. No puedo conservar la harina de yuca, la harina de yuca, ni la calabaza misma, ni la lechuga, etc., almacenadas durante mucho tiempo. Tengo un periodo para producir y vender. Por eso estamos presionando mucho a la Conab para que ejecute estos 250 millones lo antes posible. Incluso porque movimientos populares y asociaciones cooperativas ya están solicitando, es decir, presentar en forma de proyecto aproximadamente 1,1 millones de productos que podrán venderse a la Conab. En otras palabras, si no corremos contra el tiempo, no podremos cumplir con este conjunto de demandas. En este caso específico, el presidente Lula dice que no habrá escasez de recursos para la Conab, a diferencia del Incra. Sin embargo, el gobierno tiene que seguir adelante. Mantuvimos reuniones con la Conab, entregamos nuestras demandas, estamos presionando a la Conab y me parece que ha empezado a tomar ritmo. Lo que le estamos diciendo al presidente de la Conab, junto con el ministro de Reforma Agraria, Paulo Teixeira, es que es importante que el gobierno, el 16 de octubre, pueda señalar en el Día Internacional de la Alimentación, qué hizo la Conab y cuáles sus planes hasta el fin de año. El que tiene hambre tiene prisa y el que produce también tiene prisa. Entonces, este es el esfuerzo de la Conab, como gran empresa de alimentos, para responder a las demandas del presidente Lula y de Brasil”. Una de las principales políticas educativas en el campo es el Programa Nacional de Educación en la Reforma Agraria (PRONERA), que actualmente tiene 21 cursos en ejecución a la espera de la liberación del presupuesto para su finalización, además de otros 38 proyectos que se encuentran en análisis y que también están a la espera de liberación presupuestaria para su futura implementación.

–Considerando su trayectoria, ¿qué impacto ha tenido esta política en el campo a lo largo de sus 25 años de existencia? Además, ¿qué necesita la población del campo para impedir el éxodo rural de la nueva generación de campesinos?

-Pronera es quizás una de las políticas más importantes que afirman una nueva agricultura, un nuevo modelo agrícola de reforma agraria popular construido en los últimos años. Un gran logro, porque es su manera de garantizar que los jóvenes puedan tener acceso a una carrera de educación superior, en una buena universidad y con un régimen de alternancia súper cool, donde la gente permanece parte del tiempo en la carrera y parte del tiempo dentro del asentamiento. Esto es muy importante porque garantiza el vínculo durante todo el proceso de formación.

-Aproximadamente 190 mil jóvenes ya han realizado los cursos de alfabetización para jóvenes y adultos del Pronera, además de cursos de formación técnica, cursos de formación de educadores, maestrías y doctorados. Un gran logro a lo largo de los años”. ¿Cuál es el problema?

-Bolsonaro vació completamente el Pronera, hoy para cubrir los cursos que ya están en marcha y los proyectos que se demandan, necesitábamos al menos 250 millones [de reales]. El problema es que los recursos del Pronera son recursos del Incra y no del Ministerio de Educación. Por eso tiene que haber un suplemento organizado por la propia Casa Civil, el Presidente de la República, directamente para el Incra y para este programa específico que es el Pronera. Hemos estado exigiendo desde principios de año, estamos pidiendo el próximo presupuesto para tener el recurso disponible. Todos sabemos que no hay manera de parar el curso y decir volveré dentro de dos años. Tienes una gran tasa de deserción escolar, tienes problemas de organización de clases, lo que sería una gran pérdida. Para que se den una idea, el MST ya capacitó a más de siete promociones en Derecho, más de 350 jóvenes sin tierra, de campamentos y asentamientos que son abogados, capacitó a cuatro grupos de médicos veterinarios, y en el área de educación, cientos de los jóvenes han recibido formación en pedagogía y en una serie de otras carreras, arte, etc. Por lo tanto, Pronera es un logro no sólo para los trabajadores rurales, sino para la sociedad en su conjunto. Y es la condición para que la reforma agraria dé un salto de calidad, es decir, que ocupemos los latifundios de producción agrícola y resolvamos el problema de la falta de una política de educación rural en este país.

-Un especial publicado por Folha de S. Paulo este fin de semana muestra cómo el “centrão” organizaba el acceso al agua con fines políticos, incluso durante el gobierno de Bolsonaro. En este escenario, la población rural, especialmente en las regiones secas, es la más afectada. ¿Cómo será posible resolver estas brechas considerando un gobierno de frente amplio con tantos intereses en juego?

-Estoy muy emocionado de que los compromisos de Lula con los movimientos en el campo, con los más pobres, hayan sido muy destacados en todos sus discursos. Pero el daño causado por dos años de golpe y cuatro años más de gobierno de Bolsonaro, que es la continuación del golpe, es terrible. Porque además de haber hecho una reforma laboral que precarizó todos los servicios en el campo y aumentó el trabajo similar a la esclavitud, que son quizás los peores crímenes para los trabajadores, hubo un cercamiento de todos los recursos naturales en el campo y una creciente privatización o acaparamiento de tierras públicas, tierras baldías y tierras de la Unión, y en estas tierras lo más preciado, que son precisamente las reservas de minerales, las reservas de oro, diamantes, etc., que es lo que más les interesaba. Más que eso, las aguas de todo el país. Hubo un proceso de privatización de las represas, constituidas con recursos públicos que todos llevan como regalo a las represas. Hubo un proceso de privatización de riberas de los ríos para la concesión de hidroeléctricas y otras cosas similares. Y ahora veremos un intento de privatizar las empresas públicas de saneamiento, como es el caso de Sabesp aquí en São Paulo, como es el caso de la Empresa de Saneamiento y Agua en Río de Janeiro, lo cual es una pérdida para la sociedad, para todos los trabajadores, muy grande.

Lo que nos preocupa es que este agronegocio ahora está pasando con mucha fuerza a utilizar estas áreas de preservación ambiental y que todavía tienen un nivel freático importante, para el proceso de irrigación de sus cultivos, de sus productos y dejando a los trabajadores, agricultores, pequeños agricultores sin tierra, en sequía, sin acceso al agua. Nosotros, desde los movimientos populares, desde el MST, estamos muy preocupados porque hay una disminución en la producción agrícola, especialmente en los productos que van a nuestra mesa, producto de los problemas climáticos y ambientales que vive el país.

Exceso de agua en determinadas épocas y exceso de sequía. Por tanto, es fundamental una política hídrica que tenga en cuenta la producción de alimentos para la agricultura familiar. En que el Estado brasileño, junto con el Congreso Nacional y el presidente Lula, lideren estos procesos, especialmente en este momento en el que dentro de dos años vamos a ser sede de la COP30 en Brasil y tenemos que estar con todos los grandes temas que preocupan a la sociedad y a la humanidad. está actualizado: agua, bosques y todo lo demás. Estoy muy convencido de que el gobierno Lula adoptará una postura mucho más radical contra esto en el próximo período, priorizando obviamente la producción de alimentos en Brasil.

-El MST acaba de enterrar otro CPI contra el movimiento, el quinto en los últimos 20 años. ¿Qué significa esta victoria para el movimiento que está por cumplir 40 años?

-Esto es una gran alegría para nosotros, porque si el locutor Galvão Bueno lo hubiera transmitido, habría dicho como en tetra, es penta, es penta, es penta. Hubo cinco CPI enterrados. Y todos demostraron que vinieron a criminalizar, a crear una política de odio contra el MST. Y ninguno de ellos lo logró. Tanto en el gobierno de Fernando Henrique, como en el gobierno de Lula, en el gobierno de Dilma y ahora nuevamente en el gobierno de Lula. Estamos convencidos de que el camino de la lucha por la tierra es un camino sin retorno, mientras exista latifundio improductivo en este país. Estamos convencidos de que la ocupación de latifundios improductivos a denunciar es una forma de lucha respetada por el Poder Judicial brasileño y ahora confirmada por la Corte Suprema [Corte Suprema de Justicia], que las tierras que no cumplen su función social deben destinarse al uso agrario. reforma.

El MST ha demostrado a lo largo de los años que quizás hayamos hecho algo bueno para la sociedad brasileña, al garantizar que más de 2 millones de personas tengan acceso a la tierra, a la vivienda y a la dignidad”.

En Brasil tenemos aproximadamente 21 millones de personas que viven sin saber qué comer, ninguno de ellos es del MST. Convivimos con cientos de niños fuera de la escuela, ninguno es del MST. No tenemos ningún dirigente del MST que esté preso por haber cometido algún delito que se le imputó durante el PCI. Por eso el MST es una organización política que lucha, que tiene responsabilidad. Y nuestra principal tarea en esta situación actual es luchar para defender el gobierno de Lula, democratizar la tierra y producir alimentos saludables. No soy de decir que el MST salió más fuerte que el IPC, el IPC no ayuda en nada. Pero reafirmamos que este IPC perjudicaría al Congreso Nacional, al gobierno y a los movimientos populares. Y terminó a tiempo para que reafirmáramos nuestro compromiso con las banderas históricas de nuestro movimiento.

–Este mes, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el MST realizará jornadas de lucha por la reforma agraria y la lucha contra el hambre. ¿Qué debemos esperar de esta movilización nacional?

-Octubre es una época importante de lucha en este país. Vamos a tener una reunión de jóvenes para celebrar el futuro de la reforma agraria. Y es un mes muy simbólico, que tiene el 16 de octubre, que es el Día Internacional de la Lucha en Defensa de los Alimentos, donde nuestro movimiento se movilizará por todo el país, donando alimentos, mostrando las posibilidades de la alimentación sin pesticidas, criticando el uso excesivo. de pesticidas y trabajos similares a la esclavitud y presionando al gobierno Lula para que aumente su producción y asiente el mayor número posible de familias. Por eso quiero aprovechar este momento para llamar a todos a hacer un gesto en la semana del 16 de octubre en defensa de la alimentación sana, en defensa de la reforma agraria y en defensa de la agricultura familiar.

Es sumamente importante que además de los movimientos rurales, los de la ciudad, los consumidores, se involucren en esta lucha, que es una lucha de todo Brasil. No nos es posible vivir con 21 millones de brasileños que no tienen nada que comer.

Fuente: MST / Resumen Latinoamericano