Biopiratas negocian con sorgo boliviano en Estados Unidos

Las Naciones Unidas certificaron que Bolivia es una de las 10 naciones con mayor diversidad biológica del planeta, esto quiere decir que el país cuenta con la mayor cantidad de plantas y animales del mundo por lo que se convierte en una verdadera mina de oro para los biopiratas. El gobierno de Evo Morales confirmó que una empresa norteamericana pretende apropiarse de una especie de sorgo descubierto en Santa Cruz en 2006.

Para el próximo año la gigante empresa multinacional DuPont pretende vender “variedades de sorgo conteniendo un valioso gen tomado de una cepa de pasto sudán (Sorghum bicolor ssp. Drummondii), colectado en 2006 en Bolivia”, denunció recientemente el investigador Edward Hammond (1).

La denuncia señala que DuPont le dio el nombre de gen “Inzen A II” que aporta a las plantas tolerancia a herbicidas fabricados por la misma transnacional. Esta empresa habría adquirido “una licencia exclusiva sobre el gen boliviano con tolerancia a herbicida de la Universidad del Estado de Kansas (Kansas State University-KSU)”.

DuPont es una multinacional estadounidense que se dedica a varias ramas industriales de la química, cuenta con unos 59 mil empleados en todo el mundo y sus ventas en 2006 sobrepasaron los 27 mil millones de dólares con beneficios de 3.148 millones de dólares. Nació en 1802 produciendo pólvora, continuó con pintura para automóviles, celofán impermeable, nylon y luego se incorporó al negocio de fertilizantes, defensivos agrícolas, herbicidas y otros productos para la agricultura. Extendió sus operaciones hasta Argentina donde actualmente es una de las principales proveedoras de insumos para los agronegocios.

Los casos

No es el primer caso de biopiratería que se registra en el país; ya existieron procesos similares con la quinua, la papa y durante el auge del neoliberalismo en Bolivia “el Missouri Botanical Garden fue acusado del delito de biopiratería, al haber sustraído y exportado, sin registro, conocimiento ni autorización de las autoridades, recursos naturales (muestras genéticas vegetales de maní silvestre, entre otras) de alto valor farmacológico y alimenticio”. (2) Vale la pena mencionar que el robo de especies en la región durante la Colonia y la República se desarrolló de forma indiscriminada y descontrolada.

Pero cosa rara, fue durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que se aprobaron varias normas y se conformaron algunas instancias para defender la biodiversidad boliviana, como el Ministerio de Desarrollo Sostenible creado en 1993. Pablo Cingolani señala que Goni colocó a su hija Alexandra a la cabeza de la Dirección de Conservación de la Biodiversidad, luego Servicio Nacional de Áreas Protegidas desde 1997. La esposa del ex presidente Carlos Mesa Elvira Mesa trabajó para Wildlife Conservation Society (WCS), “una de las ONGs que llegó a Bolivia como parte del doble juego hipócrita de Sánchez de Lozada: mientras seguía ganando millones, contaminando y matando al río Pilcomayo y sus comunidades indígenas ribereñas, se llenaba la boca en los foros internacionales con la creación de dos mega parques nacionales: el Madidi, en el Norte de La Paz, y el Kaa Iya en el Gran Chaco donde supuestamente se cuidaba a la naturaleza”. (2)

La explotación irracional de los recursos naturales se profundizó con la presencia de científicos extranjeros que visitaban comunidades indígenas. Con el fin de adquirir sus conocimientos ancestrales sobre plantas y hierbas, “se llevan semillas y muestras para comprobar sus usos y efectos. Luego comercializan medicinas y otros productos fabricados a base de las especies robadas, o simplemente las venden en su estado natural”, decía Róger Carvajal ex viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Planificación del Desarrollo. (3)

Uno de los casos más conocidos de biopiratería fue el de la quinua, patentada en 1994 en Estados Unidos por dos investigadores de la Universidad de Colorado, quienes más tarde admitieron que sólo habían descubierto un método para producir híbridos del cereal.

Pese a que la patente fue revertida cuatro años después, luego de una ardua pelea jurídica, los expertos reconocen que es difícil detectar muchos de esos robos debido a lo extenso del territorio boliviano y además es difícil encontrar semillas pequeñas escondidas en maletas o bolsillos. A esto se suma la falta de centros de investigación en Bolivia que sean manejados por el Estado. Al ser “una actividad muy difusa” es bien aprovechada principalmente por las empresas que son las que logran mayores réditos económicos.

Sólo para tener una idea de la cantidad de recursos que significa el manejo de microorganismos, en Perú se estimó que el total de genes en la biodiversidad conocida es de 25 millones y si el 1% podría ser económicamente útil a un valor de cinco millones de dólares por gen existiría una reserva de más de un billón de dólares.

Gutiérrez Correa, en un informe para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirma que “según la experiencia de Costa Rica, el retorno privado neto de los estudios de prospección fármaco-química de los recursos biológicos, es de alrededor de cinco millones de dólares por cada nueva droga desarrollada”. (4)

El sorgo boliviano

El director General de Biodiversidad y Áreas Protegidas Aldo Claure asegura que durante la gestión de Evo Morales no se autorizó ni aprobó ningún Contrato de Acceso a Recursos Genéticos. Esto quiere decir que cualquier “descubrimiento” biológico que se hubiera realizado durante este período no tiene autorización y por tanto es considerado un robo o biopiratería.

Edward Hammond, se descubrió que un gen boliviano colectado en 2006 es tolerante a herbicidas fabricados por la propia DuPont y otras empresas, por lo que la transnacional adquirió una licencia exclusiva de la Universidad del Estado de Kansas. Esta Universidad solicitó patentes sobre el gen en Estados Unidos a través del Tratado de Cooperación de Patentes.

“DuPont espera que el recurso (gen) boliviano le permita expandir su posición en el mercado de semillas de sorgo con la producción y venta del sorgo Inzen A II y el otorgamiento de licencias sobre el gen a otras compañías semilleras. El sorgo Inzen A II se comercializará con el herbicida quizalofop, que DuPont vende con el nombre de marca ‘Assure II’”, señala la denuncia de Hammond, cuyo artículo no es de conocimiento del gobierno. “Estamos averiguando, no es fácil”, señaló Claure luego de algunas horas de haber recibido la denuncia formal por parte de un organismo internacional.

La Universidad del Estado de Kansas, la empresa DuPont y los dos profesores que aducen ser “inventores” del gen boliviano se negaron a explicar cómo adquirieron la semilla boliviana, aunque se conoce que fue colectada en una finca boliviana en 2006. La Fundación para la Investigación de la Universidad del Estado de Kansas, que administra la propiedad intelectual de la Universidad, respondió a un cuestionario de Hammond donde indica que “El germoplasma fue colectado al azar de muestras de malezas en campos de soya en Bolivia, conforme a un contrato (el cual no existe). Nadie de la Universidad del Estado de Kansas colectó esas muestras”.

Sin embargo, la gestión gubernamental a cargo del manejo del Estado boliviano desde el 22 de enero de 2006 no tiene ningún conocimiento de este relevamiento de muestras.

Hammond asegura que una publicación de 2006 del Departamento de Agronomía de la Universidad revela que mantuvo una relación de largo plazo con “un gran productor de soya de la región de Santa Cruz”, donde dos profesores de agronomía realizaron visitas de campo entre 1998 y 2005, uno de los cuales es especialista en resistencia a herbicidas.

La publicación señala que los agrónomos fueron a Santa Cruz cinco veces, pero curiosamente no se encontraron publicaciones científicas de ninguno de los dos profesores que estén relacionadas directamente con la investigación boliviana a largo plazo. “Si no hay publicaciones de investigación, entonces la naturaleza de la colaboración continúa siendo incierta”, comenta Hammond.

Alegando que se trata de “información confidencial”, la Universidad se negó a informar si estos trabajos habían sido informados al gobierno boliviano, pero el acuerdo entre esta casa de estudios y la empresa DuPont revela quién se está beneficiando del gen boliviano, aunque sus términos no han sido dados a conocer públicamente.

Corroborando la información de Hammond, Claure informó que a fines de 1990 un grupo de investigadores trabajó con el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), institución descentralizada sin fines de lucro del Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, y se llevó una variedad de sorgos bolivianos sin solicitar ninguna autorización, entre los cuales se encontraría el “Inzen A II”.

DuPont sabía de esta investigación desde sus inicios, pero el acuerdo con la Universidad fue anunciado recién en febrero de 2008, apenas un mes después de que se presentaran las solicitudes de patentes y mucho antes de su publicación. “Esto indica que la Universidad del Estado de Kansas y DuPont habían aceptado cooperar sobre la resistencia a herbicida en sorgo mucho antes de 2008”, asegura el investigador y señala que es posible que la cooperación anteceda a la adquisición de las semillas bolivianas en 2006, convirtiendo a DuPont no solamente en titular de la licencia sino también potencialmente un participante de la adquisición del germoplasma boliviano.

Tanto la Universidad KSU, la empresa y los “inventores” del gen boliviano no quisieron responder a preguntas formuladas sobre sus acuerdos financieros y su relación. Pese a que la primera es una entidad pública, tampoco quiso revelar cuánto dinero recibió de la transnacional, así como las regalías que recibirá junto con los supuestos descubridores del gen. “La Universidad tampoco quiso aclarar si la licencia de DuPont sobre el gen es mundial o sólo para ciertos países, diciendo una vez más que la información es ‘de carácter confidencial’”. (1)

Si bien la licencia de DuPont sobre el gen boliviano fue anunciada en 2008, no fue hasta dos años después que comenzó a promover seriamente su nuevo producto entre los agricultores estadounidenses. La campaña de relaciones públicas se inició en marzo de 2010 en un gran encuentro de la industria agrícola.

El mayor argumento de venta de DuPont para el gen boliviano es que el sorgo tolerará aplicaciones masivas de herbicida. En otras palabras, los agricultores podrán rociar directamente los productos químicos en otras plantas, matando la maleza susceptible mientras el cultivo permanece intacto. Este método de control de malezas, popularizado masivamente en Estados Unidos por los cultivos “Roundup Ready” de Monsanto tolerantes a glifosato, no se había podido lograr previamente para el sorgo.

Está programado que el gen boliviano sea comercializado en el mercado de norteamericano el próximo año, inicialmente como un rasgo único en variedades de sorgo, pero se conoce que está negociando con varias otras compañías de semillas de sorgo para concederles la licencia, lo que significa que otras empresas podrían vender sorgos “Inzen A II”.

El pasado año, DuPont exhibió el sorgo boliviano en ensayos de campo a agricultores de 11 estados de Estados Unidos y aseguró que brindará información sobre los precios de semillas recién este año.

Si bien el sorgo o pasto de Sudán no es originario de Bolivia sino que fue traído desde África, no existe ninguna autorización para que pueda ser explotado por ninguna empresa o institución estadounidense. Claure reconoce que se trata de un tema delicado porque ingresar en un pleito internacional sería costoso, por lo que justificó la necesidad de estudiar el tema para saber las acciones que asumirán a través de la Cancillería.

Otro de los caminos que propone la ex autoridad es que se ingrese en un “proceso de negociación” parar evitar un proceso jurídico largo y más bien el país se pueda beneficiar con las regalías que genere la venta del sorgo, “si le interesa (a la empresa) el gen se lo damos, pero negociemos el tipo de regalías, compensación, etc.”

En 2004 se realizó una negociación similar con una empresa suiza que le posibilitó firmar con el Estado boliviano un Contrato de Acceso a Recursos Genéticos de cinco variedades de papa boliviana. El gobierno había logrado establecer en el Contrato que si alguna de estas variedades podría obtener regalías el Estado boliviano obtendría una participación de entre el tres y cinco por ciento del total del volumen comercializado.

Se conoce que de las cinco variedades que fueron llevadas a Europa una sola logró aclimatarse y recibir la aceptación del paladar suizo. La venta del producto en un principio llegó a los 100 mil dólares, por lo que una de las regiones de Cochabamba, de donde fue llevada la muestra, recibió en días pasados una ganancia de ocho mil dólares, monto significativo para la economía de las comunidades. La empresa obtuvo una buena imagen porque se informó un acuerdo con el Estado boliviano, reconoce Claure, quien considera que fue una mala negociación porque en su lugar hubiera pedido “por lo menos un 50% de regalías”.

En Estados Unidos usualmente este tipo de licencia tecnológica permitiría que DuPont hiciera un pago inicial a la Universidad, seguido del pago de regalías basadas en las ventas del producto sobre el cual tiene la licencia. Entonces, un porcentaje de las ganancias de la Universidad serviría para pagar a los “inventores”, conforme a lo determinado por un acuerdo de propiedad intelectual preexistente.

Las normas

Existen algunas normas que se impulsan desde hace 20 años atrás, pero hasta el momento ninguna de ellas logra frenar la biopiratería en Bolivia. Por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por el Estado boliviano mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1991, determina en su artículo dos que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, garantizando el respeto por su identidad social y cultural, así como por sus costumbres, tradiciones e instituciones.

Otro de los acuerdos marco es el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado mediante Ley 1580 del 25 de julio de 1994, que en su artículo 8 inciso j estipula que las Partes Contratantes con arreglo a su legislación nacional respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y utilización de la diversidad biológica, en procura de que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y practicas se compartan equitativamente con quienes los posean.

El 21 de junio de 1997 el ex presidente Sánchez de Lozada promulgó el Decreto 24676 que es en realidad el “Reglamento de la decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el de Bioseguridad”, que instruía a los países miembros elaboren una reglamentación relativa al acceso a sus recursos genéticos, sus derivados y los componentes intangibles asociados a ellos.

El artículo 1 señala que “se aplica a los recursos genéticos de los cuales Bolivia es país de origen, sus derivados, sus componentes intangibles asociados y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en territorio nacional”. En ese entonces las Prefecturas deberían ser las receptoras de la solicitud del Régimen de Acceso a los Recursos Genéticos.

En este reglamento se especificaba que debería participar una institución de apoyo en cualquier investigación y/o experimentación que efectúe el solicitante con el material genético accedido y el Estado Boliviano tiene el derecho de acceder a “cualquier beneficio económico, tecnológico u otro de cualquier naturaleza que depare el acceso a los recursos genéticos”.

Según esta norma, el acceso a recursos genéticos en Áreas Protegidas sólo podría realizarse previa suscripción de un Contrato Accesorio con la supervisión del Director del Área Protegida. Pero si además involucraba una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), “el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 30º del presente Reglamento, deberá suscribir con la organización representativa de la comunidad o comunidades involucradas, un Contrato Accesorio de conformidad a lo dispuesto en el Título IV del presente Reglamento”.

Si bien el registro de la riqueza intangible boliviana es una tarea complicada, pues el conocimiento tradicional es intangible, éstas normas intentaron proteger a los países de la región de la biopiratería y en cada una de ellas se establece la necesidad de que cualquier grupo de investigadores tiene necesariamente que solicitar la autorización del Estado, pero en el caso del gen boliviano esto no fue cumplido ni por los estudiosos ni por las autoridades de Santa Cruz.

Como parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Bolivia tiene varias normas protectoras constitucionales y legales sobre su biodiversidad, pero parecen haber sido abiertamente desobedecidas por la Universidad y posiblemente existan otros involucrados en este caso. A Hammond le parece probable, “si bien no hay certeza de que la relación a largo plazo de KSU (Universidad del Estado de Kansas) con un gran productor de soja de la región de Santa Cruz en Bolivia, está vinculada a la adquisición por la Universidad del Estado de Kansas del pasto sudán boliviano”.

La nueva Constitución Política del Estado prohíbe la apropiación privada y el uso exclusivo de la biodiversidad boliviana; garantiza el derecho y la responsabilidad del Estado a defender, recuperar, proteger y repatriar su biodiversidad, y establece que se sancionará penalmente la tenencia y el tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.

Claure informó que se está elaborando una Ley de Biodiversidad y todavía se estudia si Bolivia firmará el Protocolo de Nagoya que fue aprobado durante la X Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad realizada a fines de octubre del año pasado en Japón. En sus conclusiones se aprobó el Protocolo sobre Acceso y Beneficios por el uso de los recursos genéticos de la Tierra (ABS por sus siglas en inglés Acces and Benefits Sharing), pero que es comúnmente conocido como Convenio contra la biopiratería. El problema es que si nadie hace cumplir la norma, simplemente será “letra muerta”.

Este acuerdo surgió ante la constatación de que empresas y poderosas corporaciones del mundo industrializado llevan años explotando recursos naturales de los países pobres, sin retribuirles beneficios por las ganancias. Se requiere al menos unos 30 países que suscriban este Protocolo para que en 90 días pueda entrar en vigencia, por lo que el gobierno boliviano decidió elaborar un plan de consulta con los campesino e indígenas para determinar si se firma o no el acuerdo.

El problema es que mientras pasa el tiempo, la tecnología también avanza a pasos agigantados y será cada vez más complicado poder controlar este delito. Actualmente es más fácil acceder al mapa genético de una planta para identificar el gen que interesa y una vez que está aislado es posible multiplicarlo de manera artificial, es decir que no es necesario sacar ninguna muestra como ocurrió con el gen boliviano.

El Director de Biodiversidad informó que se está trabajando con las organizaciones bolivianas un proyecto de Ley de Protección de los Conocimientos Tradicionales Asociada a los Recursos Genéticos, que actualmente está en revisión jurídica para que pueda ingresar a la Asamblea Legislativa.

Pero el problema parece ir mucho más allá pues recientemente se conoció a través del periódico La Prensa que la empresa Célulasmadre Bolivia ofrece almacenar el material genético de sus clientes fuera del país. “El novedoso trabajo prevé recolectar las células de la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos para conservarlas en el New England Cord Blood Bank Inc. (NECBB) con sede en Boston, Estados Unidos”.

La nota periodística consultó: “¿Cómo se garantiza a la persona que sus células no serán destinadas a la investigación o la experimentación, pues se encuentran lejos de país? “Damos completa fe de que nuestro laboratorio no utiliza (el material) para la investigación”, respondió uno de los responsables de la empresa.

Notas:

1.- Edward Hammond, Traducción de Raquel Núñez Mutter, del original en inglés “Agrochemical giant DuPont to sell Bolivian sorghum gene”.

2.- Pablo Cingolani, artículo publicado en el Juguete Rabioso, “El saqueo de la biodiversidad y los negocios de las ONGs”

3.- Noticias Aliadas, publicado en la página web Amazonía de Bolivia

4.- Bioprospección en el Perú disponible aquí.

Fuente: FOBOMADE