Avanza el maíz transgénico

Avati es la denominación del maíz en guaraní. Una de las tantas leyendas acerca de esta generosa planta cuenta el infortunio de un joven que perdió a su prometida tras ser alcanzada por una flecha perdida. Avati se llamaba aquella doncella de reluciente cabellera blanca (áva: cabellos, tî: blanco). Angustiado ante la pérdida, el joven decidió no abandonar nunca más la tumba de su amada. En esa tierra, humedecida por tantas lágrimas, empezó a crecer una misteriosa planta de hojas alargadas, que al poco tiempo dio frutos. Desde aquel momento, espigas de granos dorados empezaron a multiplicarse por doquier y utilizarse para diversos tipos de alimentos.

Esta narración fantástica tal vez no explique con rigor la génesis y el origen de esta gramínea; sin embargo, otorga ciertos componentes de sabiduría popular y una visión del mundo en su relación con la naturaleza. Es en ese devenir prodigioso en el que varias generaciones de comunidades indígenas y campesinas, que habitan el actual territorio paraguayo, han estado produciendo y conservando decenas de variedades de semillas criollas y nativas para el consumo humano y animal. Esta práctica milenaria, no obstante, está siendo amenazada por multinacionales de la biotecnología y las elites agroexportadoras.

En Paraguay está prohibido el maíz transgénico desde 1993 por la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, en enero el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) —recientemente creado por el presidente Fernando Lugo— autorizó a la transnacional Monsanto el cultivo experimental de maíz transgénico, lo que avizora una marcha sin retorno de las buenas prácticas de la agroecología y la agricultura orgánica por la posible contaminación genética. Esto pone en riesgo el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la producción tradicional indígena, las principales afectadas si se liberaran las semillas transgénicas, ha denunciado la Campaña Nacional Paraguay Libre de Maíz Transgénico en la que participan organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Los campesinos de los poblados de Caazapá, Guaira, Caaguazú y Misiones, en la región oriental del país, están siendo cada vez más acosados por los agronegocios en detrimento de la agricultura tradicional. En esa transformación es donde aparecen semillas de maíz transgénico, las que son traídas desde las regiones sojeras localizadas en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú; en esas regiones las semillas transgénicas de maíz a su vez son introducidas de contrabando desde Brasil y Argentina. Según cálculos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), existen alrededor de 100,000 Ha de cultivos de maíz transgénico en el país.

No obstante, la soja transgénica sí está autorizada en Paraguay, el último país de la región sojera—constituida además por Argentina, Brasil y Uruguay— que permitió su uso. En octubre de 2004 el Ministerio de Agricultura y Ganadería habilitó la comercialización de cuatro variedades de soja transgénica desarrolladas por Monsanto, aunque en la práctica casi todos los cultivos ya eran soja transgénica.

El temor ante esta nueva realidad es que la población paraguaya no consume soja; el maíz en cambio es plato principal en la mesa de los paraguayos.

Control estatal aprisionado
Ahora que la Monsanto tiene autorización para experimentar con maíz transgénico, el equipo científico/técnico del IPTA, según dicta el Ministerio de Agricultura y Ganadería, será el encargado de evaluar los resultados del cultivo experimental conforme al protocolo recomendado por la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal.

Asimismo, el IPTA deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias técnicas y administrativas del ensayo regulado y establecerá las responsabilidades con los mismos. Por ejemplo, deberá exigir a Monsanto el cumplimiento de las normas de bioseguridad, manteniendo distancias de más de 600 metros de otras parcelas de maíz y conservando un 10% como área de refugio alrededor de la parcela.

En este contexto, agencias estatales como el SENAVE y la Secretaría del Ambiente están intentando dar cumplimiento a las leyes vigentes y fortalecer la institucionalidad pública. El SENAVE no tiene atribuciones para autorizar el cultivo, pero sí le corresponde hacer cumplir las legislaciones como en este caso, que el cultivo de maíz transgénico está prohibido por ley.

Las acciones de los entes estatales chocan con los intereses de los grandes productores agrícolas como la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP), que forman parte del principal grupo de poder económico del país, el mismo que cuenta con el respaldo de los grandes medios de comunicación, espacios desde donde se desarrollan feroces campañas para desacreditar la determinación gubernamental de controlar los cultivos ilegales de maíz genéticamente modificado.

Las ofensivas más fuertes van dirigidas contra el titular del SENAVE, Miguel Lovera, a quien los empresarios rurales y de medios acusan de estar contra la producción, el desarrollo y los adelantos tecnológicos en la agricultura. Por su parte, la Cámara de Senadores, de mayoría opositora, solicitó al Ejecutivo la inmediata suspensión de las intervenciones en los cultivos de maíz transgénicos, mientras que las organizaciones campesinas e indígenas otorgan pleno respaldo a las actuales autoridades del SENAVE.

“Celebramos que el SENAVE, por primera vez en su historia, esté cumpliendo cabalmente los mandatos que la normativa ambiental vigente le designan, al proceder a la destrucción de los cultivos de maíz transgénico en el departamento de Alto Paraná y al anunciar que hay todo un calendario que se hará cumplir en las zonas donde existan estos cultivos. El accionar de esta institución del Estado demuestra a las claras el compromiso asumido con el pueblo paraguayo, el cual se traduce en la lucha por la recuperación de la soberanía territorial, cultural y alimentaria”, afirmaron en un comunicado de fines de octubre pasado las organizaciones campesinas paraguayas que forman parte de la Vía Campesina Paraguay.

Lovera explicó a Noticias Aliadas que “la decisión del Estado, la de mi gestión, se basa en el cumplimiento de las normativas vigentes. Lo que está prohibido no está permitido y viceversa. Estamos aplicando simplemente esos principios para lograr lo que se propone el gobierno nacional como política de Estado, para que la convivencia de los modelos de desarrollo coexista, siempre que estos sean compatibles. La misión que se me encomendó es buscar nivelar el plano de la competencia y la convivencia; obviamente yo tengo que promover acciones que permitan justamente eso”.

“Si hay una expansión exagerada de un monocultivo, cualquiera fuera este, y sus impactos sobre otros tipos de agriculturas declaradas sensibles, por supuesto que tenemos que intervenir y actuar para equilibrar esas opciones”, sentenció.

Con respecto al maíz transgénico, el funcionario señaló que, al estar prohibido por ley, el SENAVE proseguirá con la fiscalización y eliminación de estas plantaciones.

“Lo que estamos haciendo es destruir los cultivos ilegales de maíz transgénico, así como se hace con la marihuana en nuestro país. Es así de simple”, afirmó Lovera. “Es lamentable que algunos productores hayan caído en esa trampa, aunque en realidad muchos voluntariamente lo hacen porque están apañados por años de impunidad. Nosotros estamos empeñados en cambiar eso, hacer de Paraguay un país más serio, donde la convivencia sea en base a las normas y las reglas del Estado de derecho, y en eso estamos trabajando”.

Cultivos ilegales en regiones de campesinos tradicionales
En un recorrido por el distrito de Yuty, en el departamento de Caazapá, se pudo constatar gran cantidad de plantaciones de maíz transgénico en pequeñas fincas. Esta región del centro sur del país sigue siendo de agricultores tradicionales aunque, ante el avance del monocultivo de la soja transgénica y la agricultura empresarial, están empezando a sentirse amenazados con riesgos de contaminación del maíz criollo.

En esta zona del país se consume maíz tradicional de variedades tales como avatitape, avati locro, avati guaikuru, avati mbya, avati morotî, avati pichingá, avati tupi, avati tupi morotî, avati tupi pytã, entre otras. Un productor local de Capiitindy, en el distrito de Yuty, qué pidió mantener su nombre en reserva, señaló a Noticias Aliadas que las simientes modificadas genéticamente son cultivadas cada vez más en esa comunidad.

“El pequeño productor está empezando a cultivar semillas transgénicas, muchas veces tentado por los supuestos beneficios que estas tienen, por ejemplo, el no tener que carpir (eliminar la mala hierba), ya que es resistente a la mata yuyo. El maíz transgénico que se cultiva acá es traído de contrabando desde la Argentina, pero su comercialización ya es común a través de los proveedores de semillas privadas”, aseguró el productor campesino.

“En lo que se refiere a la agricultura, no se ha constatado que los cultivos transgénicos tengan mejores rendimientos; al contrario, generan dependencia de los agricultores hacia las multinacionales”, precisó Silvia González del Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y Reforma Agraria (CEIDRA) durante la presentación del proyecto de Ley del Maíz en el Parlamento Nacional a fines de octubre del 2010.

En este sentido, cabe recordar que Paraguay es signatario del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, vigente desde el 2004, cuyo objetivo es salvaguardar la diversidad genética de las plantas cultivadas, y por lo tanto está obligado a tomar medidas necesarias a efectos de proteger los conocimientos agrícolas tradicionales, así como la participación justa en la distribución de los beneficios y en la toma de decisiones.

Las organizaciones campesinas, indígenas y de la sociedad civil son conscientes del impacto negativo que puede provocar la introducción de los organismos genéticamente modificados.

“Una mesa familiar invadida por transgénicos y agrotóxicos significa más exclusión, más miseria, más muerte de inocentes, más dependencia de las multinacionales y más humillación para el Estado paraguayo”, considera la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI).

Fuente: Noticias Aliadas