Atando cabos…
Una comitiva argentina, encabezada por el licenciado Jorge Neme, busca cerrar convenios de cooperación económica con el reino de Arabia Saudita. En ellos, éste se compromete a financiar inversiones de largo plazo (25 a 30 años) con el objetivo de incorporar el riego en zonas desérticas y favorecer las exportaciones de alimentos. Hasta ahí, una iniciativa más que loable para zonas que no se podrían desarrollar sin la intervención del Estado. Nada que objetar. Pero tratándose de recursos escasos y finitos como son el agua y la tierra, de fuerte impacto en el ambiente y la soberanía alimentaria, la necesidad de precisiones es insoslayable; y en el anuncio, no abundan.
Hay sobreentendidos que no son inocentes ni inocuos. Dice el funcionario que "el gobierno nacional tiene la decisión de fortalecer la presencia de las provincias" (dueñas del recurso suelo), "acompañando a los productores" (¿quiénes serían?), "asegurando la ejecución de las obras hídricas”.
En iniciativas como esta, un gobierno nacional y popular que pretende representar los intereses del pueblo debe hacerse algunas preguntas que no son menores, ni secundarias, ni ideologizadas, sino del más puro sentido común:
1) ¿A quién pertenecen las tierras que se van a regar?
2) ¿A qué tipo de productores va a beneficiar y/o interesar? ¿Quiénes la van a laborar?
3) ¿A qué se refiere el funcionario cuando dice “productores”? Porque productor es tanto ADECOAGRO, que siembra 380 mil hectáreas, como Juan Chacarero que cultiva cincuenta, o José Hortelano que planta tomate en una hectárea alquilada. Ese concepto necesita precisión. Y este no es un detalle sin importancia: es EL detalle. ¿Cuál va ser el tamaño de las explotaciones agropecuarias que surjan del regadío? No es lo mismo que la tierra se la quede un puñado de megamillonarios, o que sean miles de productores genuinos, produciendo para el mercado interno y que el remanente se exporte.
4) ¿Habrá tope a la cantidad de hectáreas por beneficiario? ¿Cuál será? ¿Se tendrá en cuenta el tamaño de la Unidad Económica para el límite, o solo la capacidad adquisitiva del interesado? Traducido: ¿serán agricultores de rostro humano al frente de chacras y quintas? ¿O la tierra regada irá para los mismos terratenientes de siempre: los Sigman, Brito o Bartolomé, por citar algunos de los pocos que tienen o superan las 100 mil hectáreas?
Esta discusión sobre los qué y los cómo de la agricultura tiene que ver con todo: con el precio de los alimentos, con el arraigo, con la soberanía y seguridad alimentaria, con el federalismo, con el medio ambiente, etc. Y hay que darla ANTES de que se creen los monopolios y latifundios que DESPUÉS nos hacen la vida un infierno.
Quién produce los alimentos y cómo se producen es la madre de todas las batallas. No es lo mismo un puñado de mega empresas concentradas e integradas verticalmente, que miles de chacareros sembrando y cosechando. Si la tierra que se va a regar no contempla este ”detalle” volvemos a tropezar (como tantas veces) con la misma piedra del neoliberalismo: la de creer que por sí solo, el volumen producido genera bienestar. El 2022 es el mejor ejemplo de los límites y deficiencias del modelo agroexportador de volumen sin distribución. Tuvimos récord de exportaciones, superando los u$s100 mil millones, mientras los salarios no cubren las necesidades básicas, y tenemos 40% de pobreza y 8% de indigencia. Parece mentira que aún no hayamos aprendido que desarrollo no significa automáticamente bienestar.
En la política agropecuaria hay que atar cabos, sino es muy difícil comprender la madeja de intereses que se coaligan y camuflan. Latifundio, sequía, inundaciones, deforestación, cáncer, precios de los alimentos, irracionalidad logística, quién hace las labores agrícolas: son todos rayos de la misma rueda, que es el modelo productivo existente. Lo definimos como monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas, sin rostro humano y orientado a hacer volúmenes no de alimentos sino de forrajes, para alimentar cerdos y aves del sudeste asiático. Modelo al que la Argentina adhirió, sin chistar, en los 90 y sigue incólume hasta hoy. Por eso es indispensable precisar los conceptos. Y alinear proyectos, objetivos, beneficiarios y protagonistas.
La Argentina tiene que discutir quién quiere que le provea los alimentos: si miles de pequeños y medianos chacareros, produciendo en cercanía y generando bienestar colectivo o un par de cientos de corporaciones sólo preocupadas por sus balances. Se puede hacer de las dos maneras, la cuestión es política. Por eso es imperioso urbanizar el debate rural. Todos/as debemos opinar, ya que nuestro bienestar depende de la tierra y el agua. De ahí vienen los alimentos, no de la góndola.
Si regamos tierras y asumimos compromisos con el exterior, es imprescindible que esos acuerdos sean para el bien común y no para los “cuatro vivos “ de siempre. Hay que rediscutir el modelo de producción de alimentos y el uso y tenencia de la tierra. Y si es con riego, con mayor razón aún. El debate debe ser claro, preciso y los compromisos resultantes, establecidos por escrito (ley). Todo lo sobreentendido, después es mal entendido y aprovechado por las corporaciones.
La única forma de garantizar la supervivencia de pequeños y medianos productores y que estén incluidos en un proyecto, es merced a una decisión política de Estado. Sin Estado no hay agricultura familiar posible. Un gobierno como el nuestro no puede estar cooptado por el neoliberalismo agrario, al que solo le preocupa el volumen sin gente y con bajos salarios.
Debemos atar cabos para entender que cuando reguemos la tierra, debemos regarla para todos/as y no en beneficio de una minoría de poderosos, amigos del poder.
Fuente: Página/12