Asesinados por defender la vida: suman 264 crímenes contra activistas en Latinoamérica
La pandemia de COVID-19 ha agravado las crisis sociales y ambientales en Latinoamérica, mientras las personas que se dedican a proteger los derechos humanos, los ecosistemas y los recursos naturales enfrentan un panorama cada vez más peligroso y difícil, ya que al menos 264 fueron asesinados durante 2020.
Según el informe El desafío social en tiempos del COVID-19 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la crisis económica generada por la pandemia llevará a la pobreza a más de 28 millones de Latinoamericanos, 4% más que en 2019, con lo cual sumarían casi 215 millones de personas en vulnerabilidad económica, y de ellos 83 millones enfrentarían la condición de pobreza extrema.
Esto se suma a las crisis ambientales, políticas, económicas y sociales que ya enfrentaba la región antes de la pandemia, lo cual podría estar relacionado con el aumento de la violencia contra las defensoras y defensores de los derechos de las personas, vida silvestre y territorios.
Defensores de derechos humanos de una comunidad indígena participan en un paro nacional en la Plaza Bolívar de Bogotá, Colombia, el 21 de octubre de 2020. La protesta es contra los asesinatos de líderes sociales, en defensa del derecho a la protesta. (AP Photo/Fernando Vergara) (Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)
Colombia destaca como el país donde más se recurre a la violencia contra activistas, con 177 asesinados, según el Análisis 2020 de Frontline Defenders, que explica que esto podría explicarse por la firma del acuerdo de paz (noviembre de 2016) y la desmovilización de las la guerrilla de izquierda de las FARC: “Desde 2017, estas facciones beligerantes han competido por el control de los territorios en pos de sus actividades económicas y de tráfico ilícito”.
Le siguen otros países como Honduras, con 20 defensores asesinados, México con 19, Brasil con 16 y Guatemala con 15. También se documentaron abusos como arrestos arbitrarios, acciones legales, agresiones físicas, tortura y hostigamiento. Más del 40% de las víctimas defendían a los pueblos indígenas o derechos ambientales.
Además, América Latina presenció la mayor cantidad de ataques contra defensoras y defensores que trabajaban en problemas de derechos humanos vinculados con las empresas a nivel internacional: 194 de 604 casos se registraron en 2020, la mayoría de estas agresiones están relacionadas con el sector agroindustrial y minero.
Por citar algunos ejemplos, en Brasil al menos 1985 personas han sido asesinadas en conflictos rurales por las tierras y el agua en los últimos 35 años. Un 92% de estos asesinatos siguen sin resolver. Además, las invasiones territoriales en Brasil aumentaron en un 103% en 2020 comparado con 2019; un 71 % de las personas afectadas eran miembros de pueblos indígenas.
El asesinato no es la única forma de agresión: en Guatemala, 313 activistas fueron detenidos, arrestados o enfrentaron a cargos legales por su trabajo; en Honduras, ocho personas defensoras del agua han pasado más de 21 meses encarceladas injustamente por defender los ríos en el Parque Nacional Carlos Escaleras contra el proyecto minero Inversiones Los Pinares, según datos de informe: Defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica.
En suma, se esperan tiempos aún más violentos para las personas defensoras de los derechos humanos y el ambiente a medida que la pandemia de Covid se extiende y aumentan la inestabilidad política, la competencia por los recursos naturales y la pobreza extrema. En general, los estados latinoamericanos no cuentan con una estrategia efectiva para contener la violencia.
Fuente: Local 10