Argentina: las falacias de las consultas públicas del SENASA
El SENASA volvió a despreciar los aportes de quienes participamos de la consulta pública, esta vez con motivo del cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos. Tal cual lo hizo otras veces, como en el caso de la prohibición del endosulfán, no sólo no tuvo en cuenta los aportes de la mayoría de quienes participamos de la consulta sino que ni siquiera explicó por qué no lo hacía.
La palabra “falacia” tiene dos acepciones en el diccionario de la Real Academia Española; aquí las utilizo en ambos sentidos:
1. Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien.
2. Hábito de emplear falsedades en daño ajeno.
El SENASA puso a consulta pública hasta el 31 de agosto de 2011 la modificación de los criterios para la Clasificación Toxicológica de los pesticidas, según los riesgos y valores de los pesticidas vigentes, por la de la OMS 2009, que utiliza el mismo método de la Dosis Letal 50% Aguda, sólo que con otros valores.
El mismo SENASA reconoce en su informe sobre la consulta realizada ( ver aquí), que:
La consulta estuvo abierta durante sesenta días, desde el jueves 30 de junio hasta el martes 30 de agosto de 2011.
Recibió 270 (doscientas setenta) contribuciones; 257 (doscientas cincuenta y siete) corresponden a ciudadanos particulares, 12 (doce) a organizaciones y la restante a la Cámara de Diputados de la Nación.
Del total, 261 se manifiestan en contra del proyecto, 4 a favor y las restantes 5 (cinco) realizan “observaciones puntuales y objetivas”
La mayoría se opone al proyecto (el 95%, eso no lo pone el informe del SENASA), dado que la Clasificación Toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2009 propuesta utiliza el mismo método de la Dosis Letal 50% Aguda de la clasificación actual. Alega que la misma OMS no plantea garantía alguna de dicha clasificación, que sus criterios son sólo una guía complementaria y que se sustenta en investigaciones desactualizadas y sesgadas, sin considerar tampoco importantes estudios llevados a cabo por investigadores independientes argentinos y de otros países.
Los ciudadanos y entidades disconformes peticionan que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, o en su caso a quien sea derivada la Resolución 147/2010 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que cuenta con más de 9.300 (nueve mil trescientas) adhesiones, ingresadas por Mesa de Entrada del Ministerio, impulse las medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos.
La Cámara de Diputados de la Nación propone la aprobación del proyecto de resolución (del Defensor del Pueblo; esto no lo dice el informe del SENASA, lo que genera una confusión explícita) alegando que la clasificación benigna de los productos permite que estos sean aplicados cerca de las poblaciones; las mismas estarían así en riesgo de contraer cánceres, malformaciones congénitas y abortos espontáneos, entre otros daños señalados por estudios oficiales y no oficiales.
A pesar de todo ello, el SENASA aprobó el cuestionado proyecto sin contemplar estas observaciones, y sin siquiera explicar los motivos por los que no las tuvo en cuenta.
Se pone de manifiesto, una vez más, que las consultas públicas del SENASA son sólo una simulación falaz. El propio sitio del SENASA expresa que la consulta pública tiene:
La finalidad de …permitir y promover una efectiva participación ciudadana en el proceso de elaboración de los proyectos de normas. Es también una instancia para informar a los ciudadanos acerca de los reales motivos por los que se adoptan decisiones que afectan a determinados sectores del quehacer agropecuario de la Argentina.
Es claro que si el SENASA no tiene en cuenta las propuestas y observaciones absolutamente mayoritarias en el proceso de consulta y elaboración de las normas, ni explica por qué no lo hace, no está permitiendo ni promoviendo una efectiva participación ciudadana.
Así, la consulta pública del SENASA es una simulación falaz que engaña, es fraudulenta y/o miente con el objetivo de dañar a quienes participan, ignorándolos a ellos y al esfuerzo que realizan, así como a las personas que continuarán padeciendo las consecuencias de las aplicaciones de los pesticidas registrados y autorizados para su comercialización con la metodología aprobada.
Claudio Lowy
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