Argentina: la fumigación aérea es una guerra química contra la población

La muerte las tomó por sorpresa. El depósito de una avioneta cargada de agrotóxicos se abrió por accidente, derramando endosulfán sobre un campo de la ciudad de Guichón, en Uruguay. Ese mismo día, 9 de abril de 2009, cincuenta vacas perecieron al ingerir pasto contaminado. Pero el problema no terminó ahí. La contaminación llegó a las aguas y, con el correr de los días, murieron también cerdos, gallinas y cientos de bovinos más. “Imaginen si esto era un jardín de infantes o una escuela… ¡Porque, acá, nos fumigan las escuelas!”, cuestionó el doctor Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, surgida en la Universidad Nacional de Córdoba, quien brindó una charla al respecto en el Hospital Garrahan, donde se atienden periódicamente a muchos niños provenientes de esos pueblos.

Durante la exposición, Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo y quien también fuera subsecretario de Salud de la Ciudad de Córdoba, contó a sus colegas las principales conclusiones de los primeros dos Encuentros de Médicos de Pueblos Fumigados (2010/2011): que los herbicidas son tóxicos y enferman; que hay que prohibir las fumigaciones aéreas; y que hay que reclasificar a los agroquímicos como productos de alta peligrosidad.

“Los pesticidas derivan de los gases neurotóxicos desarrollados en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de paralizar a los enemigos”, explicó el coordinador de la Red. “El DDT es el insecticida más famoso del mundo porque creó la “revolución verde”: se suponía que con este agroquímico se iba a poder producir de manera exponencial y solucionar los problemas de hambre en el mundo. Tan exitoso fue que, al doctor Paul Müller, su creador, le dieron el Premio Nobel en 1948. Tiempo después, se demostró que es sumamente tóxico y persistente, y se erradicó de todos lados”.

Los herbicidas, en tanto, fueron inventados por los ingleses. El primero fue el 2-4 D, desarrollado para bombardear las plantaciones de remolacha y batata de los alemanes. Pero los estadounidenses no se quedaron atrás: armaron una división para bombardear Japón y producir una crisis alimentaria al liquidar las plantaciones de arroz. Sin embargo, finalmente no la utilizaron, porque consiguieron algo “mejor”: la energía nuclear, con la que destruyeron Hiroshima y Nagasaki.

“Ya sabemos que los herbicidas son venenosos. El asunto, ahora, es si prohibirlos o no”, completó el doctor Andrés Carrasco, investigador principal del CONICET y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que estaba presente en el público. Carrasco es autor del trabajo sobre los efectos teratogénicos del glifosato, un agroquímico que, aun hoy, se utiliza tanto en zonas rurales como en urbanas, y que ha despertado polémicas y reclamos desde diferentes sectores de la sociedad.

Además, estuvo presente la doctora Analía Otaño, integrante de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, que trabaja desde hace treinta años en el área de salud pública de la provincia del Chaco.

Un veneno que se esconde en el aire

El modelo productivo actual del país, basado en gran medida en la exportación de soja transgénica, está estrechamente relacionado con el uso de agroquímicos. Según la Red, actualmente se utilizan unos 340 millones de litros, de los cuales 240 millones, es decir, un 70%, es glifosato. No es el más tóxico pero sí el que más se usa. Además, año tras año, la dosis utilizada ha ido en aumento, debido a la progresiva resistencia de las malezas al efecto del agroquímico.

“Hay que prohibir las fumigaciones aéreas y alejar las fumigaciones terrestres de las áreas pobladas”, reclama el ex subsecretario de Salud cordobés. La Unión Europea, por su parte, prohibió las fumigaciones aéreas en los Estados miembro en 2009. “La fumigación aérea es incontrolable, es criminal, es una guerra química sobre la población”, enfatizó Ávila Vázquez. “En Argentina, también habría que prohibirla”.

Al respecto, Silvia Ferreyra, asesora de la diputada nacional de Libres del Sur, Cecilia Merchán, comentó que desde este bloque se presentó un proyecto de ley para prohibir la fumigación aérea y limitar la terrestre; y además, para prohibir el endosulfán, el insecticida de mayor uso en el país. “Es un proyecto muy reticente para todas las bancas, tanto del oficialismo como de la oposición. Es un tema transversal”, aseguró.

“Hemos logrado que Argentina adhiera al Protocolo de Estocolmo para erradicar al endosulfán a nivel mundial”, se alegró Ávila Vázquez. Sin embargo, rápidamente aclaró que el SENASA, el organismo que se encarga del control y clasificación de los agroquímicos, determinó que se va a prohibir recién a partir del año 2013.

Según explicó el médico, el directorio del SENASA está compuesto por representantes de los productores, del gobierno nacional y de la cámara de estos productos. “Ellos determinan qué se usa y qué no, según sus necesidades”, señaló.

Por otra parte, en Canadá, Australia y otros países, la institución que aprueba los agroquímicos responde al Ministerio de Salud o de Ambiente. Entonces, el Ministerio de Agricultura le pasa una lista con los productos que quiere utilizar para que la institución designada decida cuáles aprueba y cuáles no, basándose en los efectos nocivos sobre la salud humana y ambiental. “Acá, en cambio, el león, el tigre y la pantera deciden qué hacer con los ratoncitos”, metaforizó Ávila Vázquez.

Como ratas de setenta kilos

“Lo que tenemos acá es un conflicto de intereses entre la salud de la gente y el sistema de producción del país”, planteó el coordinador de la Red de Médicos, y Carrasco coincidió con esto. “El modelo productivo es un problema de salud. Y no va a haber salud si no cuestionamos el modelo productivo”, advirtió el investigador del CONICET.

Pero, como cambiar el modelo productivo de la noche a la mañana no es posible, lo que reclaman los médicos de los pueblos fumigados es que se reclasifiquen los agrotóxicos según los nuevos datos científicos.

“Actualmente, están clasificados como de baja peligrosidad, pero esto está tomado en base a la toxicidad en ratas. Y hay un trabajo publicado el año pasado en el que se estudiaron los efectos en humanos”, señaló el médico cordobés. “Así, productos que estaban clasificados de baja toxicidad en ratas, tienen una tasa de letalidad del 15 o 17 por ciento en humanos, por lo que tendrían que estar clasificados de altísima toxicidad y ser eliminados”, aseveró.

Finalmente, Ávila Vázquez invitó a sus colegas del Garrahan a que, al ser médicos de pacientes de pueblos fumigados, se unan a la Red y se sumen a la lucha contra los agroquímicos. “Para que no nos consideren más como ratas de setenta kilos”, concluyó.

Fuente: Movimiento Campesino Liberación