Argentina: en Chacabuco siguen fumigando con glifosato junto a casas y escuelas

La expansión de la soja transgénica y el uso indiscriminado de agroquímicos arrasó en la ciudad de Chacabuco con la agricultura familiar y diversificada. Se trasladaron cientos de familias rurales hacia las zonas marginales de las ciudades por la pérdida de empleo y, después de casi 20 años, empezaron a quedar de manifiesto distintas enfermedades que en muchos casos llevan a la muerte. Según una amplia gama de científicos independientes y organizaciones ambientalistas, la culpa es de un herbicida llamado glifosato.

Con 35 mil habitantes, Chacabuco emerge como una especie de maqueta, a escala reducida, del sistema sojero-dependiente que se desarrolla en nuestro país, que este año dejará como saldo unos 19 mil millones de dólares y un centenar de pueblos contaminados.

Los vecinos, rodeados por extensas plantaciones de soja y por las corporaciones del rubro –como Cargill, Nidera y Bayer–, sufren fumigaciones a metros de sus casas o frente a las escuelas, quedando expuestos a los efectos de los agroquímicos, pese a la existencia de ordenanzas y leyes que limitan la actividad pero que, como en tantos otros lugares del país, no se cumplen ni se hacen cumplir.

Esta situación se vive en Chacabuco desde hace cuatro años, cuando diferentes patologías –cáncer, abortos espontáneos y enfermedades neurológicas– comenzaron a multiplicarse en la ciudad. “Las enfermedades neurológicas son estrella en Chacabuco. Y en una misma cuadra hay tres o cuatro casos de cáncer”, denunció a Tiempo Argentino Santiago Muhape, integrante de la Agrupación Chacabuco Sustentable y colaborador de la campaña “Paren de Fumigar” del Grupo de Reflexión Rural. Los 800 mil litros de agroquímicos con que se fumiga anualmente en Chacabuco no enfrentan los controles esperados por parte del Estado. Las máquinas aplicadoras de glifosato –llenas de ese material altamente tóxico– se lavan y circulan dentro de la ciudad como cualquier otro automóvil; los depósitos de agroquímicos están al lado de las viviendas de los vecinos; los envases vacíos de “Round-Up” –nombre comercial del glifosato– quedan tirados en los campos sin el tratamiento correspondiente; las fumigaciones se realizan frente a viviendas o colegios; y los vecinos dicen que los aviones que aplican agroquímicos “pasan por encima de nuestras casas”.

La ordenanza municipal 4252 es clara: las fumigaciones aéreas sólo pueden hacerse a 1000 metros de la población, los depósitos de agroquímicos y máquinas aplicadoras no pueden estar dentro de la zona urbana, y los envases de glifosato ya utilizados deben pasar por un triple lavado antes de desecharse, entre otras restricciones.

En 2007, Rodolfo Bertinatto, subsecretario de Medio Ambiente de Chacabuco, decía: “con esta ordenanza tratamos de erradicar de la zona urbana los depósitos de agroquímicos y las máquinas aplicadoras”. Sin embargo, 3 años después, no pudieron alcanzar siquiera uno de los objetivos: “Acá no se cumple nada, porque hay muchos intereses en juego. Se necesita un control riguroso. Por encima de todas las cosas, está la salud de la gente”, advirtió el concejal por Nuevo Encuentro, Miguel Raffo.

Mónica de Argüello es vecina de Chacabuco y vive a tan sólo metros de una plantación de soja transgénica. Su hija se llama Magdalena y nació en 1995, expuesta a la presencia indiscriminada de agroquímicos, como tantos otros chicos.

“Magui”, como le dice Mónica, llegó al mundo con muy bajo peso. Al año, los médicos certificaron que tenía un grave retraso mental producto de una agenesia de cuerpo calloso, patología que implica la no formación del “puente” que une los dos hemisferios cerebrales. Hoy no puede caminar, sufre de espasmos a intervalos de pocos minutos y casi no se comunica con los demás. Tiene 15 años. A causa de su enfermedad, parece de ocho. “Acá al lado, mi vecino fumiga desde siempre. Los médicos me dijeron que una de las causas de su enfermedad podía ser eso”, aseguró Mónica.

En sintonía con la denuncia, el médico Jorge Kaczewer, autor de estudios referidos a las enfermedades causadas por agroquímicos, sostuvo que “la exposición a determinadas sustancias tóxicas de uso agrícola puede dañar el sistema nervioso, con los consiguientes daños neurológicos”.

Pero las autoridades de Chacabuco lo niegan: “En la ciudad se habla sobre muchas enfermedades, pero no tenemos informes médicos que demuestren eso”, se excusó el subsecretario Bertinatto. “Yo no tengo ningún papel que certifique la relación entre la enfermedad de mi hija y los agroquímicos. Pero con muchos papás estamos seguros de que es eso. Da bronca. Tienen que hacer algo, porque esto no da para más”, agregó Mónica, conmovida.

A pesar de las quejas de los vecinos más perjudicados, el intendente Darío Golía aún no realizó controles más rigurosos sobre las fumigaciones, ni encargó estudios epidemiológicos. Además, Bertinatto, el propio responsable de Medio Ambiente de la ciudad, fue el mismo que defendió a ultranza el predio que la multinacional Bayer instaló en Chacabuco para realizar pruebas experimentales de agroquímicos. Esta circunstancia despertó un fuerte rechazo en un sector de la población, especialmente cuando pocos días antes de la inauguración del predio el secretario de Producción local, Mario Carnaghi, consideraba que “si en el futuro hay problemas con la planta, veremos qué hacemos”.

La instalación del “depósito de productos agroquímicos para uso experimental” –según consta en el acta de autorización Nº 10.703– fue aprobada el 17 de abril de 2007 por el intendente Golía y por el secretario de Hacienda, Jorge Chari. Esta planta es la primera y única en el país, cuenta con 20 hectáreas de superficie y está situada en el kilómetro 195 de la ruta nacional 7. El ingeniero Earle Gastaldi, gerente del área técnica de Bayer, aseguró que no hay peligro: “allí se están probando los agroquímicos que se utilizarán en cinco o diez años. El ministerio de la provincia ejerce monitoreos constantes del predio.”

Respecto de los efectos que podría producir en el ambiente una planta así, el médico Kaczewer sostuvo: “Habría que ver en la planta del laboratorio, el tipo de manipulación que se está haciendo y hacia dónde van esas aguas servidas, llenas de experimentos fallidos. Eso puede ir a las napas, ser absorbido por bacterias, luego por gusanos que se comen las bacterias, luego por pájaros, y así sucesivamente, hasta llegar a nosotros. ¿Por qué no hacen todo esto a 300 kilómetros de la población?” Para Jorge Rulli, autor del libro Pueblos Fumigados, hay algo más grave: “están utilizando al pueblo de Chacabuco como un pequeño laboratorio. Así como usan a todo el país en el plano internacional. La planta de Bayer es parte de ese modelo.” Un modelo que, con el correr de los años, beneficia cada vez más a un acotado pero enriquecido sector de la población, en perjuicio –económico, sanitario y ambiental– de los más desprotegidos.

Fuente: Tiempo Argentino