Argentina: el vallado de Andalgalá

Las restricciones de seguridad fueron establecidas a últimos de octubre para circunscribir el recorrido de las manifestaciones a los alrededores de la plaza mayor de la ciudad, resguardando de los escraches una instalación del proyecto Agua Rica.

[Entrevista con Leonardo Ramallo (37), portavoz de la Asamblea El Algarrobo].1

Op.—Por haber participado aquella noche de diciembre en el enfrentamiento con la Policía —episodio en el que resultaron heridos cuatro agentes y media docena de pobladores—, el 10 de abril la Justicia comenzó a tomarles declaración a entre 22–29 manifestantes. Según informaron los medios de comunicación locales, las audiencias finalizarán el 26 de abril.

Ramallo.—A raíz de las denuncias que hacen los agentes de la Policía, las personas imputadas serían, aproximadamente, más de veinte. Lo que aquéllos aducen es haber sido golpeados con cañas, palos y piedras durante el operativo de esa noche. Habían comenzado a vallar las calles adyacentes a las oficinas de Agua Rica: cansada de ver cómo le cortaban el paso, la gente decidió abrir las vallas por cuenta propia. Dentro de la denuncia, uno de los policías dice en su relato, textualmente, que son agraviados porque la gente no entiende que ellos están cumpliendo órdenes de sus superiores y de los políticos. Por otra parte, la fiscal subrogante que instruye la causa fue la patrocinante legal de Agua Rica. Se darán cuenta de la gravedad institucional que tiene esto.

Op.—Una de las metas prioritarias en el Gobierno catamarqueño es “enraizar” la minería en la población. La responsable de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), Olga T. Regalado, describió el núcleo de la actual estrategia en manos de la Secretaría de Estado de Minería (SEM): “Llegar a la gente y hacerle conocer lo que es la actividad y lo que son las tecnologías de control que existen en la minería”.

Ramallo.—A la asamblea no ha llegado ningún tipo de invitación para participar de los controles. Ellos hacen llegar invitaciones a las instituciones educativas, a los clubes de barrio, pero hacia la asamblea no ha llegado nunca una invitación de esa magnitud. Hay muchas invitaciones que los compañeros reciben en sus lugares de trabajo, a nivel personal. Nuestra postura fue, es y será siempre la misma: no confiamos ni creemos en ningún tipo de control que pueda ejercer la provincia, y mucho menos la secretaría, sobre la actividad minera. En diferentes áreas de la vida social, vemos como la Secretaría de Minería mete operadores políticos. A cara descubierta, dentro de las escuelas hoy tratan de convencer al alumnado y a los docentes de los supuestos beneficios de la minería, lo que antes era un tabú.

Op.—Como muestra de esa política, el 13 de abril la gobernadora de la provincia, Lucía B. Corpacci, se trasladó hasta la localidad de Santa María para inaugurar un nuevo Centro de Control Minero-Ambiental (CCMA): con los emplazados en Andalgalá, Belén y Tinogasta, ya suman cuatro los CCMA abiertos en la provincia. Sin embargo, burlando el vallado policial dispuesto la noche del 27 de octubre de 2012, el CCMA de Andalgalá, en funcionamiento desde el mes de abril de ese año, también fue escrachado. A primera vista, esas oficinas tienen un rol que se ve muy limitado en comunidades donde buena parte de ellas mira con ojos reticentes el desembarco de las empresas mineras (see Paso de San Francisco, 6 de marzo–6 de abril).

Ramallo.—En Andalgalá, el famoso centro de control es manejado por un puntero político que responde directamente a las empresas y a la gobernadora. Desde ahí se tejen lazos para realizar supuestas capacitaciones en el área de la educación. Hay casos escandalosos de docentes, recibidos hace apenas un año, que han pasado a ocupar funciones directivas dentro de algunas escuelas. Recuerdo también que se puso en evidencia que el centro de control de Tinogasta había quedado acéfalo, porque no tenían personal para esa delegación; desconozco si actualmente habrá alguien ahí. Desde la asamblea hicimos notas pidiendo saber de dónde proviene la orden de cerrar las calles los sábados a la noche, cuando se hacen las caminatas: vamos a pedirle explicaciones al intendente, Alejandro Páez, porque él es un hombre que ha ganado las elecciones con el discurso del “no a la mina”.

Op.—Al participar del acto realizado en Santa María, el ministro de Producción y Desarrollo, Ángel de Jesús Mercado, llamó especialmente a los habitantes de los municipios de Belén, Santa María y Andalgalá a “tomar conciencia” del protagonismo central que para las finanzas locales tiene la minería.

Ramallo.—Sin duda, cuando la clase dirigente carece de ideas para darle un desarrollo sustentable a la provincia, es lógico que tampoco puedan aportar nada nuevo al esquema productivo. Y que prefieran ir por lo más fácil: volar un cerro y quedarse sentados tranquilamente en sus despachos esperando a que lleguen las ganancias. Es lógico que la visión del mundo productivo de Catamarca, tanto de esta dirigencia como de la pasada, no vaya más allá de eso... Esperar a que las multinacionales declaren lo que se les ocurra y que depositen en las cuentas de la provincia lo que a ellas se les ocurra.

Op.—El telón de fondo de todo esto es la inquietud que despierta la declinación de Bajo de la Alumbrera, mina cuya vida estaría llegando a su fin en tan solo cuatro o cinco años. Con su declive también podría sellarse, por caso, el destino de los más de 150 millones de pesos que la provincia recibe anualmente en compensación por la explotación del yacimiento de cobre. Por tanto, al Gobierno le resulta indispensable avanzar sin demasiadas dilaciones en el desarrollo de Agua Rica, el proyecto subsidiario que, ubicado en las montañas de la sierra de Aconquija, a 25 kilómetros al norte de Andalgalá, podría producir unas 250 000 toneladas de cobre durante el primer lustro de operaciones.

Ramallo.—Advertimos que uno de los problemas que tienen para seguir haciendo explotaciones en el lugar es la falta de agua. A pesar de que los organismos provinciales han salido a decir que los niveles de agua son los normales para una provincia como Catamarca, sabemos que las reservas y los acuíferos han sido gravemente afectados por Bajo de la Alumbrera en Santa María y Andalgalá, al punto de estar casi en un estado de sequía irreversible. Se están quedando sin agua para hacer explotaciones de esta magnitud, y por eso apuntan a los nevados del Aconquija, la fuente de agua más cercana que tienen.

Op.—A mediados de abril, la empresa Xstrata le aseguró al secretario nacional de Minería, Jorge O. Mayoral, que la ejecución de los planes de inversión que elaboró para Agua Rica avanza con normalidad. Entre tanto, Mercado anticipó que la discusión sobre la minería irá subiendo de tono, a consecuencia de que “cuando hay información, hay criterios y opiniones fundamentadas”. ¿Coinciden con esta teoría expresada por el ministro?

Ramallo.—Lo que entiendo es que Mercado está diciendo que la posición de la provincia se va a endurecer en relación a los movimientos sociales de la región. Ahora pretenden venir a discutir, cuando las discusiones ya están cerradas: desde las asambleas fundamentamos permanentemente la razón por la cual decimos “no” a la megaminería. Desde hace un par de años, tenemos en funcionamiento una radio comunitaria a través de la cual se difunde permanentemente información en relación a la minería. Hay guardias permanentes de vecinos que van, controlan y vigilan el tránsito que se desarrolla en el único acceso que tienen al yacimiento desde Andalgalá. Paramos las camionetas que pretenden ir al yacimiento y se las hace volver: en algunas oportunidades, por la hora en que lo hacen, estas camionetas llegan a pasar. El trabajo permanente continúa: estamos hablando de trescientas, cuatrocientas o quinientas personas que siempre se manifiestan durante las caminatas de los sábados. Hay ocasiones especiales en las que se duplican y hasta triplican esos números, como cuando se cumplió un aniversario más de la represión que sufrimos en Andalgalá el 15 de febrero de 2010.

[1] Conversación telefónica. Realizada el 20 de abril.

Fuente: OCRN