Argentina: debate por agrotóxicos

Idioma Español
País Argentina

El pasado 16 de febrero se realizó un encuentro el la Granja Agroecológica “La Verdecita”, perteneciente al Centro de Estudios Políticos y Sociales sobre Género, para debatir sobre los desmanejos con agrotóxicos en áreas urbanas, violando la normativa vigente. Participaron autoridades del Ministerio de la Producción, legisladores, productores de distintos puntos de la provincia y hombres y mujeres afectados por la problemática

Con el impulso del modelo agroexportador, los productores argentinos apelaron al cultivo de la soja, que se expandió de modo impensado gracias a su alta tasa de rentabilidad. Pero el monocultivo de esta leguminosa de origen asiático, cuya semilla es rica en proteína y aceites y es utilizada en los países europeos como forraje de animales, trajo algunas consecuencias escasamente difundidas por los organismos oficiales y los medios de comunicación masivos.

La multinacional Monsanto, una de las empresas más grandes del mundo que impulsa el desarrollo de la soja, obtiene ganancias millonarias con la expansión del cultivo, al proveer al mismo tiempo semillas y venenos aplicados en grandes superficies. El “Round Up”, elaborado en base a glifosato (1), es uno de los agrotóxicos más comercializados en estos días a productores rurales, e incluso es utilizado por algunos municipios y comunas santafesinos, para detener las malezas en áreas urbanas.

En estos días la fiebre del nuevo “dios verde” seduce a las élites argentinas, tal como en los ’90 sucedió con las privatizaciones. Pero detrás de la alta rentabilidad que obtienen productores, Monsanto y el Estado argentino, se esconde la cara oculta del modelo. Pérdida de fertilidad de los suelos por falta de rotación de cultivos; desaparición de cientos de productores; despoblamiento rural, por la expulsión de mano de obra que conlleva el monocultivo de la soja y múltiples problemas en la salud de la población a raíz de la toxicidad de los agrotóxicos, son las consecuencias silenciadas por los millones de dólares en juego.

Estos fueron algunos de los ejes del rico debate entablado en “La Verdecita”, por productores rurales, autoridades del Ministerio de la Producción y de la Dirección de Sanidad de la provincia de Santa Fe, (órgano que ejerce el poder de policía sobre la ley fitosanitaria (11.273), que fija restricciones para las pulverizaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos en áreas urbanas) y pequeños productores de hortalizas para el autoconsumo.

“La Verdecita” es una granja agroecológica para el autoconsumo ubicada dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe, sobre el Callejón Roca, a escasos metros del barrio “29 de abril”, que alberga a víctimas de la mal llamada “catástrofe hídrica” ocurrida en el año 2003. A mediados de 2005, las mujeres que trabajan en la granja comenzaron a vislumbrar cambios en el paisaje lindante. Los viejos productores de hortalizas se proponían sembrar soja transgénica, utilizando Round Up, el herbicida de Monsanto. Las mujeres, concientes del peligro de la utilización de estos venenos, comenzaron a dialogar entonces con los productores y autoridades oficiales.

La utilización de venenos en áreas próximas a centros urbanos esta delimitada por la ley provincial 11.723, fitosanitaria, debido a la alta toxicidad y el riesgo sobre la salud de la población. Con este argumento legal, miembros de La Verdecita solicitaron en setiembre de ese mismo año a las autoridades competentes que impidieran la violación del marco legal. “Nosotros no queremos decidir que es lo que tienen que sembrar los productores, pero esta libertad tiene como restricción la utilización de venenos en zonas urbanas. Tenemos derecho a preservar nuestra salud y a producir para el autoconsumo sin herbicidas”, expuso en la apertura del debate Chabela Zanutigh, miembro del CEPGEN (Centro de Estudios Políticos y Sociales sobre Género).

Otra de las integrantes de La Verdecita, Nidia Kreig, fue más allá y agregó en esa misma línea de análisis que “Se trata de respetar a quienes quieren sembrar para comer simplemente, a quienes optan por otra filosofía de vida, a los pequeños productores de hortalizas que poseen dos, tres hectáreas solamente. El Estado pareciera que únicamente impulsa el modelo agroexportador, con todas sus implicancias. Es socio de los productores y de Monsanto, pero del mismo modo, debería velar por aplicar políticas de respeto a otras formas de producción y por la salud de todos nosotros”, sentenció.

Los mates corrían en medio de una extensa ronda ubicada en el centro de la granja, a la sombra de algunos sauces frondosos. Algunos funcionarios optaron por escuchar en el comienzo del debate. Bruno Gatto, el intendente de la comuna de Recreo, llegó acompañado de algunos funcionarios de esa localidad para sumarse a la charla. “Este no es un tema simple, porque la mayoría de los horticultores utilizan herbicidas. El problema no es únicamente el glifosato… aunque a veces sorprende la falta de respuestas de la Secretaría de Medio Ambiente ante distintos requerimientos. Tenemos que arreglar las cosas antes, porque las alud de la población es lo principal y después vienen los problemas”, dijo la autoridad de Recreo.

-La ley de fitosanitarios es clara. No se puede fumigar a 1500 metros de áreas urbanas, ese es el límite. Sin embargo al lado de la Verdecita están usando glifosato sin que las autoridades actúen - replicó Zanutigh, la mujer que denunciara al entonces gobernador Carlos Reutemann por incumplimiento de deberes de funcionario público, a escasas horas del ingreso del río Salado a la ciudad de Santa Fe en abril de 2003. Un miembro de la Dirección de Sanidad Vegetal de la provincia, Héctor Tourn, tuvo una intervención poco feliz en un primer momento. -Yo no le puedo obligar a los productores a no hacer soja –dijo Tourn en medio de algunos murmullos. “nosotros instamos a las autoridades de las distintas comunas y ciudades a cumplir con la ley, a fijar el llamado límite agronómico, pero es escasa la respuesta. Además contamos con poco personal en la Dirección”, continuó el funcionario.

Un productor de la localidad de Carlos Pellegrini salió al paso. “Pero ustedes tienen que ejercer el poder de policía. Primero que se cumpla la ley, no se puede fumigar en ciudades. Después vendrá lo cultural”.

El sol del mediodía se hacía sentir. Algunos de los asistentes abandonaron sus asientos en busca de la preciada sombra. La charla siguió entonces, en medio de intercambios de opiniones.
-Sucede que a veces ni siquiera la población interviene ante estos desmanejos. Si alguien observa o cree que se está utilizando una sustancia venenosa que puede ser nociva para la salud de los habitantes, debe radicar una denuncia, debe pedir que se investigue el caso, para averiguar con qué se está fumigando, y si esa sustancia está permitida -esbozó un empleado del Ministerio de la Producción de apellido Bochinfuzzo.
-Nosotros en Carlos Pellegrini hicimos todas las denuncias, pero el problema subsiste –denunció otra asistente. En la comuna no nos escuchan –prosiguió
-entonces hagan un piquete en frente de la casa del Intendente –se escuchó irónicamente (y algo de cinismo) de boca de otro de los agentes estatales. La mujer oriunda del interior de Santa Fe deslizó una idea interesante.

-Cuando se propagandiza la compra de Round Up, debería constar en la publicidad que esun veneno perjudicial para la salud, como sucede en las propagandas de cigarrillos.

Alejandra Silva, docente de la ciudad de Rosario, se expresó en relación a la deficiencia en el sistema reprevención sanitaria, a la falta de infraestructura. “no hay sistema desalad en el interior para atender problemas de intoxicaciones de este tipo, además no hay médicos del trabajo o toxicólogos que puedan distinguir estos casos, no hay un sistema de vigilancia ni se elaboran protocolos. El problema es complejo”, sentenció la investigadora. Luego agregó “De los 21 centros de toxicología del país, siete están ubicados en ciudades. Nunca una intoxicación con glifosato va a ser atendida en esos centros urbanos, es ilógico”.

-No puede ser que el municipio de Santa Fe arroje glifosato para combatir las malezas en los zanjones del callejón Roca, donde se bañan los pibes del barrio. El propio estado viola la ley y nos expone a riesgos de envenenamiento… -intercedió Zanutigh

Antonio Riestra fue uno de los diputados provinciales asistentes, junto a Lucrecia Aranda. “Debemos impulsar una legislación para contener y apoyar otras formas de producción, como la horticultura y las granjas de autoconsumo. Debe haber incentivos, porque el Estado no puede dedicarse a apoyar únicamente el modelo agroexportador”, dijo Riestra. Su idea fue bien recibida por los asistentes.

Hugo Gallo, docente, tomó la rienda luego. –Hay que hacer una ley que defina una zona de forestación que divida las zonas hortícolas de los cultivos de soja, por ejemplo. No es una idea descabellada -sentenció Gallo.

“El Estado no tiene una política de estímulo a los pequeños productores… Obeid dice que nunca en la historia Santa fe tuvo tantos ingresos fiscales, sin embargo hay dependencias sin personal ni presupuesto” reiteró Isabel Zanutigh.

El debate, rico en ideas, tuvo idas y vueltas, posturas opuestas, puntos de encuentro. Quedó la sensación que el debate fue un gran avance, un punto de partida para dejar de ocultar la otra cara del modelo del monocultivo de soja. La rentabilidad no puede ser excusa para envenenar a la gente. Una premisa que debe limitar la ambición desmedida y la filosofía del “sálvese quien pueda”, tan difundida por la ideología neoliberal y la sociedad de consumo.

Nota

(1) El glifosato, más conocido como Round-up, es el más famoso herbicida de la transnacional Monsanto. “A finales de los años noventa, los herbicidas a base de Glifosato representaban por lo menos una sexta parte de las ventas anuales totales de Monsanto y la mitad del total de sus ingresos” (1). Vendido como sustancia “prácticamente benigna”, los síntomas de envenenamiento agudo como consecuencia de la ingestión de Round-up en humanos incluyen calambres gastrointestinales, vomito, hinchazón – tumefacción– de pulmones, neumonía, turbación del conocimiento, y destrucción de glóbulos rojos. Se ha reportado la irritación de ojos y piel en los trabajadores que mezclan, cargan y aplican el glifosato. En 1993, un estudio de la Universidad de California, en la Escuela de Salud Pública en Berkeley, estableció que el glifosato es la causa más común de enfermedades relacionadas con pesticidas entre los trabajadores de parques y jardines de California, y la tercera causa entre trabajadores del agro. Brian Tokar. “Monsanto: Un perfil de Arrogancia Corporativa”. Eco Portal, España.

Contacto: moc.deragig@gitunazi

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