Argentina: acceso a la tierra

Esto reafirma la idea de que la conflictividad se genera por la concentración de la tierra, su uso insostenible, la dispersión de potestades para ordenar el acceso a ella. Todo ello ocurren entre miembros de la misma nacionalidad, es decir entre argentinos empresarios agrarios y entre argentinos campesinos y de Pueblos Originarios.

Que integrantes de las patronales empresariales agrarias agremiadas –todos con nacionalidad argentina– se hayan embanderado en el reclamo por una legislación que frene la extranjerización de la tierra también muestra que hacerse de temas con amplia repercusión social puede ser funcional para quienes desvían la atención pública hacia lugares secundarios donde no los perjudican, resguardándose así de ser interpelados por su protagonismo en la concentración, uso insostenible, elusión de cuidado ambiental.

Ante la coyuntura del debate legislativo por la extensión máxima de tierra que pueden comprar las personas jurídicas y físicas extranjeras se sugería que no sólo haya un tope para adquirentes extranjeros de tierras rurales, sino que también y fundamentalmente el tope lo tengan compradores argentinos. Esta será la medida más medular para poner un tope a la concentración de la tierra en el país. Cuestión que ya encaró con enorme valentía el Estado Plurinacional de Bolivia con la reciente sanción de la Ley de Derechos de la Tierra. Recordemos que Bolivia es un productor y exportador de productos agrarios de primer orden mundial, por ejemplo integra el top ten de los productores/exportadores mundiales de soja, según estadísticas de la FAO.

El hecho de que las políticas agropecuarias estatales instalen de forma acrítica y sin matices el ideal productivista de expansión constante y sin reparos a las desiguales relaciones de fuerza de los diferentes actores agrarios y en su igualmente diferencial y asimétrica vinculación con mercados alimentarios internos regionales o meramente externos poniendo metas de extensión de la frontera agropecuaria con destino casi exclusivo agroexportador parece ser una batalla ganada para el programa de desarrollo rural que propugna la Mesa de Enlace. Batalla ganada también en la formación académica y en la visión del modelo de desarrollo rural deseable de muchos técnicos y aun decisores políticos en el tema agrario (como es observable en los supuestos de los PEA I y II). El modelo de desarrollo rural en Argentina se adscribe preferencialmente en la agroexportación, pero el objetivo de cualquier política agraria soberano es la satisfacción alimentaria con precios accesibles, inocuidad, calidad y diversidad, con arreglo a pautas culturales e históricas de nuestros modos de alimentarnos, y con custodia del patrimonio natural de los argentinos presentes y futuros.

Reducir, tanto conceptualmente como desde la ausencia de injerencia pública, al territorio nacional, primera condición de posibilidad de la existencia de una Nación, a ser tratado como un mero insumo de renta empresarial tanto rural como urbana en beneficio de sectores concentrados de la propiedad en la Argentina es el verdadero factor de la conflictividad por el espacio físico para habitar, desarrollarse y sostener un proyecto de vida transgeneracional. Batalla que pierden siempre los sectores populares, que son los que cuentan siempre con los muertos entre sus filas, tanto sea que vivan en medios rurales como urbanos. Luchadores que pierden la vida en estos conflictos por la tierra –tanto urbana como rural–, que siempre son integrantes de sectores étnicos “morochos” del mundo rural, nos señalan también que la “cuestión de la tierra” en Argentina encuentra en el racismo uno de los factores estructurales de la inequitativa distribución de oportunidades de desarrollo y bienestar

Silvia Lilian Ferro, Autora de La tierra en Sudamérica y Estructura de propiedad de la Tierra en el Mercosur.

Fuente: Página 12