Argentina: Tierra para las petroleras y cárcel para los mapuche

Tanto el Gobierno provincial como el Poder Judicial y el poder económico local pretenden dictar una condena ejemplificadora contra quienes intenten frenar el avance petrolero sobre sus territorios y tierras. Reproducimos un artículo del Diario del Juicio a Relmu Ñamku publicado por Anmistía Internacional y un video con la entrevista realizada a la hermana judicializada, en mayo de este año.

Relmu Ñamku es dirigente indígena de la comunidad Winkul Newen del Pueblo Mapuche. Será enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera y podría ser condenada hasta con 15 años de cárcel. El debate oral comenzará este lunes 26 de octubre frente a un tribunal intercultural en Zapala, Neuquén.

Tierras para petroleras y cárcel a mapuche:

El lunes comienza un juicio histórico en Neuquén. El Ministerio Público Fiscal y la querella piden quince años de cárcel para una mujer mapuche que resistió un desalojo.

Criminalización, vulneración de derechos y extractivismo:

En un hecho sin precedentes para la historia Argentina, una mujer mapuche será enjuiciada por defender el territorio frente a una multinacional petrolera y podría ser condenada hasta con quince años de cárcel. Se la acusa de haber arrojado una piedra para frenar a las topadoras que ingresaban al territorio, y haber herido a una empleada judicial (que notificaba el desalojo y estaba junto a policías y guardias privados de la compañía). El juicio comenzará el próximo lunes 26 de Octubre en Neuquén.

En una medida desproporcionada, la fiscal caratuló el hecho como “tentativa de homicidio” y solicitó prisión para Relmu Ñamku, líder de la comunidad Winkul Newen. “Buscan un caso testigo para apresar a quienes luchan por la tierra y quieren liberar la zona para petroleras y grandes estancieros”, afirmó el abogado defensor, Darío Kosovsky.

Será el primer caso de América Latina con jurado intercultural, la mitad de los integrantes será del Pueblo Mapuche, y traducción simultánea en mapuzungun.

Hechos:

El 28 de diciembre de 2012, último día hábil del año y minutos antes de la feria judicial, la jueza Ivonne San Martín de Zapala dictó una medida cautelar para que la petrolera estadounidense Apache Corporation ingrese, de ser necesario con la policía, a territorio de la comunidad mapuche Winkul Newen, en el paraje Portezuelo Chico (a treinta kilómetros de Zapala).

La comunidad llevaba más de tres años denunciando el accionar inconsulto de la petrolera, los continuos hechos de contaminación y la vulneración de los derechos indígenas. Ante la falta de acción, tanto judicial como del gobierno provincial, habían cerrado el paso a la compañía. El personal de la empresa respondió con amenazas y acciones de hostigamiento, incluso con heridas de bala a un joven de la comunidad y golpes a una abuela mapuche y a la lonko de la comunidad, Violeta Velázquez, que estaba embarazada, según manifestó la comunidad. Los hechos de violencia fueron denunciados, pero la misma Fiscalía que ahora lleva juicio a los mapuches (a cargo de Sandra González Taboada) archivó la causa que los tenía como víctimas.

El 27 de diciembre de 2012 la comunidad dio sepultura a una beba recientemente fallecida. Los integrantes de Winkul Newen no tienen dudas de que la contaminación ambiental del territorio fue uno de los factores que afectaron la salud del niño.

En ese contexto, la auxiliar de justicia Verónica Pelayes llegó hasta la comunidad e intentó notificar que se debía permitir el paso de la petrolera. Estaba acompañada por policías, guardias de seguridad de la compañía, empleados de la empresa, camionetas y una retroexcavadora.

La comunidad le pidió que se retire. La auxiliar de justicia no aceptó dejar el documento en la tranquera (como le indicaban los policías) y comenzó un intercambio de palabras, a lo que continuaron gritos, acusó a los mapuches de no ser una comunidad y solicitó a la topadora que ingrese al territorio mapuche. La máquina estuvo a un paso de atropellar a una joven mapuche. Las piedras fueron la única forma de frenar ese avance.

Verónica Pelayes sufrió una herida en el rostro, con rotura de tabique. De inmediato la comunidad pidió disculpas públicas y responsabilizó al Poder Judicial, funcionarios políticos y a la petrolera.

Organismos de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto: “Nos duele el rostro de Verónica Pelayes y lo lamentamos profundamente. También nos duelen tantos rostros invisibilizados, anónimos, discriminados, olvidados que por siglos lucharon y luchan en la actualidad. ¿Será que los integrantes de las comunidades indígenas y campesinas deben estar presos porque defienden sus territorios de los avances ambiciosos de las empresas transnacionales y de los gobiernos?”. La nota llevaba la firma de Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Asamblea Popular Zapala, la Pastoral Social y del obispo emérito Marcelo Melani, entre otros.

De lesiones a homicidio:

La fiscal de Zapala Sandra González Taboada imputó a Relmu Ñamku, Martín Maliqueoy Mauricio Rain (de la comunidad Wiñoy Folil) por “lesiones”, acorde a los hechos sucedidos. Pero de manera sorpresiva, y en acuerdo con los abogados de Pelayes,cambió la acusación: “Tentativa de homicidio” y “daño agravado”, y pidió una pena de quince años de cárcel. Y acusó a Relmu Ñamku de ser la autora del hecho.

“Es la primera vez que una piedra, que además no está demostrado que haya sido arrojada por Relmu, es considerada tentativa de homicidio”, explicó el abogado Kosovsky y aportó otro punto de comparación: “Por homicidio simple, por asesinar a una persona, la condena puede ser ocho años de cárcel. Y en este caso, por una herida, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén pide el doble que en un homicidio”.

La denunciante, Pelayes, no oculta su activismo antimapuche. En redes sociales y foros de internet los llama “terroristas” y exige prisión efectiva. Cuenta con el apoyo del denominado “Foro de Defensa de la Patagonia”, grupo que acusa a los indígenas de separatistas y “antiargentinos”. En junio pasado colgaron un pasacalle en el Obelisco porteño con la frase: “Justicia por Verónica Pelayes. Víctima del terrorismo mapuche”.

En paralelo, la auxiliar de justicia inició una causa civil en la que demandó al Estado y a la petrolera por 6,5 millones de pesos.

Intercultural:

El martes 20 de octubre se definieron los doce jurados. Seis de ellos se autoreconocen como integrantes del PuebloMapuche. Durante la ronda de selección estuvieron ambas parte y el juez Raúl Aufranc.

El Consejo Zonal Centro (de la Confederación Mapuche de Neuquén) presentó un recurso de amparo porque no se respetó el derecho a la consulta previa (vigente en normas nacionales e internacionales).

El juicio igual se realizará. Será la primera vez en América Latina de un juicio penal con jurado intercultural.

Otro hecho inédito: todo el juicio será con traducción simultánea en mapuzungun (idioma mapuche), que también podrá escucharse por una frecuencia de radio local.

Petrolera:

Un actor fundamental pero que busca el perfil bajo es la petrolera. En 2012 era Apache Corporation, de capitales estadounidense. Mantenía instancias de diálogo con la comunidad, pero al mismo tiempo desoía los derechos básicos de consulta y consentimiento (vigente en leyes nacionales e internacionales). El 2014, Apache fue adquirida por YPF (bajo el nombre de Yacimientos del Sur --Ysur--).

Siete trabajadores de YPF (entre ellos el abogado Mariano Brillo que impulsó la cautelar en 2012) figuran como testigos, por parte de Pelayes y la Fiscalía.

El 21 de septiembre pasado, una decena de policías llegaron hasta la comunidad para notificar que el Poder Judicial había dado el aval para que ingrese Ysur-YPF al yacimiento (paralizado desde 2012). “El poder político provincial, nacional e YPF quieren aprovechar la coyuntura del juicio para retomar la extracción de hidrocarburos. Están violando la ley 26160 (de “Emergencia Territorial”) y derechos constitucionales. Pero la Justicia es ciega, sólo brinda seguridad jurídica a las empresas y no vela por los derechos indígenas”, denunció Martín Maliqueo, vocero de la comunidad.

Caso testigo:

El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) precisó en su informe anual que más de 350 mapuches fueron judicializados en los últimos años por conflictos territoriales. En muchos de ellos se los acusa de usurpadores de los territorios donde han vivido desde hace generaciones. Las contrapartes: petroleras, mineras, grandes estancieros, empresarios inmobiliarios y el Estado.

El lunes será la primera vez que se llega a esta instancia, en el banquillo de los acusados.

Relmu Ñamku no tiene dudas: “El Poder Judicial necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche. Trata de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo al modelo extractivo”

Entrevista a Relmu (por Cartago):

Fuente: Agencia Rodolfo Walsh