Argentina: Más de 500 evidencias de contaminación ambiental

El pasado 7 de junio se presentó una demanda ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) propiciada por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, FESPROSA (Federación de profesionales de la salud de la República Argentina), el CEPRONAR (Centro de Protección de la Naturaleza) y el grupo de Madres del Barrio Ituzaingó (línea fundadora), entre otros organismos ambientalistas.

Esta demanda se produce en virtud de un pedido ya realizado el 5 de julio del 2015; donde se solicitó al SENASA los estudios de riesgo vinculados a las empresas que distribuyen el agrotóxico productor de cáncer: Glifosato. “Con esta presentación, más la resolución 350 –que es el organismo que autoriza y cancela los agrotóxicos en la Argentina–, solicitamos que se diera lugar a un procedimiento administrativo, llamado procedimiento de análisis de riesgo. Esto consiste en que cuando se afirma que hay evidencias científicas respecto de algunos de los agrotóxicos que hayan sido aprobados ante el SENASA para su uso y comercialización, se pueda demostrar que esos productos impacten en la salud y el ambiente”, así nos explicó el abogado Darío Ávila la presentación ante el SENASA.

Se mostraron en esta demanda más de 500 evidencias de contaminación concreta por parte del Glifosato, lo que debiera obligar a este organismo estatal a revisar las autorizaciones que propiciaron a los dueños de este veneno ambiental que, sin ningún resquemor, caen sobre las escuelas rurales de varias provincias del país.

Advirtió Ávila sobre la responsabilidad del SENASA: “La presentación nuestra tenía como objetivo frenar el uso y la comercialización del Glifosato. En febrero de este año el SENASA rechazó nuestro pedido. En los últimos días hicimos una nueva presentación con nuevos documentos y ahora serán los jueces quienes obliguen al SENASA a llevar adelante ese procedimiento de análisis de riesgo”.

Escuelas fumigadas:

Las escuelas fumigadas son uno de los focos más sensibles del agronegocio. La salud de los más pequeños queda expuesta a lo que un productor con mosquito (maquina fumigadora agrícola) o un avión fumigador haga en horas de clase con niños estudiando. “En Entre Ríos salió una imputación, a partir de un hecho que ocurrió en octubre del año 2015 en el cual un propietario sojero de un campo que limita con una escuela rural, llevó a cabo una fumigación en forma aérea en horario de clase. A no más de 50 metros de la escuela”, explicó el letrado.

Las consecuencias: “Varios niños y niñas intoxicados gravemente con vómitos y dolores de cabeza. Una de las docentes de la escuela, Mariela Leiva, denunció esto a la policía y se generó el inicio de una causa penal y, como consecuencia de esta investigación, la semana pasada la Justicia imputó al dueño de ese campo bajo el delito de contaminación ambiental. Es por el mismo delito que en Córdoba se condenó a un propietario y a un productor sojero por un hecho similar, en Córdoba fue por haber fumigado en el barrio Ituzaingó, tuvo relevancia a nivel internacional este fallo”.

Monte maíz:

En octubre del pasado año se realizó el 3º congreso de “Médicos de Pueblos Fumigados” donde algunos de los datos más importantes fueron los de la ciudad cordobesa de Monte Maíz, donde el cáncer es la enfermedad más presente entre sus pobladores.

El Doctor Medardo Ávila Vázquez confirmó en dicho Congreso que eran 270 las familias vinculadas al trabajo agrario.

El 3,5% de estas familias tenían más cáncer que todo el resto de la población de Monte Maíz. Desde una mirada agraria es el pueblo con mayor riqueza de la provincia. El trabajo realizado por los médicos de pueblos fumigados detectó que los enfermos de cáncer tenían 30 años promedio, cuando los más afectados deberían ser con edades que vayan de 50 a 60 años.

El 90 % de los casos de cáncer en la provincia de Córdoba son superiores a los 45 años. La mayor diferencia con Monte Maíz es que los jóvenes tienen un 88 % más de posibilidades de contraer esta enfermedad que en Córdoba capital, según advirtió Ávila Vázquez en el Congreso de Pueblos Fumigados.

Un dato extra:

El periodista Darío Aranda, un especialista en el tema ambiental y el agronegocio, publicó una nota sobre la dura vida que deben llevar los habitantes de Napenay (Chaco) tras la fuerte presencia del modelo agrícola actual donde los más perjudicados son sus habitantes. “El Foro por la Tierra del Chaco denunció en 2008, en base a censos oficiales que, a mediados de siglo pasado la población rural provincial representaba el 70 por ciento. En 1991 había descendido al 28,5 por ciento. En 2001, sólo el 17 por ciento de la población permanecía en el campo. En 2010 descendió a 12 por ciento. El éxodo tuvo un solo destino: los márgenes de las ciudades”.

Este relato también contó la ausencia de un recurso natural indispensable: el agua. “En Napenay no hay agua. En el patio donde transcurre la entrevista se observa una manguera fina, de dos centímetros de diámetro, con un hilo de agua que cae en un tanque mediano a ras del suelo. Tardará horas, quizá todo el día, en llenarse. Es toda el agua que brinda el Municipio mediante una red local”.

Las políticas ambientales de ayer y de hoy:

El abogado ambientalista al ser consultado sobre la responsabilidad política de este modelo devastador de agronegocio en que se encuentran sumergidas muchas provincias de nuestro país, aclaró “lamentablemente los antecedentes marcan un modelo extractivista imperante en la Argentina a través de la soja, la megaminería a cielo abierto o el propio fracking, eso va a significar una profundización del modelo que estuvo fuertemente instalado de la gestión anterior.

El nuevo gabinete, sus secretarios y ministros vienen, muchos de ellos, como CEOs de las multinacionales. El panorama lejos de modificarse va a seguir profundizándose”.

Fuente y foto: Marcha