Argentina: Inminente desalojo a la Comunidad Mapuche

La “visita” responde a una clara amenaza de desalojo, en concordancia con la política que viene desarrollando el gobierno provincial, en complicidad con los intereses empresariales, en relación a la permanente violación de los derechos ancestrales del Pueblo Mapuche.

El conflicto con la empresa petrolera es de larga data, producto de la resistencia de la comunidad frente a la avanzada de la explotación petrolera en la región, que mantiene cerrado el acceso a un yacimiento petrolero perteneciente a la empresa, en defensa del territorio ancestral mapuche. Este conflicto ha llegado hasta los tribunales, en los cuales la empresa, que pretende explotar siete pozos petroleros en la zona, ha acusado a integrantes de la comunidad de “usurpación y turbación a la posesión”, causa que terminó resolviéndose con un fallo favorable a la comunidad el 19 de junio de 2007 en los tribunales de Zapala. La absolución de los integrantes de la comunidad se apoyó en el reconocimiento del pueblo mapuche como un pueblo preexistente en la nueva Constitución neuquina, producto de la reforma llevada a cabo en el año 2006, así como en la Constitución Nacional y toda una normativa jurídica internacional que protege y ampara los derechos de los pueblos originarios, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Desde el año pasado, la comunidad tuvo que enfrentar una nueva avanzada de los intereses capitalistas sobre su territorio ancestral. En diciembre del año pasado fueron rematados por el estado provincial cinco lotes que la comunidad ha reivindicado como parte de su territorio, cuyos títulos de propiedad habían sido otorgados luego de la llamada “conquista del desierto”. La claudicación de esos títulos llevó a que esas tierras pasaran a manos del estado que, al no tener una política de restitución de tierras a las comunidades, las ha rematado a empresarios allegados al poder político provincial. Es el caso del empresario Eduardo Badano, uno de los socios del establecimiento “Las tres E”, que pretende apropiarse de territorio ancestral de la comunidad. Eduardo Badano fue juez del Tribunal Superior de Justicia hasta mediados del año pasado y uno de los que votó en contra de que se promoviera una acción judicial en contra del ex gobernador Sobisch por una cámara oculta que demostraba una coima a un diputado. Fue uno de los que pasó a archivo esa causa y uno de los que destituyó al fiscal Mendaña, que era quien había promovido la misma.

En el mes de abril este empresario se presentó en la comunidad anunciando que había comprado los cinco lotes en donde hay explotación petrolera, como una forma de inversión. Explicando con falsedades que no sabía que los lotes que había comprado era territorio de la comunidad -datos que no podía ignorar por haber sido integrante de Tribunal Superior de Justicia- transmitió que el propósito de la “visita” era dialogar con la comunidad para hacer un arreglo que permitiera volver a poner en funcionamiento el yacimiento “Portezuelo Norte”, operado por la empresa Apache y que la comunidad tiene parado desde hace dos años. El pedido concreto a la comunidad era que permitiera que la empresa volviera a operar en la zona, ya que ese territorio se había convertido en propiedad privada. En esa oportunidad, el “diálogo” incluyó una abierta amenaza y un plazo concreto para que la comunidad abriera la tranquera que tiene paralizado el yacimiento. Si en el mes de agosto no se concretaba esa apertura, el empresario iba a recurrir a la justicia para resolver la situación. Es claro que lo que sigue es una orden de desalojo que es la manera que tiene la justicia de resolver los conflictos entre los derechos ancestrales de las comunidades y la defensa de la propiedad privada.

La clara complicidad entre los empresarios privados, las corporaciones petroleras y el estado provincial queda demostrada una vez más en este conflicto, en el cual se unifican los intereses de los distintos resortes del poder para aniquilar la resistencia de un pueblo originario que lleva siglos empeñándose en seguir existiendo en el respeto a su identidad y su cultura construidas en sus territorios ancestrales.

El gobierno de la provincia de Neuquén viene actuando en absoluta complicidad con las empresas petroleras, violando en forma permanente los derechos de los pueblos originarios reconocidos por legislación internacional y nacional, y en el caso de esta provincia por la propia constitución provincial. Los desalojos de comunidades son moneda corriente en la provincia, que desconoce a su vez la ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria aprobada en el 2006, que suspende los desalojos por cuatro años, con el propósito de relevar y regularizar la situación territorial de las comunidades originarias existentes en el país, con el fin último de garantizar el control de los bienes naturales por parte de los pueblos originarios. Esta ley ha sido ignorada en todo el territorio nacional y la provincia de Neuquén no ha sido una excepción. Es más, en los últimos años, ha sido una de las provincias que la ha violado en forma sistemática, ignorando los derechos territoriales, culturales e identitarios de las comunidades mapuche.

Frente a este avasallamiento de los derechos del Pueblo Mapuche, exigimos:

-El reconocimiento de los derechos ancestrales de este pueblo originario preexistente a los estados nacionales y provinciales.
-El freno a los desalojos que violan la legislación nacional e internacional que protege sus derechos territoriales.

Contactos: Martin Maliqueo Werken de la comunidad Lonko Purran 0299-155174311

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Entrevista a Martin Maliqueo Werken de la comunidad Lonko Purran

Fuente: Pañuelos en Rebeldía