Argentina: Cuestionamos a Vaca Muerta ante la ONU

Refiere, en ese sentido, a la situación de Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013. Al momento, en más de 500 pozos se ha fracturado hidráulicamente. La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, Lucy Mckernan de Global Initiative, afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se ha obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La abogada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado de CIEL, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera con los pueblos indígenas. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas -por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Por otra parte, en torno al cambio climático el documento señala que: “La extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Organizaciones que promovieron el documento:

Observatorio Petrolero Sur (OPSur) Mediante la investigación, la promoción y la formación OPSur busca fortalecer los caminos democráticos y justos para la energía y el desarrollo en Argentina. Bajo un enfoque basado en los derechos, trabaja para aumentar la concienciación sobre las implicancias de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta desde 2011.

Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Desde 1989 el CIEL desarrolla estrategias legales para proteger el medio ambiente, promover los derechos humanos y garantizar una sociedad justa y sostenible. Cuenta con sedes en Ginebra y Washington DC.

Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative) Global Initiative es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos que busca promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, abordando la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos.

Contactos:

Diego di Risio: | contacto@opsur.org.ar

Lucy Mckernan: + | sduyck@ciel.org

Sébastien Duyck: + | lucy@globalinitiative-escr.org

Fuente y foto: Observatorio Petrolero Sur