Argentina - Semillas: Tratado de libre comercio mata ley

La semana pasada, representantes de la Unión Europea y del Mercosur se reunieron para analizar las pautas de un tratado de libre comercio entre ambas partes, que ya lleva 17 años de negociaciones. En esta ocasión, el encuentro fue en Buenos Aires, y por primera vez se debatieron textos referidos a temas de propiedad intelectual, que generaron discrepancias y preocupaciones dado que limitarían la soberanía de los países latinoamericanos y, a largo plazo, podrían perjudicar a sectores como el agroindustrial.

El artículo 9 del capítulo de propiedad intelectual (ver aquí) presentado por la Unión Europea, por ejemplo, propone que las partes protejan los derechos de las variedades vegetales (es decir las semillas, y de algún modo también las plantas) de acuerdo con el tratado de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su revisión del año 1991 y que cooperen para “promover y reforzar tales derechos”.

Las normas UPOV constituyen un modelo de protección de las semillas que surgió en Europa en el año 1961, a partir de un acuerdo entre distintos países. Con el paso del tiempo, esas normas se fueron modificando a medida que se ampliaba la cantidad de países adherentes. La última reforma, de 1991, fue impulsada por Estados Unidos. Ninguno de los cuatro países del Mercosur que participan en esta negociación con la Unión Europea (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) adhirieron.

Estos países continúan adheridos a la revisión del año 1978, que permite conservar la semilla para uso propio o para desarrollar una variedad (es decir, que el productor puede quedarse con parte de la semilla cosechada para volver a usarla o investigar sobre ella).

La revisión UPOV 91, en cambio, mantiene la figura del fitomejorador pero con limitaciones sobre el uso de las semillas y extiende los derechos exclusivos incluso a la cosecha, es decir, limita el derecho al uso de la semilla que el propio agricultor ha obtenido, que pierde esa condición y pasa a ser una excepción facultativa que cada Estado puede introducir o no. Además, eleva el plazo de protección de 15 a más de 20 años.

En la Argentina, en particular, la adhesión a la revisión UPOV 91 fue uno de los puntos más controvertidos cuando, el año pasado, se debatieron en el Congreso diversos proyectos para modificar el actual marco legal de semillas (Ley 20.247), de 1973. Los legisladores argentinos todavía no lograron ponerse de acuerdo al respecto, pero tampoco lo hacen los distintos actores que pueden verse afectados por estos cambios.

“La posición histórica de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) ha sido a favor de incorporar elementos de UPOV 91 en nuestra legislación. No necesariamente todo lo que está en ese acuerdo tiene que ser puesto en vigencia pero sí hay elementos que tendrían que estar, como el concepto de variedad esencialmente derivada, porque los mejoradores locales están completamente desprotegidos sin él”, le dijo a TSS Miguel Rapela, director de ASA. Rapela aclaró que, si bien han estado “parcialmente informados” sobre los avances en las conversaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, sostuvo que no conocen cuáles han sido las conclusiones finales. “Temas como la legislación de semillas, patentes y protección de invenciones están en la agenda internacional. Todas las posiciones son atendibles, pero hay que ver cuál es el rol que la Argentina quiere jugar en el mundo, y lamentablemente hay cosas positivas y negativas. Las positivas son los beneficios de poder estar incorporados al mundo, y las negativas, entre comillas, es que hay un orden internacional que la Argentina tiene que acatar y ahí es donde estamos un poco débiles”.

Diferente es la posición de la Federación Agraria Argentina (FAA). El abogado Jorge Solmi, director y coordinador para la provincia de Buenos Aires de la FAA, que además participó de la elaboración de uno de los proyectos de ley de semillas debatidos el año pasado, afirmó que la organización que dirige se inclina a favor de mantener la UPOV 78, “porque contempla al productor agropecuario como usuario de la semilla y es el convenio al que adhiere la mayoría de los países que compiten con nosotros”, en referencia a aquellos que también exportan commodities.

En particular, una de las cuestiones de la UPOV 91 que genera oposición es, precisamente, el concepto de variedad esencialmente derivada, que determina que, si una nueva variedad vegetal es esencialmente derivada de otra anterior, quien la utilice para mejorarla debería pagarle regalías o tener la autorización del obtentor original.

Hoy, en cambio, el investigador tiene libertad absoluta para obtener una variedad a partir de otra, y “la consecuencia inmediata sería una reducción de derechos para los productores y menor diversidad biológica”, dice Solmi. Y agrega: “Le abre un camino al dueño de la variedad (el obtentor), que tendría derechos sobre lo que el productor produce. Es una cuestión muy grave y creo que las entidades del agro van a tomar posición en esto”.

Según el director de la FAA, “todos los proyectos de ley han incluido intentos de incorporar cuestiones de la UPOV 91 vía modificaciones legales, pero la estructura jurídica de los tratados internacionales es superior a una ley, por lo que adherir a un tratado de este tipo implicaría una gran reducción de la libertad y de los derechos de los usuarios e investigadores”.

- Foto de Reproducción.

Fuente: Universidad Nacional San Martín