Argentina - Relmu Ñamku: inicia el juicio por defender territorio mapuche

Durante dos semanas se resolverá la posible sentencia de 15 años de prisión, a través de un juicio intercultural por jurados. El carácter desmedido de la acusación da cuenta del avance ininterrumpido de la criminalización de los pueblos originarios que asumen la defensa de la tierra, y la constante estigmatización racial que sufre el pueblo mapuche frente al estado provincial y nacional.

Territorios en disputa

El territorio de la comunidad mapuche Wincul Newen está ubicada en el Paraje Portezuelo Chico, zona centro de la Provincia de Neuquén, a 25 kilómetros de la ciudad de Cutral-Co. La llegada de las empresas petroleras al territorio ya lleva alrededor de 15 años, cuando la norteamericana Pioneer Natural Resources –luego denominada Apache, Yacimientos del Sur y desde 2014 es la estatal YPF- ingresó al territorio de las comunidades cuando estas estaban en la “veranada” -momento en que las comunidades practican la trashumancia y dejan el territorio de la zona centro-. Al regresar, encuentran a la empresa en sus territorios, “el conflicto está instalado, no son las mismas condiciones y la fuerza para pelear por el territorio cuando las empresas ya están adentro”, relató Relmu en diálogo con Marcha.

Allí comienzan los primeros cortes y un proceso para fortalecer la comunidad y su institucionalidad. “A partir del conflicto la comunidad empieza a organizarse, pero el proceso es muy lento. Cuando empezamos a estar medianamente preparados para iniciar una lucha ya teníamos 10 pozos hechos”; dijo Relmu, además, las empresas en conjunto con el Estado activaron una estrategia de asedio que incluyó la militarización del territorio, inspecciones ilegales, desaparición de animales en pastoreo vitales para la comunidad y fragmentación de las comunidades a partir de ofrecimientos de trabajo que debilitaron la posibilidad de acción conjunta.

Crónica del asedio a la comunidad

Una década de resistencias limitaron el proyecto inicial que tenía la empresa de cuarenta a diez pozos petroleros y una planta compresora concentra el gas de la zona para ser trasladado a la ciudad de Cutral Co: “nosotros ya aprendimos como se apagan los pozos, como se prenden, como bloquearlos. Convivís con eso”, relató Relmu.

Desde el año 2012 las comunidades habían logrado que el Yacimiento Portezuelo Norte detenga sus operaciones, a partir del reclamo de saneamiento por un derrame de crudo, y del pedido de inspección por parte de Subsecretaria de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia. Además del incumplimiento de estos reclamos, que violan el derecho de consulta contemplado en el Convenio 169 de la OIT, el 8 de diciembre de 2012, la Jueza Ivonne San Martin del Juzgado de Zapala, dicta una nueva orden de desalojo para la comunidad. Mónica Pelayo, la oficial de justicia que fue a notificar el desalojo, llegó a la comunidad acompañada de camionetas de la empresa Apache, policías y topadoras, plagando de irregularidades el procedimiento.

Conociendo la situación de tensión existente en la comunidad después de haber denunciado un derrame de petróleo, la oficial decide además posesionarse ante el hecho resaltando que el acceso a la comunidad constituía un camino público y que no tenían reconocimiento como comunidad por parte del Estado, lo que complicó la predisposición al diálogo, tal cual relata Relmu. Además, la oficial dio la orden a la topadora para el ingreso, poniendo en riesgo a la comunidad, cuando sólo podía limitar su accionar a la notificación. En este marco, la comunidad se defendió y Mónica Pelayo resultó herida.

Quien es quien en el juicio: un recorrido por la justicia racista de Neuquén

Mónica Pelayo, quien invoca el “terrorismo mapuche” para hablar de lo sucedido, designó como abogado a Julián Álvarez, conocido defensor de jueces de la dictadura y miembros de la Sociedad Rural. La fiscal, que asume la causa es Sandra Gonzales Taboada, quien archivó la causa por golpizas que había realizado la comunidad hace unos años, cuando varios de sus integrantes habían resultado gravemente heridos frente a un intento de desalojo.

En un primer momento, Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron imputados por daños. Luego, la fiscal dio lugar en la audiencia de reformulación de cargos, donde se resolvió acusar a Rain y Maliqueo por “daños agravados” y a Relmu Ñamku de “tentativa de homicidio” –y de no haber sido por la presión ejercida por Adolfo Pérez Esquivel, Félix Díaz y Sofía Gatica, la carátula de Relmu sumaría el delito de “alevosía”-. Los cambios en las carátulas fueron realizados sin sumar a la causa ningún elemento que los pruebe.

Relmu, además, es la única de los tres imputada por tentativa, lo que expresa también el carácter patriarcal de la justicia neuquina y la complicidad del Ministerio Público Fiscal a la hora de garantizar la explotación a las Empresas Petroleras, en un juicio cuyo devenir procedimental no tiene precedentes y expresa una voluntad manifiesta de hacer de este un juicio ejemplar que amedrente la lucha de las comunidades.

El juicio tiene también otras características excepcionales. En el marco de los novedosos juicios que ya se aplica en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, cuyos veredictos han sido generalmente condenatorios, este juicio inaugura por primera vez en Argentina la modalidad de Jurado intercultural. O sea, la mitad de las y los jurados serán, mapuches. Sin embargo, son muchos los vicios en el procedimiento de selección del jurado, a pesar de que la comunidad logró imponer algunos criterios como la autoadscripción del jurado seleccionado al pueblo mapuche.

Además, a pocos días de iniciar el proceso público, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli rechazó el amicus curiae presentado por Pérez Esquivel, argumentando que la imparcialidad del proceso queda garantizada por ser este un juicio por jurados. Pérez Esquivel afirmó que “a Relmu Ñamku la acusan por ser mujer e indígena”.

Escenarios frente a la sentencia

El juicio de Relmu expresa un complejo escenario de persecución política y judicial contra el pueblo mapuche, los pueblos originarios y las comunidades en resistencia al avance del extractivismo. El recorrido de la resistencia de la comunidad mapuche está plagado de violaciones y vulneraciones del derecho indígena contemplado en la legislación nacional y los tratados internacionales.

Se enmarca, además, en una década donde se vive una situación paradójica, al tiempo que se fortalece el derecho indígena, se incrementa de manera sistemática la violación de derechos, relacionada con el avance del modelo extractivo sobre territorios de comunidades y pueblos originarios que son vistos como “sacrificables”, que genera un impacto ambiental y cultural sin precedentes.

“El impacto ambiental puede ser cuantificable, pero el impacto cultural no, ¿cómo cuantifico la relación que el pueblo mapuche tiene con su territorio, milenaria que tiene que ver con la cultura, con la transmisión de los valores, de los principios, no solo de la alimentación sino de las ceremonias y la identidad?, ¿cómo se cuantifica ese impacto a la hora de perder el territorio? El impacto cultural tiene que ser una categoría a tener en cuenta”, sostuvo Relmu.

El 4 de noviembre se conocerá la sentencia, luego de que Relmu Ñamku realice el lunes 2, la última declaración que tendrá el juicio. La sentencia marcará un parteaguas en el escenario de criminalización y judicialización que atraviesan los pueblos y comunidades originarias en Argentina y en América Latina. Son claras las intenciones de que sea un juicio ejemplar en Neuquén, provincia petrolera caracterizada por garantizar la “seguridad jurídica” para el avance de las empresas transnacionales y estatales, y cuya justicia racista y patriarcal es ejemplar en el desconocimiento del derecho indígena.

Como plantea Ayben Kimvn Velázquez Malique, hija de Relmu Ñamku: “Quiero Justicia Justa. Marici weu Marici weu!” – ¡diez veces venceremos!-.

26 de octubre de 2015

Por Florencia Puente y Elisangela Soldatelli/ Foto por Nadia Sur para Marcha

Fuente: Huerquen