Argentina - Humedales: ¿Con Inventario pero sin Ley?

En tanto que el punto clave de la Ley de Humedales es la posibilidad de ejercer una moratoria, la iniciativa oficial permitiría que la frontera extractiva siga avanzando en estos territorios.

El Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, se reunió el mediodía del 26 con el Presidente Mauricio Macri. A casi seis meses de la anunciada promesa de que el gobierno nacional impulsaría la Ley de Humedales, en los hechos la bancada oficialista no acompaña el proyecto legislativo. Un proyecto para proteger humedales tenía media sanción del Senado hasta diciembre pasado, cuando perdió estado parlamentario porque el bloque kirchnerista le negó el tratamiento en Diputados. Cambiaron los roles, pero nuevamente desde el oficialismo, hoy en manos de Cambiemos, demoran el tratamiento de la Ley.

La realización de un Inventario de Humedales puede ser una buena noticia. Según el comunicado del Ministerio de Ambiente: "el relevamiento permitirá conocer con exactitud los límites y las características de estas zonas, que ocupan cerca del 23 por ciento de la superficie del territorio nacional" (ver aquí). Entre los fundamentos de la medida, señala que son importantes como mitigación al cambio climático y que "también son vitales para controlar las inundaciones". De hecho, el tema entró en agenda debido a las inundaciones cada vez más frecuentes que sufren el norte de Buenos Aires y la región del Litoral.

Sin embargo, en el contexto de la discusión de un nuevo proyecto de Ley de Humedales, que fue la promesa inicial del gobierno, este anuncio podría ser perjudicial. El propio comunicado oficial señala que "la información aportará una amplia y detallada base de datos para la elaboración de la futura Ley de Humedales". Y el propio texto agrega que "el inventario llevará al menos tres años", en tanto que "la primera etapa estará lista hacia fines de 2016".

Según explicó Bergman: “el tratamiento del proyecto en el Congreso no tiene que demorar nuestro plano, que es el Ejecutivo”.

En contraste con la explicación de Bergman, si la elaboración de este inventario se piensa como un insumo para la elaboración del proyecto de Ley, entonces ya se está retrasando la iniciativa legislativa al menos hasta fines de este año, cuando estarían listos los primeros resultados. Desde el Congreso Nacional, en el despacho del senador Fernando "Pino" Solanas plantean como objetivo que el proyecto de Ley tenga dictamen tan pronto como agosto, es decir en las próxima semanas. Y allí el punto clave es que esta iniciativa incluye la idea de una moratoria a la intervención sobre humedales.

El nuevo proyecto de Ley de Humedales, que será presentado por Solanas, Magdalena Odarda (ARI) y Jaime Linares (GEN), retoma el que fuera presentado originalmente por Rubén Giustiniani (Partido Socialista). Esta iniciativa fue acompañada por diversos colectivos socio-ambientales, desde donde incorporaron un mayor énfasis en la protección concreta e inmediata de estos territorios (ver aquí).

En su momento, existía otro proyecto firmado por el Frente por la Victoria, que había sido asesorado por la Fundación Humedales, que se enfocaba más bien en el aspecto científico, justamente en la realización de un inventario.

Si bien en noviembre de 2013 ambos proyectos se unificaron, en la actual coyuntura el gobierno de Cambiemos parece aprovechar esta diferencia para impedir que se trata y se vote una nueva Ley este año. Así, la iniciativa anunciada hoy por el Poder Ejecutivo cita que el inventario tiene sustento en "un trabajo realizado por el Ministerio de Ambiente y la Fundación Humedales". El comunicado también informa que habrá tres etapas: "En la primera se identificarán las principales regiones y subregiones; en la segunda, los sistemas y subsistemas de humedales; y en la tercera se delimitarán las unidades prioritarias".

Esta identificación de las "unidades prioritarias", que se realizará en la última parte del inventario, es decir, para el año 2019, es la que se suele utilizar para definir las áreas de protección absoluta, por ser las de mayor valor ecológico. Sin embargo, la falta de una legislación que regule el avance sobre los humedales hasta que se definan las áreas prioritarias puede influir en el propio proceso de la investigación.

Es decir, pueden ser destruidos antes de que se llegue a conocer científicamente cuál era su importancia ecológica y social. Por eso el punto de la moratoria es imprescindible en el proyecto de ley.

La discusión de la Ley de Humedales puede ser la primer prueba para la política ambiental de Cambiemos, en tanto que el propio Macri prometió su tratamiento en febrero de este año. Sin embargo, como reconoció Juan Carlos Villalonga, diputado del PRO y referente en el área ambiental: “Hay muchos sectores que se ven amenazados por una ley de protección de humedales: desde proyectos urbanos y agropecuarios, hasta forestales y mineros". Y agregó que se necesitarían definiciones claras, porque: “Esto las obligaría a explicitar una política sobre el uso de sus recursos naturales. Ese es el gran problema".

En efecto, la Ley de Humedales no representa sólo un aspecto de conservación ecológica. O, mejor dicho, al hacerlo se enfrenta con distintos intereses del modelo extractivista. En primer lugar, el avance de la "frontera agropecuaria", específicamente con la sojización. Por otro lado, también el avance de la frontera del extractivismo urbano, porque los humedales son codiciados para desarrollos inmobiliarios de alta gama. De hecho, ambos factores se combinaron en los últimos años para en la cuenca del río Luján, una de las más afectadas con inundaciones frecuentes.

Uno de los puntos complejos que se discutió el año pasado es que la moratoria no interfiera con las actividades que se realicen en humedales de manera no invasiva o sustentable. Es por ejemplo la preocupación que existía en los Esteros del Iberá, un gran territorio en Corrientes que es utilizado por la población campesina. Sin embargo, la Ley puede especificar que esté prohibido por moratoria la realización de emprendimientos que cambien el uso del suelo, como cuando se desmonta para campos de soja o -más aún- cuando se opera sobre el lugar levantando artificialmente el terreno para construir un barrio cerrado.

Esta es la idea que comparten desde el colectivo "El Paraná No se Toca", para que en el intervalo entre la sanción de la Ley y el ordenamiento territorial no se hagan actividades nuevas que sean invasivas. El actual proyecto de Ley que trabajan Solanas, Odarda y Linares contemplaría esta moratoria por tres años, plazo por el cual el poder ejecutivo debe coordinar la realización del Inventario. Y es justamente ésta la medida anunciada hoy, aunque los términos quieren invertirse: primero el inventario, después la Ley. Claro que de este modo es posible que para esa altura del partido ya no haya demasiado humedales que resguardar.

Las moratorias:

La sanción de la Ley, en el actual marco jurídico e institucional, es el primer paso concreto para la conservación de un ecosistema. Sin embargo, no debe ser el único bajo las condiciones de afectación de intereses corporativos, como lo marca la propia experiencia reciente. La Ley de Bosques fue la primera en incluir la herramienta de la moratoria, y ésta se cumplió parcialmente en tanto hubo permisos autorizados días antes de la Ley y luego provincias que realizaron inventarios muy permisibles con el desmonte. Una suerte peor corrió la Ley de Glaciares, que continúa un proceso de judicialización liderado por el gobierno de San Juan y la empresa Barrick Gold. Y es que la aplicación de la Ley significaría prácticamente el cierre de sus explotaciones que afectan el ecosistema periglacial protegido por la Ley.

Fuente: Com Ambiental