Argentina - Agroquímicos: ¿Cómo controlarlos?

A través de la Resolución Conjunta 1/2018, los ministerios de Agroindustria y de Ambiente y Desarrollo Sustentable definieron la creación de un Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, que se encargará de elaborar recomendaciones de políticas públicas basadas en evidencia científica, que permitan regular y controlar el uso de agroquímicos. Se espera que la iniciativa sea “el punto de partida para fortalecer las políticas agropecuarias nacionales para la buena gestión de los fitosanitarios, basadas en las buenas prácticas agrícolas, y que cada provincia utilice como marco de referencia para reglamentaciones propias”, tal como señaló en conferencia de prensa el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere.

Hasta el momento, se han dictado leyes y normativas específicas para la gestión de los productos fitosanitarios en 22 provincias del país. “Hoy, cada jurisdicción regula de manera diferente. Hay municipios que lo hacen de una forma y el que está al lado lo hace de otra, y en el medio está la gente que tiene temor de si los están fumigando o si se aplican bien o mal los fitosanitarios, porque puede haber casos de mala praxis”, le dijo a TSS Juan Treviño, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental, tras la conferencia de prensa en la que los ministros de ambas carteras anunciaron la firma de este acuerdo. Y ejemplificó: “Es lo mismo que una aspirina: ¿es buena o mala? Depende, si tomás una caja te puede a matar”.

El grupo de trabajo, que tiene 90 días para elaborar el primer informe de situación, estará conformado por dos representantes de ambos ministerios, así como del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y un representante de los ministerios de Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, del Consejo Federal de Medio Ambiente y del Consejo Federal Agropecuario. Otro de los objetivos que tendrá este grupo será el de “formular recomendaciones sobre cómo fortalecer los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios”. Sobre este punto, los ministros advirtieron que tales tareas continuarán a cargo de los municipios y las provincias, según corresponda, puesto que son quienes actualmente tienen competencia para hacerlo (a pesar de que existen advertencias sobra la falta de recursos en muchas localidades para poder financiar dichos controles).

“No es una cuestión de más control y mucho menos de buenas prácticas. No es casual que eso sea lo que siempre repite el lobby del agronegocio. Hay que revisar el modelo agroindustrial de la Argentina, asociado a un paquete tecnológico vinculado con los agroquímicos, y empezar urgente una transición de salida de ese modelo”, le dijo a TSS el abogado ambientalista Enrique Viale, creador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADEAA), y sostuvo: “Creo que es una reacción ante los efectos nefastos que están generando el glifosato y los agrotóxicos en el país, y hacen lo que decía Perón: cuando no saben qué hacer forman una comisión. Nos da mucha bronca que no puedan asumir esta problemática de manera real y, además, que sea a espaldas de los pueblos fumigados, de las 12 millones de personas que están siendo expuestas a los agroquímicos en la Argentina”.

Se estima que el uso de estos productos aumentó un 983% durante los últimos 25 años, de 38 a 370 millones de kilos, según la Declaración del Tercer Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados (de 2015), de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. El primer cultivo transgénico en la Argentina fue la soja tolerante a glifosato, que se introdujo en 1996. Desde entonces, según el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio), el área con cultivos genéticamente modificados ha crecido de forma sostenida, hasta alcanzar 24,5 millones de hectáreas durante la campaña agrícola 2015/2016. Actualmente, casi todos los productores de soja, maíz y algodón en el país usan variedades transgénicas.

Junto con ese incremento, en los últimos años también han comenzado a tener difusión diversos estudios científicos que dan cuenta de los impactos negativos de este modelo, no solo en el ambiente (por ejemplo, la alta concentración de glifosato encontrada en el fondo del Río Paraná, en productos como el algodón y otros elaborados con él), así como sus efectos en la salud humana ( se ha encontrado relación entre el aumento de casos de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos en poblaciones expuestas a estos productos). También en la conformación socioproductiva del agro argentino, concentrada en las grandes producciones de comodities y dejando menos posibilidades de desarrollo a los pequeños productores locales y a aquellos en transición, que intentan implementar modelos agroecológicos que disminuyan el uso de agroquímicos.

“Estamos ante la mayor problemática socioambiental de la Argentina y el nivel de desconocimiento y ocultamiento al respecto, por parte de las autoridades, es muy preocupante”, destacó Viale, que además es docente en la Universidad de Buenos Aires y fue co-autor de diversos libros sobre problemáticas ambientales, junto con especialistas como Maristella Svampa, Pablo Bertinat, Norma Giacarra y Adolfo Pérez Esquivel.

Junto con la conformación del grupo de trabajo sobre la aplicación de agroquímicos, los ministros también anunciaron la reglamentación de la Ley 27.279, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, sancionada en octubre de 2016, que regula el tratamiento y destino de los envases plásticos que resultan como residuos de los productos agroquímicos, que a menudo provocan intoxicaciones que hasta pueden ser letales.

La nueva reglamentación prevé que las empresas que registran productos en el mercado tendrán que hacerse cargo del destino de los envases que contienen sus productos. “Fuimos muy críticos de esa ley, porque creemos que hay que tratar a los envases de agroquímicos vacíos como residuos peligrosos. En cambio, esto es buscar que el mercado pueda solucionarlo, pero creemos que no es totalmente efectiva”, concluyó Viale.

Fuente: UNSAM