Amazonía ecuatoriana: relatos de la colonización petrolera

Una fugaz recorrida por el cantón Francisco de Orellana (1), en la provincia del mismo nombre, permite ver las necesidades y anhelos de su gente. Allí la teoría del derrame no funciona, las cifras macroeconómicas no significan su bienestar; los únicos derrames allí conocidos son los de crudo y aguas de formación, que contaminan suelos, arroyos, ríos, vidas.

Colonización

Wilson Suárez vive en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, ubicada al norte de Orellana. En 1967 comenzó allí la actividad de la petrolera Texaco en la Amazonía ecuatoriana, que se prolongó por cuatro décadas. Hace ocho años se incorporó a la ong Acción Ecológica, donde suma esfuerzos para responder a los problemas ambientales. Con él y otros colegas suyos emprendemos viaje desde Puerto Francisco de Orellana, también conocido como ciudad de Coca, hacia la parroquia Dayuma y las comunas -parajes- Santa Rosa y Los Reyes.

“Conozco la realidad de acá porque vivo en la Amazonía”, dice bajo la fresca sombra de unos árboles. Es mediodía, hace muchísimo calor y el micro que nos transporta está detenido, un grupo de trabajadores petroleros corta el tránsito de la carretera que une Dayuma y Santa Rosa. Están tendiendo un ducto que corre paralelo al camino.

“Hay una historia que contar, que muchas veces no se la hace conocer, como que queda un poco…”, Wilson no termina la frase, tal vez le faltó decir “oculta” o “silenciada”. “Hay que entender que ancestralmente la provincia de Sucumbíos era territorio cofán, como también la provincia de Orellana era territorio huaorani”, destaca. “En un momento las empresas entran y comienzan a buscar mecanismos para incidir en la población indígena [y neutralizar su beligerancia] . En el caso de Texaco hubo una misión que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, que empieza una acción de evangelización e incide en los cofán. Hasta el día de hoy hay un integrante de ese Instituto que vive con los cofanes; se casó con una cofán y los evangelizó”, relata. En la conquista de nuevas fronteras también intervino el ejército, que llegó para brindarle ‘seguridad’ a las empresas, una tarea que realiza aún hoy.

“En 1980 el gobierno de Ecuador declara a la Amazonía como una zona donde podía venir la gente a colonizar. Esa declaración provoca que sectores sociales muy pobres de otras provincias vengan a vivir, especialmente los campesinos que no tenían tierras. Así se coloniza. Conforme a la apertura de vías a los pozos petroleros, la población iba llegando y cogiendo sus fincas”, continúa Suárez. Las empresas abrían los caminos en la selva, hacían las exploraciones sísmicas, perforaban y antes que tendieran los oleoductos para conectar los nuevos pozos con las baterías, los colonos habían levantado sus viviendas. A lo largo del camino florecen sencillas casas de madera rodeadas de tuberías y vegetación. Pero no sólo los colonos llegaron detrás de las empresas, también lo hicieron los traficantes de madera.

La cuadrilla de petroleros sigue su trabajo mientras crece la fila de vehículos que espera la reapertura de la ruta. “El mestizo comienza una confrontación con la comunidad indígena, a tal punto que la nacionalidad indígena cofán, como la huaorani, deja de ser dueña de su territorio y vive en territorios ya focalizados”, explica. Ante ese avance de la frontera extractiva-colonizadora los clanes tagaeri y taromenane de la nacionalidad huaorani optaron por el aislamiento voluntario y aún hoy viven en el interior más profundo de la selva. Pero el avance de las petroleras sobre la Amazonía no se detiene.

Días después, Manuela Omari Imaomene, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, nos dirá en Coca: “No queremos que las petroleras lo tengan [al territorio] como dueños, eso no lo vamos a permitir. Nosotros queremos vivir libremente pero las petroleras vinieron a nuestras casas, nosotros no vamos a ensuciar la casa de ellos, nosotros queremos vivir como era antes”.

El camino se despeja, avanzamos algunos metros, y nuevamente el colectivo detiene la marcha. Otra espera, más breve, y continuamos viaje hasta llegar a Santa Rosa, ubicada en el kilómetro 70 de la Vía Pindo. Allí visitamos la escuela y hablamos con los pobladores. Sólo 10 personas trabajan para las petroleras, son empleos temporales y van rotando entre los diferentes hombres de la comuna; otros pocos “hacen finca” y el desempleo es ley. Antes producían café, cacao y maíz, pero aseguran que los cultivos ya no se dan, que la tierra no es apta. También dicen que el agua de los esteros está contaminada por sucesivos derrames de hidrocarburos, pero no tienen otra fuente de la que abastecerse, y tanto el Estado como las operadoras deslindan responsabilidades.

Un maestro de la escuela a la que concurren 130 niños, comenta que entre los chicos son muy comunes los problemas respiratorios y de piel. Él no ve muchas expectativas de mejoras en la comunidad y está convencido que sería excelente que sus alumnos consigan trabajo en las petroleras. Muy cerca están las bases de Elf-Vintage y PetroOriental del bloque 14.

-Aislamiento voluntario

Formalmente Ecuador reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero no siempre estos derechos son respetados. El Plan de Medidas Cautelares para la protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento, dependiente del Ministerio del Ambiente, es uno de los organismos encargados de velar porque esto suceda. “Nosotros trabajamos con comunidades huaorani para proteger a los aislados”, explica una técnica del Plan. “Como se sabe a los aislados no puedes verlos, no puedes tocarlos… están aislados. ¿Cómo los puedes proteger? Tratando de evitar las presiones que los pueden afectar. ¿Cuáles son las presiones que ellos tienen? Las extracciones hidrocarburíferas, extracción de madera, los turistas, los científicos, los investigadores”, continúa.

“Trabajar en el Plan de Medidas Cautelares es un poco complicado, porque hay una línea extractivista todavía dentro del gobierno. Mientras hay un ministerio que está apelando a la conservación y a la protección de pueblos aislados, hay otro ministerio cuyo propósito es extraer petróleo. Tenemos dos intereses que se contraponen y, obviamente, el más fuerte no es el de la conservación y el de la protección sino el de extracción petrolera”, enfatiza.

“El problema es que algunas compañías tienen potestad absoluta sobre el suelo concesionado. Ellos se toman la atribución de la concesión como propiedad privada, a tal punto que impiden la entrada de cualquier visitante a comunidades [indígenas] ”, sostiene. “Impiden a funcionarios Ministerio del Ambiente ingresar a la zona, lo hacen para evitar ser inspeccionados y que reportemos las actividades que están realizando y cómo pueden afectar a los pueblos aislados y a las mismas comunidades”, detalla.

En nuestro recorrido quisimos visitar las comunidades huaoranis cuyos territorios están comprendidos por el bloque 16, que opera Repsol YPF en el Parque Nacional Yasuní. Viajamos hasta el lugar surcando el río Napo, pero la empresa española nos prohibió tomar contacto con los indígenas y transitar por el Parque. El ejército ecuatoriano estaba allí para hacernos cumplir la prohibición.

“Tienen una relación con las comunidades que es realmente violenta”, afirma la técnica. “No violencia física, es una violencia simbólica. Han destruido gran parte de la cultura de los huaorani, han roto la dignidad de las comunidades colonas. Hay un modus operandi que se puede ver desde los años ’60, y esa misma lógica ha ido suplantándose en las diferentes petroleras que vinieron”. Hace una pausa y toma la palabra otra vez: “La empresa se evita más dando directamente cierta cantidad de dinero a la comunidad que creando un proyecto que la beneficie. Se ganan a los líderes de la comunidad. ¿Y cómo se los ganan? A través de la compra del líder. Es lastimoso”.

El diagnóstico parece preciso. El gobierno de Rafael Correa, al asumir, se puso al frente de procesos transformadores como la reforma constitucional, que reconoce a Ecuador como Estado plurinacional, e incorporó el principio del buen vivir, el sumak kawsay de los pueblos andinos, como alternativa a la propuesta neoliberal. Ahora la tensión se dirime al interior de su gobierno. “Para revertir este proceso se necesita de un control más fuerte, más riguroso, que el Estado tenga el poder de su territorio, que sea soberano. Mientras tengamos esta posición de dos instancias del Estado es complicado tener las cosas claras y ejercer bien las responsabilidades”, concluye.

El 10 de agosto Sandra Zabala y sus hijos Tatiana (11) y Byron Duche (16) aparecieron muertos, heridos por 17 lanzas. El hecho ocurrió en cercanías de la comuna Los Reyes, la investigación señala como autores a los taromenane. “Esta matanza puede suponer varias cosas”, apunta la funcionaria del Plan. “En este sector donde fue la matanza muchos pensábamos que era ilógico que se diera, pero esto nos da cuenta o de que sabemos muy poco de los aislados, o de que realmente estuvieron tan presionados que llegaron al extremo de romper sus propias lógicas y patrones culturales” [al asesinar a una mujer y dos niños].

-De la Biprovincial a la represión en Dayuma

Si bien los colonos con su avance ejercen presión sobre los pueblos indígenas, su situación tampoco es la mejor. Llegan a Sucumbíos y Orellana, de donde salen millones de dólares en barriles, sin embargo en esas provincias hay severos problemas estructurales y la pobreza campea. “Aquí tenemos una educación mediocre, estamos terminando la escuela y tal vez aprendamos a leer”, asevera dice Rosa Alvarado, representante legal del Comité de Derechos Humanos de Orellana. “Eso es porque las políticas de los gobiernos no han permitido que estas provincias desarrollen una educación, una salud, la vialidad misma. Todo esto nos está dejando en la pobreza, en vez de seguir progresando, seguir adelante”, agrega. Ella también integra la Asociación Ángel Shingre, que trabaja en torno a problemáticas ambientales. La organización lleva el nombre de un dirigente campesino que tuvo gran protagonismo en la lucha por la remediación de la huella ambiental dejada por Texaco. Ángel Shingre fue secuestrado y asesinado en noviembre de 2003 en cercanías de Coca.

“Durante todas estas décadas de explotación petrolera no ha habido una solución a los problemas de la población. Eso comienza a generar un nivel de organización de la población para dar solución a la problemática social y ambiental, porque el problema ambiental es bien complejo para nosotros acá”, subraya Suárez. “Ya en el año 2000 se realiza la primera movilización en la Amazonía por reivindicaciones sociales. De ahí comienza a generarse este movimiento que logra consolidar la unidad de ambas provincias en la Biprovincial”, agrega.

“También salió del sector campesino y planteó la necesidad de un apoyo del Estado. En el caso de Sucumbíos los campesinos, indígenas y mestizos, tuvieron problemas tanto por la contaminación petrolera como por las fumigaciones del Plan Colombia -que arrasaron con los cultivos”, señala Suárez. “Las petroleras han creado un problema complejo al país, las zonas agrícolas las están dejando botadas y la población está haciendo colas para entrar a las empresas petroleras.” Pero estas empresas no absorben toda esa mano de obra desocupada. “Una parte ha migrado a otros países, como España, otra está en los centros urbanos -como comerciantes ambulantes-, y otra está ahí, desempleada, especialmente la juventud, no tiene una alternativa de subsistencia”, completa.

“Para nosotros es como algo normal vivir entre la contaminación, entre la humillación, entre la no comprensión de nuestro gobiernos de turno”, dispara Ana Rivas, alcaldesa del cantón Francisco de Orellana. “Para nosotros es sumamente complicado hacer escuchar nuestra voz, nos dicen que somos politiqueros, que queremos aprovecharnos, y todos los epítetos más bajos que puede recibir una persona”, afirma la funcionaria local. Tanto la alcaldesa como su antecesora, Guadalupe Llori -actual prefecta de la provincia de Orellana-, llegaron a esos cargos como candidatas del Movimiento Pachacutik -expresión electoral del movimiento indígena- y antes de ello militaban en organismos de derechos humanos.

“Después de asistir a nuestras autoridades de turno, que nunca nos escucharon, debimos recurrir a la huelga. Fue recién que los gobiernos empezaron a ver a la Amazonía y a Coca”, asegura Rivas. “Hicimos una alianza con Sucumbíos y nos conformamos en la Biprovincial: dos provincias petroleras pidiéndole al gobierno que atienda nuestros [reclamos por] servicios básicos, lo mínimo que necesita un ser humano para vivir dignamente”, agrega. “La Biprovincial es donde ya se levanta una plataforma, una propuesta ante los gobiernos”, resume Suárez.

“A través de la huelga fuimos escuchados, nos firmaron convenios; y para que se cumplan las obras tuvimos que hacer otra huelga, y para que terminen las obras tuvimos que hacer otra huelga”, enumera Rivas. Así llegan a noviembre de 2007, ya con Rafael Correa en la presidencia del Ecuador y su Revolución Ciudadana en marcha. En ese mes los vecinos de Dayuma deciden ir al paro para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno central.

“Allí tomaron presos a ocho hermanos de la parroquia Dayuma y a Guadalupe Llori, que era nuestra prefecta. Los tomaron detenidos porque decían que eran terroristas, que éramos guerrilleros, que éramos revoltosos. Nosotros somos autoridad civil, nosotros no vamos a salir en defensa de los militares, nosotros vamos a salir en defensa de nuestro pueblo”, destaca la alcaldesa.

“La situación de Dayuma fue una expresión o una continuidad de la Biprovincial”, apunta Suárez. “Dayuma se organiza porque no se estaban desarrollando los compromisos del gobierno hacia esta parroquia, y hace la movilización”, agrega.

“El paro fue reprimido brutalmente, vinieron [los militares] a despejar según la forma de actuar ellos seguramente”, amplía Rosa Alvarado. “Ellos vinieron armados como si vinieran a combatir con alguien y arremetieron con bombas lacrimógenas, no importándoles si había niños y mujeres embarazadas, personas de la tercera edad.”

Tras la represión llegaron algunas mejoras. “A Dayuma, que ha sido el pueblito más descuidado, le han dado más atención. Tiene más atención de salud, tiene más atención en lo que es servicios básicos. Pero en el fondo habría que hacer una investigación para ver si realmente están bien atendidos”, desconfía Rosa.

Luego de tres días de recorrida abandonamos el cantón Francisco de Orellana, en el viaje hacia Quito nos acompañaban el calor, que había saturado nuestros cuerpos, y las imágenes del saqueo.

Referencias:
(1) El cantón es el equivalente a municipio y parroquia a localidad, en tanto la figura del alcalde equivale a la del intendente. Al cantón Francisco de Orellana, capital de la provincia del mismo nombre, pertenecen Dayuma y Coca –cuyo nombre oficial es Puerto Francisco de Orellana.

Fuente: Observatorio Petrolero Sur